La cúpula de la Policía se enfrenta a 16 años de prisión por colaboración con ETA

El juez Pablo Ruz procesó ayer a Víctor García Hidalgo, ex director general de la Policía, al comisario Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco, y al inspector José María Ballesteros por los delitos de colaboración con banda armada, encubrimiento y revelación de secreto como presunto autores del chivatazo a ETA, que frustró una operación policial contra la red de extorsión de la banda que operaba desde el bar Faisán de Irún. Los hechos tuvieron en pleno proceso de diálogo entre el gobierno y la banda terrorista, lo que demuestra, según los investigadores, que la filtración pretendía no interferir en las citadas conversaciones. Los procesados se enfrentan a penas de hasta 16 años de prisión.

Los 75 folios del auto desgranan con detalle la investigación del caso desde su arranque en 2006, aunque los principales avances se han producido en el último año, coincidiendo con la llegada del magistrado al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en sustitución de Baltasar Garzón, que la mantuvo bajo secreto sumarial y sin avances durante cuatro años. El auto avala en su integridad la investigación llevada a cabo por el equipo policial encargado de ella y descalifica los intentos de los procesados de acusar a sus integrantes de ser los verdaderos autores del chivatazo.

El auto sostiene que la mañana del 4 de mayo de 2006, cuando estaba a punto de ponerse en marcha la “Operación Urogallo”, como se conocía el dispositivo que iba a detener a los integrantes de la red de chantaje de ETA, el inspector José María Ballesteros entró en el bar Faisán, preguntó por Joseba Elosua, el dueño, y cuando éste se identificó le entregó un teléfono móvil “pidiéndole que escuchara, que le iban a hablar, a dar un recado”. Al otro lado de la línea, el comisario Enrique Pamies le alertó de la operación policial en marcha y le pidió que no utilizara sus teléfonos porque estaban intervenidos.

Cruce de llamadas

El magistrado pone de relieve que Pamies tuvo noticias de la operación contra la red de extorsión a lo largo de la tarde y noche del 3 de mayo, tiempo en el que mantuvo numerosos contactos con el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, con el citado Ballesteros y con otros subordinados de su confianza, en las que presuntamente se habría planeado el chivatazo.

Como prueba, el auto dice durante los días 3 y 4 del citado mes de mayo el jefe superior del País Vasco mantuvo diez contactos García Hidalgo, ocho con el inspector Ballesteros y quince con la jefa de Sección de Análisis de San Sebastián (el juez presume de esta funcionaria “ánimo de ocultación”, aunque no ha llegado a ser imputada), “mientras que en el conjunto de las restantes fechas analizadas durante los meses de mayo, junio y julio de 2006 el número de contactos con todos ellos disminuye sensiblemente, de forma especialmente significativa con el inspector Ballesteros, con quien no vuelve a contactar más que en una ocasión durante la última semana de julio”.

Una  coartada exculpatoria "sin consistencia".

Enrique Pamies y José María Ballesteros presentaron al juez una coartada exculpatoria para justificar el cruce de llamadas entre ambos en el tramo horario en el que tuvo lugar el chivatazo, según la cual el inspector se encontraba en la zona para dar “cobertura” al jefe superior en la entrevista que iba a mantener esa mañana con un confidente de la banda terrorista apodado “el Romano” al otro lado de la frontera. Una coartada que el magistrado Ruz no considera creíble.

El juez cita las declaraciones contradictorias de Ballesteros sobre su presencia en la zona el día de los hechos y “el hecho significativo de no admitir que estuvo dentro del bar Faisán hasta que se ve salir del mismo a través de las imágenes que habían sido grabadas” por una cámara de videoviligancia situada frente a la puerta principal del Faisán. Sobre Pamies dice que su declaración (sobre la entrevista con el confidente, al que se negó a identificar para ratificar su coartada) “carece de consistencia o coherencia en atención al devenir de los hechos que estaban ocurriendo (…) ni obedece a criterios lógicos que puedan ser tenidos como razonables o verosímiles”.

Tres posibles delitos.

El auto de procesamiento recoge que los acusados han podido incurrir en los delitos de revelación de secreto, encubrimiento y colaboración con banda armada. De revelación de secreto porque el chivatazo puso en conocimiento de una persona investigada por su pertenencia a una red de extorsión de ETA “diversos detalles que en ese momento se encontraban protegidos y bajo confidencialidad”. El juez sostiene que se trata de una conducta agravada porque ha causado “grave daño para la causa pública o a terceros” al frustrar una operación policial e impedir la detención de los terroristas, castigada con uno a tres años de prisión e inhabilitación de tres a cinco.

Sobre el delito de encubrimiento, el magistrado dice que el chivatazo pudo suponer “un acto de favorecimiento real a los presuntos responsables de la red de financiación o extorsión de ETA”, al permitir que recibieran el pago de una extorsión. En este caso, la pena prevista es de seis meses a tres años de prisión.

Finalmente, sobre el delito de colaboración con banda armada, el más grave de los tres, castigado con penas de prisión de cinco a diez años, el auto sostiene que los procesados, además de alertar a Joseba Elosua de la operación en marcha le dieron “diversas informaciones o consejos sobre cómo eludir el control policial, permitiendo la continuación de su presunta actividad delictiva evitando su detención”.

Pablo Ruz dice que con independencia del “ánimo, móvil o intención directa que guiara la acción, el autor de las citadas revelaciones debe necesariamente tener conciencia, al menos desde la perspectiva del dolo eventual, de estar llevando a cabo una acción que supone, objetivamente, una colaboración idónea y potencial a las actividades de la organización terrorista”.

El juez apoya a los investigadores.

El magistrado dedica la parte final del auto a desacreditar los intentos de los procesados de implicar en el chivatazo a los policías que lo investigaron con la petición de diligencias que desestima “porque todas ellas parten de la premisa de convertir en sospechosos de los hechos investigados a los funcionarios policiales a quienes les fue encomendada” la investigación. “Premisa que carece de sustento a criterio de este instructor, por no sostenerse sobre indicios sólidos o suficientemente fundados, más allá de formularse sobre meras conjeturas o teorías alternativas (…) que carecen del más mínimo sustento fáctico”.

El juez cita a declarar a los tres procesados el próximo día 19. El fiscal, los abogados defensores y las acusaciones populares disponen ahora de un plazo de tres días para presentar recurso de reforma ante el propio magistrado y subsidiario de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que será la que tenga la última palabra.