La Junta dejará al nuevo gobierno más de 2.500 millones de pagos pendientes a proveedores

El gobierno que se haga cargo de la Junta de Andalucía tras las elecciones de marzo tendrá que hacer frente a una factura de más de 2.500 millones de euros con empresas proveedoras, al margen de las facturas no contabilizadas, que en el PP temen puedan revelar un importante agujero añadido. Los empresarios andaluces ya dan por perdido los pagos pendientes en esta legislatura, al ver que en los presupuestos no hay partidas suficientes para afrontarlas. Y el Gobierno andaluz ha rechazado la propuesta de Javier Arenas para crear una comisión que, independientemente del partido que gane las elecciones, garantice un calendario de pagos a empresas.

Los impagos afectan sobre todo a compañías de la construcción, sector que puede terminar este año con el cierre de hasta 2.000, y a proveedores del sistema sanitario, entre otros. En los últimos meses se han producido llamadas de atención a la Junta tanto desde las organizaciones sectoriales como desde la propia Confederación de Empresarios de Andalucía. Sin embargo, los afectados ni siquiera han podido comprometer al Gobierno andaluz en una mesa de pagos que al menos garantice que se va a respetar la Ley de Morosidad, que obliga a las administraciones a abonar sus deudas a proveedores en un plazo máximo de dos meses.

Oídos sordos en el Parlamento

En los últimos debates económicos que se han celebrado en el Parlamento andaluz, el líder de la oposición, Javier Arenas, ha planteado de forma recurrente la necesidad de crear una comisión en la que los dos grandes partidos garanticen un calendario de pagos de la deuda con proveedores, a partir del cual las empresas puedan hacer sus cálculos a medio plazo. En ningún caso Griñán ha dado respuesta a esta demanda. El PP, no obstante, lo que pretende es tener acceso a la verdadera deuda de la Junta con proveedores, ante la posibilidad de que haya un montante de facturas no regularizadas que pueda disparar la deuda real.

Los impagos de la Junta a las empresas andaluzas se agravan después de que haya quebrado el sistema de concertación, un pacto que durante años ha garantizado las relaciones entre los agentes sociales y el Gobierno, y que puso en marcha Manuel Chaves cuando era presidente.

Suspicacias por la nueva relación con Rajoy

En los últimos meses, y a medida que se ha considerado más probable que el PSOE pierda las elecciones autonómicas de marzo, desde el Gobierno andaluz se ha mirado con suspicacia a los empresarios, con los que durante años mantuvo una estrecha relación. Hechos como la reunión que se celebró este verano entre la CEA y Mariano Rajoy y Javier Arenas en Andalucía, con la firma de un documento conjunto, marcaron un hito en la actitud de la Junta. Griñán tenía motivos para creer que los empresarios andaluces se orientaban hacia un nuevo poder, alejándose del PSOE como interlocutor único y excluyente. Y estas suspicacias han ido marcando las relaciones de la Junta con la CEA.

El borrador de los presupuestos andaluces y la situación de bloqueo en que se encuentra la gestión de la Junta, con un PSOE pendiente de unas elecciones a las que se encamina con la convicción de derrota, hacen imposible que en los próximos meses los empresarios puedan aspirar a saldar la deuda con la Junta, lo que puede redundar de forma determinante en el futuro de muchas empresas.