La Iglesia y el PP decidirán sobre los restos de Franco y el futuro del Valle

La propuesta formulada por la Comisión de expertos del Valle de los Caídos para exhumar los restos del ex dictador Francisco Franco del interior de la basílica no pasará de ser uno de los últimos brindis al sol del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La recomendación más polémica de entre todas las presentadas ayer por los expertos y de la que discrepan tres de sus miembros (Miguel Herrero de Miñón, Pedro González Trevijano y Feliciano Barrios) requiere, sí o sí, la autorización final del padre abad Anselmo Álvarez y, en última instancia, del Vaticano. Algo que, en principio, parece poco probable vista la nula cooperación que la jerarquía católica ha prestado hasta ahora a los trabajos llevados a cabo por el grupo de expertos.

La Iglesia nunca ha encajado bien los trabajos de la comisión sobre el futuro del Valle. Fue la propia Conferencia Episcopal la que se autoexcluyó desde un principio del grupo de expertos retirando a última hora a su representante, el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Fernando Sebastián. Desde entonces, el trabajo de la comisión nacía herido de muerte, al menos en uno de los puntos fundamentales, pues toda decisión sobre lo que pase con los restos de Franco quedará supeditada a la autorización de la Iglesia Católica, poco receptiva, de momento, a efectuar cambio alguno. Y sin una paz consensuada sobre este aspecto, como recogen los propios expertos en sus conclusiones, poca o ninguna inversión se podrá hacer para frenar de forma urgente el inexorable deterioro que sufre todo el conjunto escultórico del monumento.

Sin embargo, la versión del abad es bien distinta. Al menos así lo expresaba hace justo un año, cuando aseguraba que la comunidad de monjes se sentía "acosada, sí. Pero es un acoso que no va tanto hacia los monjes como hacia el lugar mismo, aunque el resultado es, no sé si de forma involuntaria o deliberada, comprobar hasta qué punto llega la resistencia de los monjes". La comunidad religiosa denunciaba la 'persecución' que, a su entender, comenzó por parte del Ministerio de Presidencia cuando éste dependía de Teresa Fernández de la Vega y se cerró el acceso a la Basílica por el deterioro del conjunto. "Se nos mostró un informe en el que se hablaba de la situación del conjunto, según la cual la basílica amenazaba ruina y nosotros, los celebrantes, corríamos el riesgo de que se nos cayera encima la cúpula. Con ese informe, que no nos dejó ver, el Gobierno podía decidir en cualquier momento el cierre total". El abad concluía entonces que todo parecía una operación política. 

Calificada por la ley como lugar de culto, la inviolabilidad de la basílica está garantizada por los acuerdos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede que, dado su carácter de tratado internacional, tienen jerarquía supra-legal. Así mismo, el culto corre a cargo de la Abadía Benedictina en función de un Convenio suscrito en 1958 y considerado por la comisión un “anacronismo” que se debe denunciar para renegociar uno nuevo en el que las partes adapten sus actuaciones civiles y religiosas al espíritu de la nueva resignificación que se pretende a todo el conjunto.

Según explicó ayer el catedrático Virgilio Zapatero, la Comisión ha contactado a lo largo de sus siete meses de trabajo con el propio abad del Valle, el padre Anselmo Álvarez, y con Rouco Varela sin que ninguna de las dos reuniones hayan servido para acercar posturas con la institución. “Al abad le ofrecimos participar, pero entendió que la situación de la abadía está consolidada en el convenio der 1958, diga lo que diga el convenio. Le explicamos que los convenios se pueden denunciar y construir sobre nuevas bases”. A Rouco Varela, “le ofrecimos de forma oficial y oficiosa tener un contacto periódico con los representantes que él dijera. Dijo que convocaría una reunión con un obispo y un teólogo, pero nunca se ha producido”, explicó.

A juicio del ex rector de la Universidad de Alcalá de Henares, esta postura “no hace inviable el informe” presentado ayer por la comisión. Eso sí, todos los expertos abogan porque cualquier actuación se lleve adelante “con los más amplios acuerdos” parlamentarios y con la autorización de la Iglesia. Consultado por este diario, el propio abad del Valle prefirió no opinar sobre el informe y dejar su valoración “para abordarlo cuando las cosas estén en paz y en calma”.

González Trevijano, copresidente de la Comisión y rector de la Universidad Rey Juan Carlos, añadió también que la autorización final de la familia de Franco no es “determinante” para la exhumación de los restos cadavéricos. Él mismo, junto a Virgilio Zapatero, se entrevistó con la hija del dictador, Carmen Franco, quien les manifestó su deseo de que todo se quede tal y como está.

En manos del PP

Así las cosas, la ejecución o no de las recomendaciones efectuadas por los expertos quedará en manos del futuro Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo partido evitó ayer pronunciarse sobre tan espinoso asunto. Y eso a pesar de que la propia Soraya Sáenz de Santamaría fue una de las primeras en conocer las conclusiones de la mano del propio Jáuregui, que se ausentó de una de las reuniones del traspaso de poderes para presentar el informe a la prensa.

El ministro de la Presidencia en funciones pidió después, públicamente, que Rajoy “no lo entierre en el cajón porque se trata de un acto de justicia que por lo menos se merecen los sepultados” allí, 33.847 personas víctimas de la guerra civil y la represión posterior.

Para la izquierda, sin embargo, el trabajo se ha quedado corto. Para Gaspar Llamazares, de IU, porque no resuelve cómo convertir el recinto en un verdadero espacio de memoria democrática. Para el portavoz adjunto de ERC, Joan Tarda, es una “grave irresponsabilidad” que Zapatero haya dejado este asunto hasta el final de la legislatura, cuando ya no tiene posibilidad de llevarlo a la práctica. “A nadie se le escapa que este retraso responde a una voluntad política de evitar tomar medidas”, añadió.