Gallardón ahoga su ambición con el ingente reto de arreglar la Justicia

El teléfono de Alberto Ruiz Gallardón permaneció ayer extrañamente apagado durante buena parte del día. No quería sucumbir a la tentación de cogerlo para tener que mentir. La única llamada que esperaba ya estaba hecha: Rajoy había decidido encomendarle el reto de lavar la imagen de la Justicia, un trabajo político de mucho más peso y lucimiento, o no, que diría el gallego, que el de Defensa. La renovación del TC, la imagen del CGPJ, la reforma de la administración de Justicia… son algunos de los retos en los que Gallardón deberá lucirse o en cuyas llamas se abrasará. Una ingente tarea que debe afrontar, además, en tiempo de crisis y sin dinero.

La Justicia es una de las instituciones peor valoradas por los españoles. A pesar de los esfuerzos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la idea tan incrustada sobre la politización de los jueces todavía no se ha podido limpiar. Los continuos escándalos de los posicionamientos políticos de los magistrados del Tribunal Constitucional o del Supremo, en casos como el Estatuto de Cataluña o la legalización de Bildu o ANV, no ayudan a mejorar el concepto de independencia judicial.

La Justicia está día tras día en la palestra. Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados, el caso del chivatazo que no acaba de aclararse tras cinco años de instrucción o la puesta en libertad de presos etarras son casos que no se acaban de comprender por el ciudadano de a pie. Tampoco se entiende que el yerno del Rey Don Juan Carlos, Iñaki Urdangarín, todavía no haya sido imputado e el 'caso Palma Arena', igual que el ya ex ministro de Fomento, José Blanco, en el 'caso Campeón'.

El trabajo del nuevo ministro será precisamente conseguir la despolitización de una carrera judicial en la que los vocales del CGPJ son elegidos en su mayoría por el Parlamento, igual que pasa con los magistrados del Tribunal Constitucional. Además, con una Fiscalía cuyo jefe es elegido por el presidente del Gobierno como eje principal de una estructura jerárquica.

Otra de las grandes lacras de la Justicia que se intenta mejorar sin éxito es su lentitud y anquilosamiento. El trabajo de Gallardón será luchar por su modernización y agilización, algo especialmente complicado en un periodo de crisis y con escasez de presupuesto. La imagen de los Juzgados flanqueados por torres de papel debe ser a corto plazo una fotografía obsoleta. El anterior ministro, Francisco Caamaño, consiguió digitalizar parte de los sumarios y sentencias de la Audiencia Nacional, pero todavía queda mucho por hacer.

Uno de los grandes retos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue instaurar la oficina judicial, para la nueva organización y gestión de los juzgados. Su primer titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tuvo un especial empeño pero no acababa de hacerse realidad. Con la llegada de Mariano Bermejo todo se complicó, sobre todo tras la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés por un error judicial. Precisamente, por el empleo de un sistema obsoleto se desconocía que su asesino, Santiago del Valle, estaba condenado en otra provincia también por abusos. Este error hizo que no se ejecutara su sentencia condenatoria, dejándole en libertad y permitiendo que abusara y asesinara de la pequeña. La oficina judicial no está dando todos los bueno resultados que se esperaba y varias comunidades autónomas se están replanteando su instalación.

No podrá dejar de lado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la más antigua de España, datada de 1882. Caamaño consiguió llevar hasta el Consejo de Ministros su reforma pero las Cámaras no han ido lo suficientemente rápidas para su aprobación. Ahora, con el cambio de Gobierno, el proceso debe empezar de cero. El PP deberá estudiar si quiere que entre en vigor la figura del fiscal instructor. Este cambio ha generado mucha polémica sobre todo dentro de la carrera judicial. Sin embargo, tanto el Ministerio como la Fiscalía General del Estado han defendido a capa y espada la necesidad de que sea el fiscal quien se encargue de las instrucciones. Lo cierto es que llevar a cabo este proceso habría que modificar todo el sistema de justicia español. Según el borrador del anterior Gobierno, el fiscal iniciaría la investigación mediante decreto y podrá tener a su cargo un equipo de fiscales en causas complejas y decidir el archivo del procedimiento si no hay indicios de delito.

Otras de las modificaciones recogidas en el borrador, que ahora debe revisarse al completo, es la sustitución de la figura del imputado por la del investigado, la limitación del proceso de instrucción hasta un año, excepto en terrorismo y crimen organizado, o el control a la actividad de la acusación popular.