La Casa Real teme que el 'caso Urdangarín' acabe salpicando a la infanta Cristina

La preocupación en la Casa Real por el caso Urdangarín es máxima. No solo por las consecuencias jurídicas, institucionales e incluso personales de la probable imputación del yerno del Rey en la causa que instruye el juez de Palma José Castro, sino por el temor a que las sospechas de corrupción acaben salpicando a la hija menor de Don Juan Carlos, la infanta Cristina de Borbón, según han señalado a El Confidencial fuentes muy cercanas a La Zarzuela.

La esposa de Iñaki Urdangarín no aparece directamente mencionada en la lista de 14 "personas investigadas" inicialmente por Castro. Pero el juez sí incluye en su resolución del pasado día 7, en la que ordenaba el registro de las sociedades vinculadas a la red corrupta, dos empresas de las que la infanta formaba parte: el Instituto Nóos, epicentro de la trama que captó fondos públicos de forma presuntamente fraudulenta, y la promotora inmobiliaria Aizoon S. L, a la que fue desviada una parte de ese dinero.

La mera posibilidad de que la infanta Cristina sea citada a declarar como testigo por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha encendido las luces de alarma en la Casa Real. La pregunta que muchos se hacen ahora, dentro y fuera de La Zarzuela, es: ¿se atreverá el juez Castro a dar ese paso? El daño que esa imagen causaría al prestigio de la Corona sería incalculable, pero lo cierto es que, como recuerdan las fuentes consultadas, no existe ningún obstáculo constitucional que lo impida, porque el único miembro de la Familia Real que goza de inmunidad es el propio monarca.

El artículo 56.3 de la Constitución señala que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Ese precepto significa que Don Juan Carlos tiene impunidad jurídica y política, ya que los responsables de sus actos son "las personas que los refrenden" (artículo 64.2), es decir, el presidente del Gobierno o los ministros competentes. El Rey es, sin embargo, el único miembro de la Familia Real que goza de esa prerrogativa: ni siquiera el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona, está protegido por ese paraguas constitucional.

Secretaria y vocal

La infanta Cristina figura como secretaria del Consejo de Administración de Aizoon S. L., una de las empresas investigadas por el juez. Urdangarín, su marido, es el presidente y administrador único de la sociedad, a la que el duque de Palma desvió presuntamente una parte de los fondos públicos concedidos de forma irregular por los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos del PP. ¿Estaba al tanto la hija menor del Rey de esas operaciones? ¿Conocía la infanta el origen supuestamente ilícito de ese dinero?

Según publicó ayer El Mundo, Cristina de Borbón también formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos, la entidad supuestamente sin ánimo de lucro que captó los fondos cuyo origen y destino final investigan ahora Castro y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach. El ex número dos de Urdangarín en Nóos, Diego Torres, que ya está imputado en la causa, declaró al juez que la infanta fue vocal de la Junta de la sociedad entre 2003 y 2006, periodo en el que su marido ocupó el cargo de presidente.

El fiscal, sin embargo, no cita a la infanta por su nombre en el escrito en el que solicitó al juez el registro de la sede del Instituto Nóos. Horrach afirma que el "comité de dirección" de la sociedad lo integraban, "entre otros" -una apostilla que deja la puerta abierta a nuevos implicados-, Urdangarín, Torres, Ana María Tejeiro -esposa de Torres-, Miguel Tejeiro y Marcos Tejeiro, ambos hermanos de aquélla, que figura como responsable del área jurídico-fiscal.

Según las fuentes consultadas, la fiscalía no tomará ninguna decisión sobre Urdangarín y su esposa hasta que el Grupo de Delincuencia Económica de la policía y los peritos de la Agencia Tributaria nombrados por el juez concluyan el análisis de la abundante documentación intervenida en el registro del Instituto Nóos. Fuentes jurídicas, sin embargo, consideran inminente la imputación del duque de Palma por presunta malversación, falsedad documental y otros delitos.