Rajoy sube los impuestos y anuncia recortes “extraordinarios” para ahorrar 8.900 millones

 “Nos hemos encontrado una situación extraordinaria y no prevista, y estamos obligados a tomar medidas extraordinarias y no previstas”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comenzaba su comparecencia anunciando que la desviación presupuestaria que habían hallado en las cuentas del Ejecutivo saliente era muy superior a lo previsto: el déficit público estará en torno al 8% y no al 6% como venía asegurando el equipo de Rodríguez Zapatero.

Ante esta “situación extraordinaria”, el nuevo Gobierno asegura haberse visto obligado a una serie de medidas de recorte para que los distintos Ministerios no dispongan de 8.900 millones, un recorte de más del doble de lo que preveían los peores análisis. Entre las medidas adicionales de recorte, la vicepresidenta ha anunciado una “subida temporal de impuestos” que se aplicará por varias vías durante al menos dos años y con la que pretenden recaudar 6.000 millones. En el impuesto de la renta, a través de un gravamen o “recargo de solidaridad” que afectará a las rentas del trabajo y del capital. También se subirá temporalmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al tiempo que se prorrogará el iva superreducido para la vivienda nueva y se recuperará la deducción de la vivienda habitual.

Otro impuesto indirecto que deberá pagar el gremio del transporte es que se elimina la bonificación del gasóleo profesional, siguiendo, según Sáenz de Santamaría, la normativa europea.

En cuanto a los recortes, el nuevo Gobierno meterá la tijera en la Prórroga de la Ley de Presupuestos y recortará en personal en la Administración General del Estado, suprimiendo eñ 18,9% de Subsecretarías y Direcciones Generales (estas últimas, en un número de 30).

Se baja también un 20% la subvención a los partidos políticos, a través de una reforma de la Ley de Financiación de los mismos, que supondrá un ahorro de 29,6 millones. Igualmente, se reducen otro 20% las subvenciones que reciben los sindicatos y las organizaciones empresariales para ahorrar 55 millones de euros.

A los funcionarios se les congela el sueldo y se amplía su jornada laboral hasta las 37,5 horas y se congela la plantilla de empleados públicos salvo cuerpo docente, hospitales de la red nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como los inspectores tributarios, que pueden ampliarse hasta un 10% para aumentar la lucha contra el fraude fiscal.

También se modifica la renta de emancipación para menores de 30 años, suprimiendo la llegada de nuevos beneficiarios y recortando el importe de los que ya tienen derecho a ella. Igualmente, se impone una moratoria de un año a la entrada de nuevos beneficiarios de la ley de Dependencia en grado moderado. Estas medidas se suman al congelamiento del Salario Mínimo Interprofesional. En cuanto a las medidas ‘positivas’, el Gobierno ha decidido prorrogar desde febrero la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración y la actualización de las pensiones.