El sector público, en el punto de mira de los futuros recortes del Gobierno de Rajoy

Mariano Rajoy ha comenzado a sentir la presión exterior para que aplique inmediatamente las primeras medidas de recortes económicos. Sin darle un respiro, la canciller alemana, Angela Merkel, aprovechó su mensaje de felicitación por la victoria electoral para urgirle a que ponga en marcha "sin demora" las reformas necesarias. 

A lo largo de la semana, ni la subida de la prima de riesgo (el lunes cerró con 464 puntos básicos, 23 por encima del cierre del viernes) con la que le recibieron los mercados ni el encuentro con Rodríguez Zapatero han conseguido que Rajoy rompa su silencio. Lo único que adelantó el futuro presidente del Gobierno durante la campaña electoral es que “habrá recortes en todo, salvo en las pensiones”.

Hasta que el líder popular ponga sobre la mesa sus planes, todas las miradas recaen sobre Castilla-La Mancha, donde María Dolores de Cospedal ha puesto en marcha un plan de ajustes que, como el mismo Rajoy advirtió, debe servir de ejemplo a toda España. Por el momento, la número dos del PP ha anunciado la supresión del 60% de los altos cargos públicos y del 50% del personal de confianza con lo que prevé ahorrar 1.815 millones de euros. Asimismo, tiene previsto recaudar 97,7 millones mediante la venta de edificios, coches y acciones, y reducir un 20% el presupuesto del ente público de la televisión manchega, así como la supresión de empresas públicas y subvenciones.

Con estas medidas el sector público se presenta como el auténtico sacrificado, no solo en Castilla-La Mancha, si no también en otras de las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Este es el caso de Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura e Illes Balears.

Recortes sobre el Estado de Bienestar

Los líderes nacionales del PP no se cansan de repetir que no habrá recortes sociales, sin embargo en Galicia se ha suprimido la gratuidad de libros de texto, en Castilla-León se ha acordado un recorte de hasta un 5,5% en el presupuesto de educación y en Castilla-La Mancha se ha retirado la paga semestral de 400 euros a las 32.000 viudas de la región.

Por su parte, en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre anunció una reducción de 2.500 profesores, pese a que la enseñanza pública cuenta este curso con 14.000 alumnos más. Esta medida se acompañó con el anuncio de la disminución de rutas de transportes escolares y becas de comedor y material, así como el aumento de las horas lectivas del profesorado.

Por último, en lo que a la sanidad respecta, Baleares es un ejemplo de comunidad popular donde la crisis ha perjudicado el servicio público. El ejecutivo de José Ramón Bouza ha suprimido las derivaciones de intervenciones quirúrgicas a las clínicas privadas, lo que supondrá un ahorro de más de un millón de euros. Sin embargo, la medida está provocando que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas se hayan disparado de manera alarmante, superando los 180 días que establece como tiempo máximo el decreto autonómico y estatal.

En cualquier caso, estos recortes, a priori “impopulares”, no pasaron factura al PP en las pasadas elecciones. Por lo que no parece que Mariano Rajoy tenga motivo para no seguir los pasos de los gobiernos autonómicos de su partido.

El triunfo de CiU “da alas” a Rajoy

Los nacionalistas catalanes no solo parecen no haber sufrido el desgaste de su primer año en el Ejecutivo autonómico, sino que han salido indemnes de los drásticos recortes en sanidad que han puesto en marcha desde la Generalitat. Pese al profundo malestar social provocado por esos ajustes, CiU ha logrado por primera vez en la historia el triunfo en unas elecciones generales, desbancando al PSC.

Ante el respaldo electoral Artur Mas, presidente de Cataluña, anunció el martes nuevas medidas para su comunidad: subidas en transportes, tasas y copago. Un nuevo programa de ajuste que ha contado con el apoyo del Partido Popular, lo que puede interpretarse como una pista más de los pasos que el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que dar próximamente.