El Congreso paga ayudas de hasta 3.137 euros mensuales a 61 viudas de ex parlamentarios

El Congreso de los Diputados paga a 61 viudas de ex parlamentarios ayudas económicas voluntarias por un importe mensual de 70.464 euros, poco menos de un millón de euros al año. Dichas aportaciones están recogidas en el régimen de pensiones parlamentarias de sus señorías y las concede la Mesa del Congreso según su criterio.

Las ayudas oscilan entre los 3.137 euros mensuales que recibe Rosa Torrado Oubiña, viuda del ex parlamentario Antonio Gago Lorenzo, diputado de UCD en las Cortes Constituyentes fallecido en octubre de 1994, y los 68,99 euros que recibe Lucía Manuel Diez, aunque la media es de 1.155 euros al mes. En España hay, en cifras redondas, 2.300.000 viudos y viudas, que reciben una pensión media de 588,33 euros mensuales, según datos del Boletín de Estadística Laboral del Ministerio de Trabajo.

Un portavoz del Congreso confirmó a este diario la voluntariedad de los pagos, pero no supo concretar los criterios que se siguen para su concesión, ni si las ayudas tienen por objeto completar la pensión de viudedad de la Seguridad Social hasta su cuantía máxima. Algunas de las ayudas superan los dos mil euros, lo que descarta que este sea el criterio, si no en todos, si en la mayoría de los casos.

Reglamento de pensiones parlamentarias.

El artículo 9 del “Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios” aprobado en 2006 dice así: “Los ex parlamentarios a los que la duración de su mandato no les permita obtener la pensión parlamentaria, así como en su caso, sus cónyuges, viudos o sus hijos menores de 25 años, podrán solicitar a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado la concesión de una ayuda económica”.

El punto número 2 del citado artículo aclara que “la concesión de esta ayuda tendrá carácter graciable”, y el punto 3 evidencia la arbitrariedad de la misma, ya que establece que serán las mesas de ambas cámaras las que “establecerán la cuantía de la ayuda y las condiciones de acceso a la misma”.

Curiosamente, las 61 personas que en este momento reciben las ayudas son mujeres, un dato que evidencia la escasa presencia que tenían en las Cortes hasta hace poco tiempo. La diferencia de cuantía de las ayudas es tan grande que resulta muy difícil encontrar alguna relación entre unas y otras.

Entre las más bajas están la de la ya citada Lucía Méndez (69,99 euros) y Clara María Santoro (98,34). En un nivel intermedio, las de varios centenares de euros sin llegar al millar están Luisa Berdugo Lazuen (286,23); Manuela Centeno Romero (288,47); Juana Sánchez Cardona (346,72); Ana Ortiz Román (349,65) e Isabel Cano Lopera (350,65), por citar las ayudas más bajas. Manuela Centeno es viuda del diputado socialista en la II y III Legislatura Francisco Granados.

Por encima de los mil euros están la mayoría de las beneficiarias. Mercedes Ibergallurtu (1.870,55); Laura Cacho (1.810,23); María Cala (1.726,76); Teresa Álvarez de Toledo y Urquijo (1.435,06) y María Cardoso da Gracia, viuda de Carlos Sueiro, diputado también de la legislatura constituyente (1.120,20), entre otras.

La citada Teresa Álvarez es viuda del diputado Joaquín Muñoz Peirats, que fue miembro del consejo privado de Juan de Borbón, conde de Barcelona. En este grupo está también Carmen Camuñas, viuda de José Manuel Paredes, diputado de las Cortes Constituyentes y primer secretario de la Comisión Constitucional que redactó el anteproyecto de ley de nuestra Carta Magna, que percibe 1.171,33 euros al mes.

Ayudas superiores a 2.000 euros.

Más de dos mil euros reciben Evarista Valero Benedicto, viuda de Alberto Fuertes Valenzuela, senador en la legislatura constituyente (2.599,83) y Ana María Loizaga, viuda del senador de UCD Martín Fernández Palacio, fundador en 1965 de la Caja Rural Provincial de Vizcaya, (2.374,55), por citar solo dos de ellas. Únicamente dos de las beneficiarias, Catalina de Diana y Eda Volpi, reciben la misma cantidad: 2.061 euros.

Todos estos datos se pueden consultar en la página web de la Cámara Baja (www.congreso.es) desde que las Cortes acordaron el pasado julio que todas las prestaciones económicas que reciben los ex parlamentarios o sus familiares directos fueran de conocimiento público.