El Gobierno congelará el sueldo de los empleados públicos en 2012

El 30 de diciembre es la fecha clave. Ese día, el Consejo de Ministros aprobará el primer recorte del gasto público de la ‘era Rajoy’. En su entorno económico más cercano nadie se atreve por el momento a dar una cifra sobre la cuantía del decreto de ‘no disponibilidad’ de créditos presupuestarios. Pero lo que está claro es que si se quiere cumplir el objetivo de situar en 2012 el déficit en el 4,4% del PIB, el ajuste fiscal se situará en el entorno de los 16.500 millones de euros.

¿Quiere decir que el Gobierno central tendrá que recortar el gasto en una cantidad equivalente? No. Una parte corresponde a las administraciones territoriales (comunidades autónomas y ayuntamientos); otra a la Administración General del Estado (incluida la Seguridad Social) y otra procederá del previsible aumento de la recaudación, que, en todo caso, será escuálido. Hasta el extremo de que Funcas ha situado los ingresos adicionales previstos para el año que viene (sin subida de impuestos) en apenas 1.200 millones de euros (el 1% de la recaudación total). La cifra, en todo caso, dependerá del crecimiento del PIB, y hoy por hoy el equipo económico de Rajoy no baraja ninguna estimación propia. Y no la hará hasta los primeros meses de 2012.

Esto supone que el recorte  recaerá fundamentalmente en el Gobierno central. Alrededor de dos tercios del ajuste previsto, según el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas por el actual Gobierno en funciones,  Aunque por el momento el equipo económico de Rajoy no conoce la situación real de las cuentas públicas -más allá de lo que publica mensualmente la Intervención General- lo que se baraja actualmente es que una parte sustancial saldrá de la congelación salarial del sueldo de los empleados públicos. Por lo tanto, no habrá recortes de sueldos en términos nominales (aunque sí reales por la inflación), como sucedió a mediados de 2010, pero se da por seguro que no hay margen para incrementos si se quiere lograr el objetivo de déficit fiscal.

La cuantía del ajuste es importante toda vez que en 2009 la remuneración del conjunto de asalariados del sector público alcanzó los 124.285 millones de euros, lo que significa que cada punto de subida supone unos 1.240 millones de euros.

Se congela la oferta de empleo público

La congelación se aprobará, previsiblemente, el viernes 30 de diciembre, y no sólo afectará a la Administración Central, sino, también, al conjunto del sector público.  El ahorro adicional vendrá de la mano de la oferta de empleo público, cuya tasa de reposición será nula, salvo en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros ‘servicios públicos básicos’ que ayer Rajoy no desveló.

Esto significa un cambio respecto de otros países que han emprendido medidas de ajuste del gasto público para cumplir con Bruselas. En Portugal, Grecia, Italia o Irlanda los recortes salariales han ido acompañados en todos los casos de despidos en el sector público. Por el momento, nadie en el equipo económico del PP se plantea una medida similar.

Lo que sí está claro es que habrá un recorte en las subvenciones del Estado a las empresas privadas, en particular las denominadas ‘nominativas’, que son las que se conceden de forma individual a una empresa. Tan sólo se mantendrán las horizontales concedidas de forma homogénea a un sector de actividad. Esta partida representa actualmente alrededor del 1% del PIB, unos 10.000 millones de euros.

El objetivo de Rajoy es que en 2020 la deuda pública retroceda hasta el 60% del PIB y el déficit estructural (sin el componente cíclico) se sitúe en un máximo del 0,4% del Producto Interior Bruto. En el primer caso, el objetivo es más que difícil teniendo en cuenta que la Comisión Europea (previsiones de otoño) ha estimado que en 2013 el endeudamiento público crecerá hasta el 78% del PIB. Es decir, supone rebajar en nada menos que 18 puntos la deuda en apenas siete años con incierto crecimiento económico y en medio de un proceso de envejecimiento de la población que presiona al alza el gasto  público.

El objetivo de lograr equilibrio presupuestario estructural en torno al 0,4% -una décima menos que lo que exige Bruselas- no es mucho más fácil. España nunca lo ha logrado, ni siquiera en los años de bonanza económica, en los que llegó a tener superávit, pero por razones estrictamente cíclicas vinculadas al ladrillo.

Estas son las medidas fiscales anunciadas ayer por Rajoy:

Ley de Apoyo a los emprendedores en los próximos tres meses:

- Definir un marco fiscal de apoyo a los emprendedores, PYMES y autónomos.

- Establecer un procedimiento de compensación automática similar al de la cuenta corriente tributaria para cualquier tipo de deuda reconocida por una Administración Pública.

- Modificar el régimen del IVA para que autónomos y PYMEs no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes.

- Se mantendrá el tipo ’superreducido’ en la adquisición de vivienda, únicamente si se trata de la vivienda habitual y con un límite en su precio de adquisición.

- Ayuda fiscal al empleo por importe de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador

Reformas del Impuesto sobre Sociedades:

- Eliminar las limitaciones para la aplicación en el Impuesto sobre Sociedades del tipo impositivo del 20% a empresas con cifra de negocios inferior a cinco millones de euros.

- Ampliar hasta los 12 millones de euros la cifra de negocios que permite acogerse al régimen especial previsto para las empresas de reducida dimensión, y aumentar hasta los 500.000 euros el límite de base imponible al que se aplica el tipo reducido del 25%.

- Modificar la fiscalidad de los beneficios no distribuidos, de manera que aquellos dedicados la adquisición de nuevos activos, tributen diez puntos menos que los destinados a ser distribuidos a los accionistas.

Reformas en el IRPF:

- Mejorar la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones.

- Recuperar la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual.