La Audiencia Nacional confirma que el Gobierno pagó el rescate del 'Alakrana'

Hace exactamente un año y siete meses, un grupo de piratas somalíes abordó el atunero vasco Alakrana. Fueron 47 días de secuestro de los 36 tripulantes, durante el cual vivieron auténticas vejaciones, humillaciones y golpes. Después de duras negociaciones, el Gobierno, a través de un organismo público, pagó el rescate a los bucaneros: algo menos de cinco millones de euros por devolver sanos y salvos a los marineros. Así lo ha confirmado la Audiencia Nacional en una sentencia en la que condena a 439 años de prisión a cada uno de los dos piratas que fueron detenidos tan sólo un día después del inicio del cautiverio, en octubre de 2009.

El secuestro del Alakrana supuso un auténtico conflicto diplomático. En medio de la operación Atalanta contra la piratería en aguas internacionales, Kenia es el país encargado de enjuiciar a los piratas capturados. Sin embargo, una fragata española, la 'Canarias', aprovechó que dos de los corsarios salieron del Alakrana en busca de provisiones para detenerles y enviarles de inmediato a España. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón les estaba esperando para imputarles en una causa que luego recayó en manos de su compañero Santiago Pedraz. Entremedias, los somalíes amenazaban con matar a los tripulantes si no devolvían a sus dos compañeros detenidos. Mientras, la justicia española ganaba tiempo y polemizaba con la posible minoría de edad de uno de los detenidos, Abdu Willy.

En cuanto el armador tuvo conocimiento del secuestro se trasladó desde Tanzania, donde se encontraba de vacaciones, hasta Kenia. Allí, él mismo inició las primeras negociaciones con el representante de los piratas, un tal 'Yama'. Sin embargo, no pudo continuar porque le reclamaban diez millones de dólares. Fue en ese momento, y cuando el representante de la empresa armadora, Kepa Echevarría, le informó de que no podía hacer frente al pago, cuando apareció Pepe, persona definida en la sentencia como un hombre de unos 45 años de edad, español, buen conversador, con soltura en esas cuestiones, y quien sustituyó al armador en el reinicio de las conversaciones.

La sentencia, dictada por la Sección Cuarta de lo Penal, confirma que, “sin duda alguna, no ha sido la empresa armadora sino organismos públicos vinculados al Gobierno español, quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y del propio pesquero”. Aún así, Pedraz archivo la pieza separada en la que se investigaba el pago del rescate al no obtener datos suficientes para seguir el asunto.

Casi cinco millones de dólares

El texto no concreta el dinero pagado a los piratas pero sí sostiene que al menos se redujo desde los diez millones de dólares iniciales a algo menos de la mitad. Pepe fue la persona que negoció que los dos detenidos no iban a ser entregados, por su imposibilidad al estar sometidos a la justicia española.

La Sala, presidida por Ángela Murillo, da por buena la declaración de los marineros secuestrados en la vista oral. Es más, considera que es la prueba “más contundente, directa, llena de matices y detalles, que han narrado, de viva voz, con la emoción propia de tener que recordar un período de tiempo que quisieran olvidar, no sólo el hecho de haber sido privados de libertad durante 47 días, sino la sensación de carecer de valor, las vejaciones constantes de las que han sido objeto y las frecuentes secuencias en las que sus captores aprovechaban para infundirles miedo a perder la vida, mientras se jactaban de sus temblores y miedos”.

Por todo ello, el tribunal condena a Abdu Willy y Raageggesey Hassan Ají a 439 años de prisión para cada uno, de los que deberán cumplir un máximo efectivo de treinta años. Son responsables de los delitos de asociación ilícita, 36 delitos de detención ilegal, robo con violencia y otros 36 delitos contra la integridad moral. Sin embargo, quedan absueltos por terrorismo, pertenencia en banda armada, lesiones y torturas.

La Audiencia considera que no son responsables de terrorismo, tal y como pidieron las víctimas, porque este delito, según doctrina del Tribunal Supremo, supone subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, y hacer desaparecer un orden o forma de vida, político, económico, cultural y social caracterizado en nuestro ámbito por un sistema de libertades. Los piratas, según la sentencia, no cumplen este requisito. Su finalidad era otra bien distinta y guiada por un “espíritu abiertamente económico, la obtención del mayor lucro posible reteniendo, mientras tanto, y como baza de incuestionable valor, los 36 miembros de la tripulación de un pesquero”.