El sumario del 23-F sigue siendo secreto treinta años después

Del golpe de Estado del 23-F, del que hoy se cumplen 30 años, se han escrito miles de artículos y decenas de libros, se ha rodado una serie televisiva y una película para la gran pantalla, y se ha debatido hasta la saciedad. Sin embargo, la documentación que puede aportar nuevos datos a lo ya conocido sigue siendo secreta y su acceso está vetado a historiadores y particulares. Solo el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor tienen potestad para declarar un documento como tal para proteger aquella información que puede afectar a la seguridad del Estado.

Solo ahora, treinta años después de la asonada, la Mesa del Congreso ha “desclasificado” distintos documentos elaborados por los servicios de intendencia de la Cámara, el comisario responsable de la seguridad del recinto o el acta de lo ocurrido que levantaron los cuatro secretarios de la Cámara en aquel momento: José Bono, Víctor Manuel Carrascal, Leopoldo Torres y Soledad Becerril. Los 35 folios del citado acta describen de manera minuciosa lo que vieron y escucharon desde que a las 18 horas y 26 minutos de la tarde el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió en el salón de plenos pistola en mano.

El acceso al sumario del golpe, por el contrario, sigue estando vetado por el Tribunal Supremo, y ninguno de los historiadores y periodistas que han pretendido su consulta lo han logrado, según manifestó a este diario el historiador Julián Casanova, que lo intentó para documentar su Historia de España del siglo XX. La investigación, declaraciones e informes que los servicios secretos incorporaron a la causa son material considerado secreto, pese a tratarse de algo ya juzgado.

Secreto durante 50 años

El secretismo sobre la documentación generada por los organismos públicos no se limita a aquella clasificada expresamente como tal. La Ley de Patrimonio Histórico es otra barrera que todavía dificulta escribir nuestra historia más reciente. Esta norma extiende el secreto a los documentos oficiales que contengan datos personales de carácter personal, procesal, clínico o que afecte a la seguridad, el honor, la intimidad y la propia imagen del aludido en ellos, salvo que medie su consentimiento expreso o hayan transcurrido 25 años desde su fallecimiento. Si éste no es conocido, son necesarios 50 años a partir de la fecha del documento. Es decir, que en este momento solo es posible consultar la documentación generada hasta 1961.

Un veto que, en este caso, afecta a  la documentación que a partir de aquella fecha generó el Tribunal de Orden Público (TOP), creado en 1963,  y la Brigada Político Social, parte de cuyo material fue cedido hace unos años por la Dirección General de la Policía  al Archivo Histórico Nacional, de cuyos Fondos Contemporáneos forma parte. Allí están los expedientes policiales de buena parte de nuestra clase política, cuya consulta está prohibida salvo que los afectados la autoricen.