La investigación de los EREs falsos entrará de lleno en la campaña electoral andaluza

El escándalo de los EREs falsos en la Junta de Andalucía tendrá cada vez más protagonismo en la política andaluza. Mercedes Alaya, magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sigue dictando autos que acorralan al presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán. La investigación alcanzará de lleno la campaña electoral andaluza.

El último escrito judicial de Alaya pide investigar a Griñán en su etapa de consejero de Economía y Hacienda con Manuel Chaves al frente del Ejecutivo andaluz. En el auto del pasado martes, Alaya anuncia que está examinando las ayudas que concedía la Junta de Andalucía y que, según la magistrada, indicaban "una ausencia total de procedimiento", en la etapa de Griñán como consejero de Hacienda del Gobierno andaluz.

En el auto al que tuvo acceso El Confidencial, la juez reclamaba las autorizaciones del "titular de la Consejería de Economía y Hacienda", actualmente en manos de Carmen Martínez Aguayo, sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas. De esta manera, los EREs han estallado al PSOE en la recta final de la campaña y aunque ni el presidente de la Junta ni ningún dirigente andaluz lo han admitido públicamente los autos de la juez están provocando nervios en el socialismo sureño.

Los abogados de la Junta han recurrido la decisión. “Un elemental ejercicio de prudencia obliga a determinar, con carácter previo al acuerdo de la práctica de la diligencia, si el procedimiento que se investiga incluye o no en su regulación el trámite”, precisa el recurso presentado por el letrado del Gobierno andaluz. 

La consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo socialista, Mar Moreno, ya acusó a la magistrada de haber cometido "un error de bulto" al dictar un auto en el que se realiza una petición que no tiene "fundamento jurídico alguno". "Con voluntad o sin voluntad, errores de este tipo conducen a que el PP consiga sus objetivos políticos", argumentó Moreno.

El PSOE cree que Alaya está haciéndole el juego estratégico al equipo de Javier Arenas. De hecho, Alfonso Guerra insinuó que había existido una relación profesional entre Alaya y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, por llevar algún expediente entre los dos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consiguió frenar la ofensiva del PSOE andaluz contra la magistrada.

La extensión de la investigación a otras consejerías y, sobre todo, la resurrección del caso Matsa, la empresa donde trabaja como apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno, trae como consecuencia que los EREs falsos no se centrarán en las ayudas concedidas por el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el que destapó el fondo de reptiles de 700 millones de euros.

La Junta y la oposición esperan impacientes los nuevos autos de la juez. Mientras, todavía se encuentra por resolver qué ocurrirá con exaltos cargos de la Junta de Andalucía como los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y, lo más importante, en qué medida afectará electoralmente este mayúsculo escándalo al deteriorado PSOE andaluz.