Mas aplaza a los funcionarios el 20% de la paga, pero les retiene todo el IRPF

La de ayer fue una jornada con claroscuros para el Gobierno catalán. La nómina a los empleados públicos fue pagada con puntualidad. La paga extraordinaria, sin embargo, se pagará el próximo 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero sólo al 80%. El restante 20% se pagará en enero, ya que el Ejecutivo que preside Artur Mas dice que no tiene dinero porque el Gobierno central no paga lo que debe. Pero la sorpresa saltó cuando los empleados se dieron cuenta de que aunque no les pagan toda la paga extraordinaria, sí les retuvieron todo el IRPF como si se la pagasen entera. “Sería un lío extraordinario para los funcionarios tener que hacer en el 2013 una declaración complementaria”, se justificó el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

Los restantes partidos criticaron con dureza la decisión y los sindicatos subrayaron que lo que ha habido es “una chapuza”. Más de medio millar de sindicalistas se concentraron por la tarde frente al Parlamento catalán para protestar. El secretario general de CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego, consideró que la retención de todo el IRPF “es un insulto y un desprecio democrático. Ha habido una mala gestión, contraria a nuestros derechos y estamos dispuestos a ir a juicio por la vía que corresponda, ya sea social, administrativa o penal. Porque no se puede jugar con las nóminas de esta forma”. Y Xavier Casas, responsable del sector de la Generalitat de la UGT, calificó el hecho de “extrema gravedad” y apuntó que la Generalitat podría estar incurriendo “en un delito de apropiación indebida”.

En el Parlamento catalán, las cosas fueron más suaves, ya que el Gobierno pudo sacar adelante la Ley de Simplificación y Mejora de la Regulación y la Ley de Agilidad y Reestructuración Administrativa, dos de las tres leyes ómnibus que el Gobierno pretendía aprobar esta semana. El texto de la segunda engloba tanto cuestiones culturales como sanitarias y, en líneas generales, abre la puerta a dividir en Instituto Catalán de la Salud (ICS) en sociedades gestoras de los diferentes hospitales públicas, lo que es considerado por parte de la oposición como el preludio de la privatización de la sanidad. Pero, en la calle, los usuarios rechazaron el euro por receta (“por medicamento recetado”, aclaró luego Mas-Colell) que quiere cobrar la Generalitat y los empresarios de hostelería rechazan, por su parte, la tasa turística que quiere implantar.

Cambio de modelo sanitario

El grupo más crítico fue ICV-EUiA. su representante, Jordi Miralles, acusó a CiU de querer privatizar la sanidad. “En este sector es donde quieren hacer el mayor mordisco, ya que el texto especifica que un tercero gestione el consorcio público, es decir, deja la puerta abierta a una privatización y una mercantilización. Es el paso previo a la privatización. Con esta ley, se rompe la equidad del acceso a los servicios sanitarios, se suprime la prohibición de ofrecer servicios de asistencia privada en los locales del ICS y se legalizan las dobles listas de espera, ofreciendo incluso que sólo sea atendido quien se lo pueda pagar. En resumen, lo que quieren es cambiar el modelo, no agilizar la Administración”, dijo el diputado ecosocialista.

La representante socialista, Eva Granados, también fue crítica, aunque menos, con el punto que atañe a la sanidad. “Lamentamos que se quiera fragmentar el ICS. Y creemos que eso es por dos motivos: primero, porque quieren hacer negocio con la sanidad; y segundo, porque no saben gestionarlo. En los últimos meses, ha habido una concentración de conflictos, con los trabajadores, con los ayuntamientos y con los proveedores. Y nosotros tenemos muy poca confianza en la evolución del ICS. Lo que ustedes quieren hacer es expulsar a las clases medias del sistema. Y mientras las cifras de negocio de las mutuas crecen a un ritmo de dos dígitos, los presupuestos públicos disminuyen. Si corrigen ese rumbo, nos encontrarán”.

