Ofensiva contra la Generalitat por amparar a dos cargos de CDC en el 'caso Palau'

La decisión de la Generalitat de Cataluña de pedir al juez que no impute a los altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) implicados en el caso Palau acrecienta día a día las protestas de todas las partes implicadas. La última ofensiva procede del Ministerio de Cultura, que secunda las críticas ya vertidas por el Ayuntamiento de Barcelona en el sentido de que la decisión unilateral del Gobierno de Artur Mas había roto la “unidad de defensa jurídica” del Consorcio del Palau de la Música. Generalitat, Ayuntamiento y Ministerio forman parte de esta entidad, aunque el Palau también tiene otras dos de carácter privado: el Orfeó Català y la Fundación del Palau. Por tanto, lo lógico hubiese sido que se consultase a las tres administraciones antes de tomar una decisión tan trascendente, como lamentan desde el Ministerio de Cultura.

Desde otros sectores, se critica directamente la decisión por ser más “política” que “jurídica”. El portavoz socialista en el Parlamento autonómico, Miquel Iceta, echa mano de la ironía. “No sé si hemos de empezar a hablar del caso de los dos Palaus, el de la Música y el de la Generalitat”, dijo. Para el dirigente del PSC, “el cambio de posición de la Generalitat no tiene nada de decisión técnico-jurídica. No entendemos cómo desde el Consorcio no se hace caso del ministerio fiscal, que es quien defiende el interés público”. Iceta reprocha también a Mas que “no es la tarea del presidente de la Generalitat ni del Gobierno exculpar a dirigentes de CDC”. Y es que el pasado mes de noviembre, el Consorcio se adhirió a la petición del fiscal de abrir una pieza aparte sobre parte del dinero desaparecido que habría ido a parar supuestamente a la fundación Trias Fargas, perteneciente a CDC. Además, pedía imputar al tesorero de CDC, Daniel Osàcar, al responsable de Inmigración del partido, àngel Colom, y a Pedro Buenaventura, ex directivo de Ferrovial, la compañía que pagaba al Palau el 4% de las adjudicaciones que recibía de la Generalitat. La tesis de la fiscalía es que esta comisión pasaba luego, en su mayor parte, a la Fundación del partido y el resto se lo quedaba Millet.

Osàcar está en el punto de mira de la Fiscalía, que lo relaciona con el nombre de Daniel, que aparece en las notas manuscritas incautadas en el Palau como receptor de millones de euros durante los últimos años. El segundo ya admitió que recibió 75.000 euros de manos del corrupto ex presidente de la institución, Fèlix Millet, para pagar deudas de su extinto partido, el Partit per la Independència (PI), y que simularon la dádiva con un falso convenio firmado por el Palau y una asociación de Colom que era inexistente.

Así era como lo veía también el Consorcio en noviembre pasado. Pero ahora, con otro presidente en la Generalitat, que por razón de su cargo también es presidente del mismo Consorcio, las cosas se ven de un modo diferente y la entidad del Palau se desdice y pide que ni se abra pieza separada ni se impute a los dos cargos de CDC. En fuentes jurídicas se dice que cabe la posibilidad de que el juez tome una decisión hoy mismo; es decir, que haga caso a la Fiscalía o que rechace los argumentos de ésta y secunde la nueva petición de la Generalitat.

“Instrumentalización de la Generalitat”

La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, terció ayer en el debate y manifestó que “el Gobierno no puede arrojar dudas con su actuación en el caso Palau porque los catalanes no entenderían que no se llegue hasta el final en este tema con todas las responsabilidades penales y políticas que correspondan”. Pidió a Mas “transparencia y colaboración con la justicia” y remató: “Quien no haya hecho nada, no ha de tener miedo de nada”.

ERC, por su parte, se posicionó en la misma línea y su secretario general, Joan Ridao, instó al Gobierno catalán a que explique “si los servicios jurídicos de la Generalitat han recibido instrucciones de Presidencia” para renunciar a la acusación. Ridao dijo que, de ser cierta esta posibilidad, se trataría de “un grave caso de instrumentalización del Gobierno y de los resortes institucionales para eludir responsabilidades penales de personas de Convergència”. El diputado Pere Bosch fue más contundente: “Confiábamos en que CDC había aprendido de errores del pasado y que habría incorporado al nuevo Gobierno el concepto de la transparencia”. Por ello, ERC presentará una batería de 10 preguntas para que el Gobierno responda oralmente en la Comisión de Asuntos Institucionales, una interpelación en el pleno del Parlamento y la solicitud de una ponencia para elaborar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el mismo sentido se manifestó la portavoz de ICV, Dolors Camats, que registró ayer una pregunta sobre si el Gobierno había dado alguna directriz a los servicios jurídicos para retirar la petición de imputación. "Sólo faltaría que el presidente de la Generalitat y líder de CDC decidiera si se imputa a sus miembros o no", enfatizó Camats.

Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial también mostraron su perplejidad por la petición del Gobierno. Calificaron de “chocante” la actitud de la Generalitat por el giro de 180 grados que dio el Consorcio en sus apreciaciones. “Alegan que, de las diligencias practicadas desde noviembre, se deduce que no se puede imputar a nadie. Pero lo único que se ha hecho desde entonces es tomar declaración a los cuatro principales implicados. De ellos, los dos principales, Fèlix Millet y Jordi Montull, no hablaron. La ex directora financiera, Gemma Montull, dijo que todo lo que hacía era por orden de su padre. Y la secretaria de Millet, Elisabet Barberà, declaró que no tenía capacidad de decisión y que cumplía órdenes. Todas estas declaraciones eran previsibles. Por tanto, resulta chocante que una parte que mantenía una posición procesal ahora haya dado un giro de este calado cuando no ha habido novedad alguna”. Pero esas declaraciones le bastaron al propio Artur Mas para salir públicamente defendiendo la postura de sus servicios jurídicos: "Muchas personas" que declararon ante el juez dijeron que no conocían a Osàcar ni a Colom, zanjó el president. Lo malo es que uno de ellos ya lo ha admitido en público, aunque posiblemente el tema se archive por haber prescrito.