El Gobierno estudia que la Abogacía del Estado pase de Justicia a Presidencia

El Gobierno estudia la posibilidad de que la Abogacía del Estado deje de depender del Ministerio de Justicia y pase a estar directamente adscrita a Presidencia del Gobierno. La conveniencia del cambio, idea manejada por el Partido Popular cuando estaba en la oposición y vieja aspiración del cuerpo, tiene ahora un inconveniente de índole más política que práctica: supone quitar poder al nuevo titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y aumentar las competencias de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Se repite la historia de la dependencia orgánica del Centro Nacional de Inteligencia, que del Ministerio de Defensa pasó con la formación del nuevo Gobierno al de Presidencia. También era una antigua propuesta de los propios servicios de inteligencia que ningún Gobierno acababa de hacer realidad hasta que la semana pasada Sáenz de Santamaría consumó el traspaso y logró que el CNI pasara a depender directa y únicamente de La Moncloa.

El caso de la Abogacía del Estado, tradicionalmente dentro del departamento de Justicia aunque sirviera para todo el Gobierno, quedó fuera del nuevo organigrama del Ejecutivo que aprobó el primer Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy. En fuentes del PP consultadas por El Confidencial confirmaron que el plan original del Ejecutivo es que los abogados del Estado pasen a depender de Presidencia.

Arturo García-Tizón, responsable de los servicios jurídicos del Estado en la anterior etapa del PP en el poder y en la última legislatura en el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría,  es partidario, como su jefa, del cambio de ministerio para la Abogacía. Tanto es así que en 2004, al llegar María Teresa Fernández de la Vega a la vicepresidencia del Ejecutivo con Zapatero al frente del Gobierno, García-Tizón recomendó al nuevo gabinete que efectuara la modificación de dependencia del organismo por una cuestión meramente práctica: era mejor que estuviera más cerca de Presidencia y que desde Moncloa se distribuyera el trabajo y los encargos de defensa o acusación del Ejecutivo.

En medios del PP hay cierta expectación con lo que ocurrirá al final con la Abogacía del Estado. Se comenta que de haberse efectuado el cambio en la primera reforma del reparto interno de competencias ministeriales hubiera sido más fácil el cambio. Ahora supone quitarle a Alberto Ruiz-Gallardón una de sus responsabilidades directas y hasta un nombramiento. Y se juntaría además con el fiasco que ha supuesto para el ex alcalde de Madrid ver que no podía llevarse a Justicia como secretario de Estado a su “escudero” de toda la vida y actual vicealcalde, Manuel Cobo.

Ruiz-Gallardón podría quedarse en su nueva etapa de vida política y en menos de una semana sin su hombre de confianza de toda la vida y sin mando sobre los servicios jurídicos del Estado.

Más poder que nadie en democracia

Joaquín de Fuentes, actual abogado jefe nombrado por el Gobierno de Zapatero, sigue en su cargo a la espera de ser relevado en el Consejo de Ministros de mañana, al igual que el resto de altos cargos de la etapa socialista que, con rango de secretario de Estado o subsecretarios, están todavía en la mayoría de los ministerios a las órdenes de los titulares de los departamentos nombrados por Mariano Rajoy.

Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, portavoz del Ejecutivo y responsable directa del CNI acumula más poder y competencias (presidente aparte) que ningún otro miembro del Gobierno en la historia de la democracia. También controla la dirección del grupo parlamentario del PP en el Congreso. La Abogacía del Estado sería el remate jurídico a su compendio de responsabilidades.