Urdangarín tendrá que declarar en persona

El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, deberá acudir en persona al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para declarar sobre sus actividades en el Instituto Nóos al haber sido citado como imputado, ya que la ley solo prevé la posibilidad de declarar por escrito para los testigos. El juez José Castro ha citado hoy a Urdangarín para tomarle declaración como imputado el próximo 6 de febrero a las 9:00 horas, tras levantar el secreto de sumario de la investigación sobre el entramado societario tejido presuntamente por el duque de Palma y su socio Diego Torres para apoderarse de fondos públicos y privados que recibió el Instituto Nóos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece, en el capítulo dedicado a las declaraciones de los testigos, que de la obligación general de concurrir al llamamiento judicial solo están exentos "el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del Reino", por lo que la excepción no afecta a Urdangarín.

El artículo 412 de la LECrim dice, además, que "estarán exentas también de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito, las demás personas de la Familia Real", pero siempre en el caso de que hayan sido citadas como testigos. La ley, sin embargo, no prevé ninguna excepción cuando la citación se haya hecho en calidad de imputado.

En una nota de prensa, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha señalado que la declaración de Urdangarín podría adelantarse si así lo solicita su representación legal y lo permite la disponibilidad del juzgado, el Ministerio Fiscal y las partes personadas.

El juez le preguntará por los fondos públicos que recibió

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, interrogará al Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, por todos los hechos que guarden relación con "cualquier forma negocial" en virtud de la cual haya sido "perceptor de fondos públicos", tanto en el ámbito de la comunidad autónoma balear, como la de Valencia, así como por el "destino y tratamiento fiscal" que les hubiera dado.

Así consta en el auto dictado por el juez en el que imputa al marido de la infanta Cristina, a su socio, Diego Torres; y a otras siete personas en la causa en la que investiga los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos. En la resolución, el juez Castro señala que el Duque de Palma debe dar cuenta de "cualquier forma negocial" que llevara a cabo como persona física o jurídica y en su condición de "representante, partícipe o vinculado".