Las denuncias de corrupción obligan a Griñán a estrechar el control sobre los medios

La tensión derivada de lo que en Andalucía se entiende ya como “el fin de una época” marcada por el poder socialista (o, para algunos, el “fin de un régimen”), ha colocado en el punto de mira a los medios públicos de comunicación. Eso por un lado, ya que por otro se apunta a una configuración de medios privados distinta a la actual. En un ambiente de tensión política al límite, Canal Sur, la televisión pública, se ha convertido en campo de batalla entre socialistas y populares, con los casos ‘falsos EREs’ y ‘Gürtel’ de fondo.

El presumible final del poder socialista en Andalucía tiene entre sus estertores principales el control de RTVA, la televisión y radio públicas. A medida que se suceden las encuestas que apuntan a un cambio de Gobierno, la presión sobre lo que algunos califican de “aparato del régimen” aumenta, y las denuncias de la oposición se suceden por la supuesta manipulación en el tratamiento de los casos de corrupción, sobre todo el de los EREs.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha llegado a asegurar que “en España no hay televisión autonómica más plural que Canal Sur”. Y para ello se refiere a que el ente autonómico cuenta con un Consejo Audiovisual, con presencia de los tres partidos del Parlamento, que se supone tiene que velar por el respeto a los derechos y valores constitucionales de los medios audiovisuales en Andalucía.

Sin embargo, este órgano se ha mantenido bloqueado durante meses, periodo durante el que ha sido incapaz de elegir a un presidente -en este caso presidenta- porque el PP entendía que se vulneraban sus derechos dentro del organigrama;  ha sido objeto de múltiples denuncias sobre contratos, despilfarros en comidas y, últimamente, por la negativa a desplazarse a un pabellón asignado en los antiguos terrenos de la Expo, que le permitiría ahorrarse los 600.000 euros al año que actualmente paga por el alquiler de su sede.

Los EREs en Telemadrid

Moreno se ha llegado a quejar incluso de que Telemadrid mande cámaras a la Junta para cubrir las comparecencias relacionadas con el escándalo de los EREs, asegurando que Canal Sur jamás ha ido ni a Madrid ni a Valencia a interesarse por el caso Gürtel. Y el PP denuncia la manipulación de contenidos, con los que el PSOE-A contraataca tratando de relacionar a los populares andaluces con el Gürtel para hacer frente a la basura que se desprende de los EREs irregulares.

El caso de Canal Sur es el más significativo por producirse en la esfera de lo público. Sin embargo, la idea ya generalizada de que el PSOE va a perder el poder en Andalucía, después de treinta años de control absoluto, ha derivado en una serie de movimientos mediáticos, que van a pasar por fusiones de grupos de prensa regionales, a partir de las cuales, el Gobierno de Griñán, que desde la recámara interviene en ellas, trata de mantener un instrumento útil para cuando pase a la oposición.

Como publicó El Confidencial a raíz de las investigaciones del caso de Iván Chaves, hijo del ex presidente de la Junta, los aportes económicos de la mayoría de los medios de información andaluces tienen su origen en las cajas de ahorros y en la Junta, a través de la publicidad que controlan, y estas dos fuentes de financiación son las que se están utilizando para configurar un sistema de medios de información que pueda seguir estando controlado por el PSOE una vez que deje el Gobierno, si se cumplen las perspectivas que marcan todas las encuestas, que dan ganador por primera vez, con mayoría absoluta, al partido que lidera Javier Arenas.

Documentos que se filtran

La tesitura en la que se encuentra la RTVA, que cada año necesita en torno a los 170 millones de euros de la Junta para mantenerse, es hoy distinta a la de pasados comicios autonómicos. De la misma forma que en el resto de la Administración andaluza, los funcionarios vislumbran un cambio que en muchos casos desean, y contribuyen a ello filtrando a la oposición documentos sobre escándalos como el de los EREs o manifestándose contra el “enchufismo”, en la RTVA cada vez es más marcada la diferencia entre la inmensa mayoría de los cualificados profesionales con que cuenta y las élites directivas, colocadas en el ente por el PSOE para que ejerzan el control del medio.

Cuando la consejera de Presidencia defiende la RTVA, lo que hace es amparar con argumentos de autoridad política el control de esa élite, al margen de la verdadera función que desarrolla la cadena, en la que la mayoría socialista del Consejo Audiovisual impide cualquier debate sobre los criterios de independencia y libertad que está obligado a defender este órgano. El hecho de que la dirección de Canal Sur hubiera programado hace semanas una entrevista con el presidente Griñán, que tuvo que ser anulada por la advertencia del PP de denunciarlo ante la Junta Electoral, es un ejemplo, aunque no el único.

El hecho de que la consejera de Presidencia, en comparecencia tras el Consejo de Gobierno, haya tenido que defender el tratamiento que Canal Sur da el caso de los EREs detallando el minutaje dedicado a ello, suplantando así las funciones del director del ente, demuestra hasta qué punto se confunden los papeles. La necesidad que el Gobierno de Griñán tiene de la RTVA se evidencia en la defensa a ultranza que la consejera Moreno hace del ente ante las críticas de la oposición. Esta consejera ha llegado a apoyarse en la defensa de Canal Sur con un ataque al PP, al que ha calificado de “universidad de la manipulación informativa”, asegurando que “el PP o somete a los medios de comunicación o los combate”.