La diputada del PP María de Llanos de Luna fue también crítica con la primera ley. “No responde a la eficacia que requieren los ciudadanos y las empresas ni ahorra mucho dinero”, dijo. Se felicitó porque habían sido aceptadas más del 90% de las enmiendas populares para suprimir más organismos de los inicialmente previstos (que eran 2) y cargó las tintas en la inutilidad de muchos de estos organismos, como el Memorial Democrático y el Instituto Catalán Internacional por la Paz. Aludió al informe de la Sindicatura sobre la fiscalización de estos dos organismos haciendo hincapié en que se gastaron casi 16 millones de euros en ellos pero sin que este dinero hubiese sido gastado en los objetivos que tenían. “Ni se destinaron a la participación ciudadana ni a la calidad democrática”, subrayó, destacando la falta de control de las subvenciones que repartía, la existencia de relaciones laborales encubiertas y la contratación de una empresa asesora sin contrato que sustentase esa colaboración, como había publicado este diario. “Incluso el Museo del Exilio tiene un déficit de 106.000 euros. Por tanto, deberían destinarse esos casi 16 millones a necesidades del siglo XXI, a necesidades actuales, como a paliar los recortes de la sanidad y no hacer pagar esos recortes a los funcionarios”, zanjó la diputada popular.

Violant Mascaró, de ERC, denunció algunas “enmiendas trampa” que fueron planteadas en la tramitación y afirmó que “quedan tocados” unos 50 organismos por el “proceso desordenado y caótico que se ha aplicado. Es un argumento de una película de Tim Burton. Se han pasado meses haciendo de Eduardo Manostijeras y el producto resultante es Sally, protagonista de Pesadilla antes de Navidad”.

Albert Rivera, de Ciutadans, criticó que la ley “tiene un magnífico título, pero también tiene un problema de contenido. Hoy, muchos servidores públicos son víctimas de una barbaridad laboral, de una chapuza propia de república bananera, por no saber gestionar ni siquiera el pago de las nóminas de la Generalitat. Porque nos quieren colar el rompimiento del sistema sanitario catalán”.

Rivera destacó que “hay mala praxis legislativa, mezclando temas muy diversos dentro de la misma ley. Y hay pérdida de calidad democrática. Han hecho las cosas mal en forma y en contenido. Porque sólo el tema de la salud se debería haber tratado monográficamente en este Parlamento. Nos ha costado 30 años tener un sistema de salud, pero ustedes esquivan el debate aquí y nos enteramos de sus planes por los titulares de prensa. ¿Les parece tan poco importante que no quieren un debate monográfico sobre esta cuestión? Será que no tienen sensibilidad. La fórmula no es meter un artículo por la puerta trasera en una ley que modifica otras 30 leyes. Ustedes se están saltando el sentido común. Les ofrezco que hagamos un pacto sanitario, porque la sanidad es la joya de la corona del estado del bienestar”.

Las acusaciones de López Tena

Alfons López Tena, representante de Solidaritat Catalana per la Independencia (SI), fue extremadamente duro y acusó al Ejecutivo de saltarse las leyes a la torera . “Lo que hacen es una política depredadora: se les da a unos amigos la posibilidad de depredar, como si esto fuese Malasia o Indonesia. Porque, para empezar, no son ni capaces de presentar unos presupuestos en plazo. No hay ninguna entidad financiera del mundo que esté dispuesta a comprar una deuda de un Gobierno que no cumple. Sus reformas son de intereses de última hora, de enmiendas de última hora. Tienen un Gobierno que es una parodia y un Parlamento de opereta, pero no tienen el poder judicial y pueden acabar teniendo una explosión de conflictividad en el ámbito penal. Su modo de actuar es como el de la presidenta de este Parlamento, que contrata a la cuñada de su hijo como asesora y esconde su retribución. Ése es su modelo”.

Ferran Falcó, representante de CiU, sin embargo, destacó que en salud “se llegó a un buen acuerdo con el PSC en la preservación de los gobiernos territoriales de salud. Ha habido una cuestión más difícil [el ICS], pero que es necesaria: por la dimensión, la complejidad de su gestión y necesidad de una administración más ágil”. Admitió que lo que pretende la ley es dotar de diferentes personalidad jurídicas del ICS. “Se dice que se privatiza, se trocea... no es cierto. Trocear tiene una connotación negativa. Se hace para ganar agilidad y tener más autonomía. Queremos un modelo de proximidad,  más cercano, más efectivo. Esta ley no es conservadora o neoliberal. No rompe nada sobre servicios públicos. Es producto de la reflexión sobre la gobernanza de servicios públicos primando la eficacia”, zanjó.