Cataluña reclama al nuevo Gobierno los 4.000 millones en infraestructuras prometidos por Magdalena Álvarez

El Gobierno español dejó de invertir en Cataluña más de 4.000 millones de euros en infraestructuras de carreteras y ferroviarias en los últimos años. Son números que ayer puso sobre la mesa el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, en una sesión de control al Gobierno catalán (celebrada en el Parlamento autonómico) que fue pródiga en sorpresas. A preguntas de Convergència i Unió (CiU), Recoder detalló que Magdalena Álvarez había firmado un convenio con el Gobierno Tripartito para realizar inversiones hasta el 2012 por 5.000 millones de euros. “Eso eran los protocolos firmados por la ministra y el Gobierno. Pero en infraestructuras de carreteras sólo se licitó el 28% y en infraestructuras ferroviarias sólo se licitó el 21% de lo acordado”.

El consejero fue más allá y subrayó que “la crisis no es igual para todos, porque parece que para algunos territorios no existe”. Una consecuencia de ese incumplimiento, por ejemplo, es la subida de peajes prevista para el 2012, ya que “el gobierno central no hizo nada para la homogeneización de los peajes y redujo la aportación a la Autoridad Metropolitana del Transporte”.

El diputado de CiU Josep Rull también abundó en números para justificar la subida del transporte público prevista a partir del 1 de enero (el billete de autobús en Barcelona pasará a costar 2 euros, un 38% más, y la tarjeta de diez viajes, 9,25 euros, un12% más). Apeló a la “evolución negativa de la aportación de los recursos del Estado. Entre los años 1999 y 2001, la aportación al contrato-programa del transporte público era del 38% de los recursos. Pues bien, en los últimos tres años hemos pasado a una sangrante aportación de sólo el 18%. En el 2010, por ejemplo, el Estado sólo invirtió 200 millones y, en el 2011, unos exiguos 112 millones”.

El consejero también contestó a otra interpelación sobre la situación de las líneas de Renfe. Reconoció que existe un mal servicio con muchas incidencias, poca productividad, una baja inversión en la red de Cercanías y deslealtad en los acuerdos del traspaso de estos servicios a la Generalitat. “Fue un traspaso trampa -dijo Recoder-. No tenemos vías, ni catenaria, ni estaciones, ni personal, ni trenes. Pero tenemos todo lo demás. Existe un convenio que obligaba a invertir 4.000 millones de euros en la red hasta el año 2015. De ellos, sólo se ha ejecutado el 5% hasta ahora y se ha licitado el 10%. O sea, sólo se han invertido 400 millones efectivos en los servicios traspasados. Por tanto, muchos de los problemas vienen de la falta de inversión”.

También reconoció que el Gobierno catalán intentó que el actual ministro de Fomento, José Blanco, firmase otro convenio y cambiase la ley para que la Generalitat pudiese cambiar de operador, pero no hizo nada. “Tenía que haber modificado la ley antes del 2010, según el convenio firmado con Magdalena Álvarez, pero no lo hizo, por lo que no podemos cambiar de operador”, se dolió Recoder. Con Renfe fuera, el Gobierno catalán podría optar a entregar los servicios ferroviarios bien a Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) o bien a cualquier otro operador europeo.

Rifirrafe CiU-PP

En la misma sesión, la vicepresidenta del Ejecutivo, Joana Ortega, achacó al impago de los 759 millones que el Estado debe a Cataluña como consecuencia de la disposición adicional tercera del Estatuto (y consignados en los Presupuestos Generales del Estado) los posibles retrasos de pagos a proveedores y el aplazamiento del 20% de la paga extraordinaria a los trabajadores públicos. Por esta cuestión, hubo un tenso intercambio de reproches con el PP. “Ustedes crean alarma no sólo entre los funcionarios, sino entre la población. El anuncio de no pagar las nóminas ni a los proveedores es una negligencia y una falta de previsión del Gobierno de la Generalitat. Existe un presupuesto aprobado donde constan los salarios consignados. Por tanto, su postura es insólita e irresponsable. Éste es un Gobierno sin seriedad, donde deberían asumirse responsabilidades políticas”, acuso María de los Llanos, diputada del PP. Pero la vicepresidenta catalana se mantuvo firme: “La solución está en sus manos. Que Mariano Rajoy pague en dos días lo que debe de la disposición adicional tercera y ya está. Tiene la posibilidad de enmendar esta página negra de la historia de Cataluña. Pero la actitud del Gobierno de la Generalitat es transparente, rigurosa y respetable y sólo pide los 759 millones”.

A pesar de este cruce de acusaciones, el propio presidente catalán, Artur Mas, despejó las dudas sobre la posición que CiU tendrá en Madrid: “Nosotros tendremos una actitud de colaboración leal con el nuevo Gobierno, con una sola condición previa: primero Cataluña; y después, lo demás. Si el ‘primero Cataluña’ se va equilibrando y respetando, nos tendrá a su lado. Si no, tendremos otro tipo de colaboración que puede no ser tan intensa”, avanzó Mas al interés mostrado por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.

Y aclaró la incógnita sobre la postura de los convergentes sobre el nuevo Ejecutivo central: “En primer lugar, no hemos de juzgar la política de un Gobierno que todavía no se ha constituido. Por otro lado, Mariano Rajoy no ha detallado ninguna medida todavía porque no ha tenido tiempo material. Esperamos que vaya poniendo sobre la mesa las medidas que piensa tomar y las iremos valorando”, subrayó Mas. Y ello porque “todos tienen derecho a un margen de maniobra y un margen de confianza. Y nosotros le daremos esos márgenes a Rajoy. En función de cómo vayan las cosas, iremos decidiendo”, le respondió al presidente del grupo parlamentario de ERC, Joan Puigcercós, sobre el mismo tema.