La Audiencia Nacional escucha las plegarias del PP y propone limitar la figura del imputado

La Audiencia Nacional, y concretamente su presidente Ángel Juanes, considera “conveniente” delimitar la figura del imputado y crear la del denunciado para evitar “la instrumentalización política del proceso penal”. Resulta curioso que esta propuesta haya quedado reflejada en la Memoria correspondiente al año 2010, cuando hace algo más de un año que el presidente del PP, Mariano Rajoy, la remitió a la AN.

Estaba en plena ebullición el ‘caso Gürtel’, la mayor trama de corrupción en torno a este partido político. En un encuentro fortuito e informal, Rajoy le hizo llegar a Juanes su preocupación por el  daño que podía llegar a hacer la imagen de una persona por el simple hecho de ser imputada. De ahí, le propuso que se creara una figura previa que no dañara tanto al sujeto implicado. En ese momento, Juanes respondió que estudiaría la propuesta, ante la preocupación del líder de la oposición por lo dañados que estaban resultando algunos miembros de su formación.

Un año después, el presidente de la Audiencia Nacional ha escuchado las plegarias y cree conveniente introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya reforma está en pleno debate, la figura del “denunciado” para diferenciar entre la persona a la que se denuncia o se querella del imputado propiamente dicho. Este último caso sólo tendría lugar cuando el juez instructor hubiera deducido judicialmente y plasmado en una resolución motivada indicios racionales de criminalidad.

Objetivo: aparecer en los medios

Para Juanes, con esta medida se evitaría, además de la instrumentalización política, la presentación de querellas que tengan como única finalidad aparecer en los medios de comunicación, “evitándose así los daños de todo tipo a una persona sobre la que no existen indicios racionales de criminalidad sino una denuncia o querella de parte”.

Esto quiere decir que actualmente, desde el momento que se presenta una querella contra una persona y el juez la admite a trámite el siguiente paso es citar al querellado en calidad ya de imputado, para que pueda acudir con un abogado. Con la nueva propuesta, seguiría siendo denunciado hasta que la investigación avanzara y efectivamente aparecieran indicios firmes de criminalidad. De esta manera, es cierto que no se ensuciaría el nombre de todas aquellas personas contra las que se abre una causa y después el juez determina, una vez que ya le ha tomado declaración como imputado que no hay pruebas, es decir, que no hay caso.

Es cierto, que hoy por hoy, estar imputado en un proceso puede afectar la imagen de un político, empresario o incluso juez. El propio Juanes reconoce en la Memoria que la Audiencia Nacional está sometida a una excesiva presión mediática. La noticia de que una persona relevante en el ámbito político, económico, deportivo o judicial ha sido imputada en una causa concreta “se convierte automáticamente” en primera portada de los medios de comunicación con el “consiguiente daño para la reputación e imagen de la persona acusada”.

En ese momento, el juez que instruye la causa todavía no ha comprobado la existencia de indicios racionales de criminalidad contra quien aparece como imputado. El presidente del órgano recuerda que con la ley en la mano basta para imputar a alguien con la mera presentación de una denuncia o querella “sin exigir una previa comprobación judicial más allá de la apreciación formal de la existencia de un delito deducido del propio contenido de la querella”. Por todo ello, considera que la figura del denunciado podría perfilar mejor las responsabilidades políticas o disciplinarias y salvaguardar mejor la presunción de inocencia.

Ángel Juanes es presidente de la Audiencia Nacional desde marzo de 2009, después de que fuese votado únicamente por el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este magistrado fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 1994 a 2003, momento en el que se incorporó a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, donde permaneció hasta su traslado a la Audiencia Nacional.