La crisis del pepino y su 'deuda' con los investigadores españoles

El ministro de Agricultura, Miguel Angel Arias Cañete, hereda una promesa desde el seno de su propio partido. La de impedir que en España se reproduzca un fenómeno como la 'crisis del pepino' de este verano. La falsa acusación de que las hortalizas españolas estaban contaminadas supuso al sector pérdidas directas de 200 millones de euros semanales y un desprestigio para nuestros productos agrícolas incuantificable.

La llamada 'crisis del pepino' –segundo trending topic del año en España, solo por detrás del 15-M- fue producto de una falacia iniciada en Alemania y de un despropósito político español: España posee y poseía entonces los medios científicos para haber demostrado, en apenas 24 horas, que los productos agrícolas españoles estaban limpios de la cepa de Escherichia coli que causó la muerte de 34 personas y contagió el síndrome hemolítico urémico a otras 530. Sin embargo, el Gobierno prefirió no confiar en los científicos españoles para atajar a tiempo la crisis. A pesar de que venían avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Esta es la historia de un despropósito. Desde su creación hace un cuarto de siglo hasta hoy, el Laboratorio de Referencia de E. coli de la Facultad de Veterinaria de Lugo se ha convertido en una de las mayores autoridades mundiales en control de calidad de productos agroalimentarios. Tanto es así, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevaba años siendo presionado por la OMS y por varios centros investigadores europeos para que otorgara a este centro investigador el rango oficial de laboratorio de referencia: es decir, lo dotara de categoría para que sus análisis tuvieran reconocimiento oficial por parte de la OMS.

Zapatero desoyó las súplicas: no quería poner el control de calidad de los productos españoles en manos de unos investigadores independientes, no supervisados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural. Ahora el PP tiene en su mano corregir este dislate. Una promesa que Ana Pastor (ahora ministra de Fomento, pero gallega y ex titular de Sanidad) comunicó a la comunidad científica el 30 de junio, en plena resaca de la crisis del pepino.

El Confidencial se puso en contacto con Jorge Blanco, catedrático de Microbiología y director del Laboratorio de Referencia de E. coli de Lugo. Blanco declinó por prudencia responder a ninguna pregunta a la espera de que el nuevo Gobierno dé sus primeros pasos y comprobar si la promesa de Ana Pastor pasa a ser efectiva o se queda en el limbo. La decisión no dependerá en exclusiva de Arias Cañete. El Ministerio de Economía de Luis de Guindos ha heredado la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación en el nuevo organigrama. La historia de aquella “crisis del pepino” les demuestra a los nuevos ministros que la inversión en I+D y la confianza en nuestros científicos puede resultar muy rentable incluso a corto plazo.

Un retraso fatal para el sector

Tras desatarse la crisis, tanto este laboratorio español afincado en Lugo como varios laboratorios alemanes solicitaron a sus respectivos gobiernos muestras inmediatas para averiguar el origen de la cepa. La epidemia estaba golpeando con virulencia en Alemania, donde se produjo la práctica totalidad de los fallecimientos. Sin embargo, ambos gobiernos decidieron retrasar el envío de muestras. Además, sometieron a estos investigadores a una enorme presión política, poniendo de antemano en cuestión su capacidad por si los análisis daban resultados positivos. Este retraso en el envío de las muestras fue fatal para el sector: la comunidad internacional cerró oficialmente las fronteras a los productos agrícolas españoles a partir del 30 de mayo. Pero, ante la falta de información, desde varios días atrás ya ni los consumidores españoles compraban producto nacional. Los almacenes andaluces empezaron a oler a hortaliza podrida.

El laboratorio de Lugo recibió, por fin, las muestras para analizar el 28 de mayo. El día 29 obtuvieron el primer “resultado presuntivo”, válido para la Unión Europea: los productos españoles estaban limpios. Alfredo Pérez Rubalcaba, que como portavoz asumió todo el peso de esta crisis, no llamó a Lugo hasta 24 horas más tarde. El primero de junio declaró en Almería: "Se cierra el ciclo con evidencias rotundas y claras de que la hortofruticultura española está absolutamente limpia".

Pero de ciclo cerrado, nada. El daño ya estaba hecho. Rusia, por ejemplo, tardó casi un mes en levantar el veto a nuestros productos. Los países de la UE lo hicieron antes, pero la alarma social creada prolongó un veto extraoficial: muchos supermercados y distribuidores dejaron de importar productos españoles durante varios meses. Un caso destacado es el de la cadena de alimentación Lidl, que no ha corrigió su veto hasta fechas recientes.

Ahora aquella promesa de Ana Pastor cobra nueva vigencia con la resurrección del Ministerio de Agricultura. En un contexto en el que sin duda se va a intentar reducir la aportación presupuestaria en I+D, la comunidad científica está preparada para presionar a los titulares del nuevo Gobierno para que no sigan cayendo en saco roto las recomendaciones de la OMS. "Crearemos un Ministerio de Agricultura para la defensa de los intereses españoles en la UE", señaló Mariano Rajoy en su discurso de investidura para justificar el renacimiento de esta vieja cartera. Una defensa que pasa, sin duda, por ceder a las (por otra parte halagadoras) presiones de la OMS y oficializar la capacidad de los laboratorios españoles para defender al sector de ataques como el sufrido en la nefasta “crisis del pepino”. Al menos desde el punto de vista científico, España se encuentra en condiciones de volver a ser “la huerta de Europa”: nuestros investigadores están cualificados para garantizar el control de calidad. Cien días de confianza.