Artur Mas ya prepara una emisión de deuda de 2.600 millones tras doblegar a Zapatero

A Cataluña, sí. Lo que no consiguen otras comunidades o ayuntamientos, como el de Madrid, lo obtuvo ayer Artur Mas tras su reunión de Moncloa. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió, en su primera reunión con el presidente catalán, Artur Mas, a permitir el endeudamiento de la Generalitat para que pueda hacer frente a los gastos más perentorios. Además, comenzará a pagar algunas de las liquidaciones pendientes desde el 2008, como los 759 millones de euros en infraestructuras que se derivan de la inversión que el Estado ha de hacer confome la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía.

Este pago se hará, previsiblemente, en el primer semestre del 2011. Ello saneará un poco las maltrechas arcas de la Generalitat (que tiene prorrogado el presupuesto del 2010 porque el de 2011 no pudo aprobarse por estar disuelto el Parlamento debido a las elecciones autonómicas), vacías por el descenso de ingresos, el aumento de gasto, un déficit desbocado hasta el 3,6% en vez del 2,4% previsto y una deuda del Estado con la Generalitat de 3.193 millones de euros.

De hecho, el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, se reúne hoy con representantes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) para analizar el estado de las finanzas del Gobierno autonómico y para pactar un proyecto de ley con el fin de que la Generalitat pueda endeudarse por un importe máximo de 2.613 millones de euros mientras dura la prórroga de los presupuestos del 2010. Es decir, para una emisión de deuda a corto plazo.

El tema del endeudamiento será discutido mañana miércoles en el Parlamento autonómico. Fuentes del Gobierno catalán señalaron a El Confidencial que la reunión se enmarca dentro de los contactos lógicos del consejero Mas-Colell, que incluso el propio miércoles por la mañana se reunirá con otros grupos parlamentarios para comentar el tema. “Queremos que los trámites estén listos para que el Gobierno pueda lanzar una emisión de deuda cuanto antes”, explicaron las citadas fuentes. En el futuro, según Mas, Zapatero se ha comprometido a aprobar más emisiones de deuda a largo plazo, petición en la que le insistió el presidente catalán. Todo ello con la estabilidad parlamentaria como telón de fondo.

Según confirmaron fuentes oficiales de la Generalitat a El Confidencial, los números que Artur Mas guardaba van mucho más allá que los 759 millones en infraestructuras. Otros dos grandes bloques están pendientes de pago por parte del Gobierno central: del Fondo de Competitividad, está todavía pendiente la liquidación de 1.350 millones de euros; y de las medidas cofinanciadas (es decir, de aquéllas cuya decisión se toma en Madrid pero que han de ser financiadas en Cataluña, la mayor parte de ellas medidas sanitarias, pero de las que se excluye la Ley de la Dependencia), 1.084 millones. En total, pues, la factura que se le debe a Cataluña es de 3.193 millones de euros. Si Madrid paga 759 millones, aún quedan pendientes de liquidar un total de 2.432 millones de euros.

Artur Mas fue muy cauto tras la reunión con Zapatero. “Nuestra impresión es positiva pero expectante”, repitió para calificar los resultados. No obtuvo, por ejemplo, ningún compromiso en firme para ejecutar más traspasos, pero la posibilidad de endeudamiento y el desbloqueo de las liquidaciones pendientes eran temas prioritarios.

"En los 30 años de democracia, Cataluña ha hecho más sacrificios que beneficios obtenidos. Y cada vez que consigue algo, hay debate político. Es más, se utiliza el tema catalán como rifirrafe y de desgaste político en el resto de España. Pero nosotros también tenemos derecho a la vida. Hacemos lo que hace todo hijo de vecino: defender sus intereses; como cualquier otra comunidad autónoma”, justificó Mas. Por ello, insistió en que el próximo año, tras las legislativas, quiere proponer al Estado un nuevo pacto fiscal que, sin renunciar a la solidaridad con el resto de las autonomías, limite la solidaridad, ya que Cataluña “no vive precvisamente en el paraíso, con un 18% de paro y más de un 40% de paro juvenil”.

Compromisos a cambio de votos

Para los nacionalistas, lo conseguido ayer es poco, pero por algo se empieza. Y el rayo de esperanza que supone el desbloqueo de algunos de los temas más importantes para salir de la crisis no es gratuito. A cambio, Convergència i Unió (CiU) apoyará al Gobierno central en el Congreso. De hecho, es la estrategia tradicional que se ha hecho servir siempre desde Cataluña.

El propio secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, reconocía ayer que la táctica del peix al cove (pez al cesto) es la que más rendimientos ha dado a la Generalitat. Y si hay que pactar votos a cambio de dinero para poder funcionar, se hace y punto. De lo que se trata es de ir cobrando, aunque sea a plazos y con dos años de retraso. El presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlamento catalán y secretario general adjunto de Convergència, Oriol Pujol, ya había dibujado la “línea roja” que Zapatero no podría atravesar. Y ésta, en palabras de otro alto dirigente de CiU, es que “no se puede permitir el estrangulamiento financiero de Cataluña”.

Fuentes de CiU señalaron a El Confidencial que la manga ancha del Gobierno central a la hora de permitir el endeudamiento es el nudo gordiano del futuro político del Estado español. “Artur Mas ha hecho los deberes, aplicando un plan de recortes del que debería aprender Zapatero”, dice un alto cargo de CiU. A partir de ahí, es el Gobierno central el que tiene que hacer sus propios deberes.

La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, arremetió ayer contra la cumbre de la Moncloa, a la que calificó de “reunión trampa”, ya que “no se puede esperar nada de Zapatero; saca conejos de la chistera, promete lo que haga falta y después, todos sus compromisos son papel mojado”. Reconoció, no obstante, que “es evidente que Cataluña necesita liquidez y, en este sentido, el PP podría contemplar la evaluación de la emisión de deuda con carácter extraordinario, pero también exigiremos compromisos”. Entre ellos, que se cumpla la ley de estabilidad presupuestaria con el objetivo del déficit cero, una reducción de las empresas públicas que dependen de la Administración catalana y que el recorte del gasto no afecte a los servicios básicos en políticas sociales, como la sanidad y la educación.

La presidenta del Parlamento, la democristiana Núria de Gispert, por su parte, apuntó ayer en declaraciones a la agencia Europa Press que el Gobierno central debería recortar gastos de las competencias que ya ha traspasado a las comunidades autónomas pero para las que todavía conserva toda la estructura administrativa. “El gasto más importante que nosotros asumismos es un gasto social que el Estado ha dado la impresión que es como si la continuara teniendo, porque no se ha adelgazado”, dijo De Gispert. Y esa doble estructura grava de manera notable las finanzas del Estado.