La Audiencia concede un permiso a un etarra con dos asesinatos por su "buena conducta"

La Audiencia Nacional ha concedido un permiso de tres días al etarra Aitor Bores, condenado por los asesinatos de un guardia civil y un policía nacional en 1994, como recompensa a su "buena conducta", su "comportamiento responsable" y la "evolución penitenciaria positiva" que ha venido experimentando durante los últimos años.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Sala de lo Penal rechaza el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y confirma el permiso que el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, concedió el pasado 25 de mayo tras contar con el aval de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava), en la que se agrupan los reclusos que han roto con la banda y se han alejado de la violencia.  

La resolución judicial, que ha sido suscrita por los magistrados Javier Gómez Bermúdez (presidente), Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez (ponente), señala que Bores cumple todos los requisitos recogidos en el Reglamento Penitenciario para obtener este tipo de permisos, ya que ha cumplido la cuarta parte de la pena, se encuentra en situación de segundo grado y cuenta con un informe técnico "favorable".

El tribunal recuerda que Bores, que empezó a cumplir en marzo de 1998 una pena de 30 años de prisión, rompió con "la disciplina del colectivo de presos de la organización terrorista ETA, del que fue expulsado", y manifestó por escrito su "rechazo a la violencia, el reconocimiento del daño causado y la voluntad de repararlo económicamente de modo fraccionario".

El preso, según recoge la resolución, tiene "un destino remunerado que, según los informes, desempeña con eficacia, interés y dedicación". Además, "mantiene una actitud colaboradora con los profesionales", "cuenta con apoyo familiar" y llegó a comunicar su "agradecimiento por la oportunidad de trabajar que se le había concedido".

Riesgo de fuga, según el fiscal

El fiscal Carlos Bautista recurrió el auto del juez de Vigilancia Penitenciaria argumentando que el permiso no puede ser considerado "un derecho subjetivo incondicionado" y que en este caso existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva, ya que Bores siempre ha estado "recluido en centros de régimen cerrado" y nunca ha disfrutado de otros permisos.

El tribunal, sin embargo, sostiene que la posibilidad de que el preso se escape o vuelva a delinquir resulta "devaluado" por "la actitud del condenado" y por su "favorable evolución penitenciaria". "Esencialmente porque ha roto con el colectivo de presos de la organización terrorista y porque ha reconocido el sufrimiento de las víctimas y ha manifestado su disposición a repararlo", afirman los magistrados.

En relación con la ausencia de anteriores permisos o su permanencia en centros de régimen cerrado, destacan que "lo relevante en este momento es que progresó a segundo grado, tiene destino remunerado y expresa agradecimiento ante la confianza que se le ha otorgado", lo que evidencia "una evolución positiva desde la perspectiva del tratamiento". "Luego el valor predictor de los elementos tenidos en cuenta para pronosticar el peligro de quebrantamiento es muy bajo, lo que debilita esa conclusión", añaden.

El permiso autorizado a Bores cuenta con el aval de la Junta de Tratamiento de Nanclares de la Oca, que aconsejó la medida, entre otros factores, por contar con un "comportamiento responsable", "motivación favorable al cambio", "voluntad manifiesta de abono de la responsabilidad civil impuesta", "apoyo familiar" y "hábitos laborales".  

Dos asesinatos

Bores llegó al penal alavés en abril de este año después de pasar unos meses en la cárcel de Zuera (Zaragoza), donde ingresó el 9 de julio de 2009, procedente de Murcia. Detenido el 19 de marzo de 1998, fue condenado por el atentado contra la base militar de Araca (Álava) en mayo de 1997 y por constituir en 1996 el 'comando Araba'.

En el año 2000 la Audiencia Nacional le impuso 28 años de cárcel como cómplice del asesinato el 28 de abril de 1994 del cabo primero de la Guardia Civil José Benigno Villalobos Blanco en Vizcaya. Un año antes fue condenado a otros 14 años por su implicación en el asesinato del policía nacional José Santana Ramos perpetrado el 21 de agosto de 1994 en Berango (Vizcaya).

La Audiencia Nacional también autorizó en septiembre pasado un permiso similar a la histórica Carmen Guisasola, condenada a más de 150 años cárcel por varios delitos terroristas, entre ellos cuatro asesinatos que cometió entre 1983 y 1990. En mayo de 2010 firmó, junto a otros siete históricos de la organización, una carta en la que planteaba la necesidad de reparar a las víctimas.