Artur Mas deja claro al nuevo líder del PSC que no pactará sólo con él

La mejor defensa siempre es un buen ataque. Eso es lo que debe pensar el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que ayer mantuvo su primera reunión oficial con Pere Navarro, nuevo líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Ambos pusieron sobre la mesa sus respectivas propuestas para tantear una entente que permita a los convergentes gobernar con tranquilidad el resto de la legislatura y al principal partido de la oposición ser el socio preferente del Ejecutivo, pero no ha habido acuerdo alguno. Ambos se plantearon propuestas concretas para que el rival se sume a ellas; han sido tanteos, hasta el momento, que difícilmente prosperarán y que corren el peligro de acabar convertidos en un diálogo de sordos. Pero si algo quedó claro después de la reunión es que socialistas y nacionalistas no acaban de entenderse del todo.

Navarro, que fue elegido líder del PSC hace dos semanas, ya tendió la mano al diálogo con el Gobierno, aunque con la condición de que los recortes deben ser consensuados con su partido y de que estos recortes no irían en detrimento de los servicios sociales. Ayer, sin embargo, se encontró con un Artur Mas que llevaba en el bolsillo una batería de propuestas concretas. Sólo quería un sí o un no. Una estrategia envolvente, perfectamente calculada, de viejo zorro político, para no ceder terreno ante el adversario y mantener la iniciativa política ante la oposición.

Navarro entregó al líder del Ejecutivo un documento de trabajo con varios puntos sobre los que quería llegar a acuerdos, que contenían propuestas de fiscalidad (aumentar los impuestos a los más ricos), reactivación económica, creación de empleo, mantenimiento del estado del bienestar y cohesión territorial.

Pero Artur Mas puso su tema estrella sobre el tapete: el pacto fiscal que quiere conseguir del Estado. “Es preciso que el PSC se implique a fondo y se sume al gran consenso que existe en torno al pacto fiscal”, según fuentes de la Generalitat. Tanto socialistas como populares se desmarcaron de la propuesta de Mas, que fue aprobada en comisión y en el Parlamento con los votos de Esquerra Republicana (ERC) y de Iniciativa per Catalunya (ICV). Tras el encuentro de los dos líderes, el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, hizo hincapié en la predisposición del Gobierno de llegar a acuerdos concretos con el PSC para la legislatura. Y subrayó: “El President planteó la posibilidad de avanzar en cinco acuerdos más uno”. Este último, claro, era el pacto fiscal.

El PSC, sin embargo, no está por la labor, al menos tal y como está planteado, ya que considera que transgrede el Estatuto y la Constitución al reivindicar que la Generalitat recaude todos los impuestos que se generan en la comunidad. Para los socialistas, la recaudación ha de realizarse desde un organismo donde estén implicados tanto el Gobierno autonómico como el central. Y así lo prevé también el Estatuto. Por tanto, el acuerdo es difícil.

Los otros cinco acuerdos son también muy concretos: apoyo de los socialistas a la Ley de consultas populares no referendarias (es decir, las consultas que no son referéndums), la reforma de la Ley Electoral, la Ley de Gobiernos Locales, la Ley de Organización Territorial y al Acuerdo Nacional para la Cultura.

Pero nada de pacto amplio. O de favoritismos. O de socio preferente. “El PSC es socio preferente en cuanto que es el primer partido de la oposición, pero está acostumbrado a pedir sin ceder. Y eso se acabó. En una negociación, todos han de ceder un poco, cosa que los socialistas no hacen. Por tanto, tienen la oportunidad de sumarse a propuestas que ya cuentan con un amplio apoyo no sólo social, sino político”, dicen a El Confidencial fuentes del Gobierno autonómico, en clara referencia a la oferta de pacto fiscal.

Acuerdos en los despachos y protestas en la calle

La batería de propuestas planteadas, pues, permite a Artur Mas enrocarse en el pactismo transversal que ha caracterizado su primer año de mandato y que le ha dado resultados positivos. En otras palabras, declina atar un pacto con un partido determinado y prefiere pactar puntualmente las cuestiones de gobierno con el PSC, el PP o ERC indistintamente. Y es que sabe que lo que no pueda conseguir con uno lo puede conseguir con otro: en temas económicos negocia preferentemente con el PP; en temas identitarios, con ERC; y en temas sociales, con el PSC. Esa geometría transversal le ha resultado tan cómoda que prefiere no cambiar de método para que le acusen de pactar con uno o con otro. Ya lo dijo Homs en su comparecencia de ayer, aludiendo a las negociaciones sobre los presupuestos del 2012: “El Gobierno mantiene su predisposición a llegar a acuerdos con las fuerzas políticas que quieran sumar, no a favor del Gobierno, sino a favor del país. Queremos intentar llegar al máximo acuerdo posible con el máximo de grupos posibles”.

Lo que quedó claro es que con esta estrategia chafó la intención de Pere Navarro, que sólo buscaba "un acuerdo entre los dos principales partidos del país. Lo que no queremos es ponernos a la cola de la geometría variable, sino que proponemos un diálogo estable para llegar a los grandes acuerdos que nos parece que necesita el país". Porque "es muy diferente afrontar la crisis económica y social con una geometría variable que afrontarla con acuerdos de país entre los principales partidos". Aún así, reconoció que "hemos llegado al acuerdo de crear algún tipo de mecanismo estable que nos permita profundizar en cada uno de los ejes que forman parte del documento".

En el ámbito laboral, sin embargo, los acuerdos con las fuerzas sociales son cada día más difíciles. Mossos d’Esquadra, bomberos, agentes rurales y funcionarios de prisiones se manifestaron ayer por las calles de Barcelona en protesta por los recortes. Unas 12.000 personas según los convocantes y la mitad según otras fuentes. En prisiones, las protestas ya vienen de hace unas semanas. Pero entre la Policía Autonómica, ésta es la primera acción de este estilo. “No sabemos todavía cómo nos afectarán los recortes en los presupuestos del año que viene porque el Gobierno no nos da información. Pero ésta es una protesta más bien preventiva, avisamos de que con la seguridad pública no se juega”, señaló a este diario David Miquel, portavoz del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC). Y Valentí Anadón, portavoz de SAP-UGT advierte que “la opacidad de la Administración es total. Nos enteramos de todo por la prensa. Le hemos dado al Gobierno 24 horas para que reflexione. En caso contrario, tenemos perfectamente planificado lo que vamos a hacer. Apostamos por el diálogo, pero si la otra parte no lo quiere, sabremos cómo defender nuestros derechos”.