Huelga de médicos en plena polémica por la muerte de dos pacientes

Los médicos catalanes inician hoy una huelga de dos días en protesta por los recortes que tiene previstos el Gobierno que encabeza Artur Mas. La huelga está convocada por el Sindicat de Metges de Catalunya (MC), organización mayoritaria entre los facultativos. La protesta se produce justamente cuando se conoce que dos mujeres murieron en pleno conflicto de los recortes sanitarios por no ser operadas a tiempo.

Una familia de Gerona ha presentado una querella en los juzgados de Barcelona por la muerte de una paciente de 65 años, Carmen Mesa, que pasó por cuatro centros hospitalarios antes de tener un derrame cerebral y morir. Mesa fue llevada al Hospital de Blanes, al Josep Trueta de Gerona, al Vall d’Hebron y al Clínico, antes de fallecer por un aneurisma el pasado 16 de septiembre.

La familia no entra en si hubo o no negligencia médica, sino que la querella se basa en la supuesta vulneración del artÍculo 542 del Código Penal, que castiga a los funcionarios o cargos públicos que impidan el derecho a otros del ejercicio de derechos civiles reconocidos en la Constitución y las leyes.

El director de Vall d’Hebron, Jaume Roigé, manifestó ayer que la muerte de la paciente no tiene nada que ver con los recortes. “Cuando llegó a este centro fue derivada al Clínico para practicarle una ‘embolización’ [cierre de los vasos sanguíneos]”, ya que en el otro hospital tenían los recursos técnicos adecuados y estaban de guardia los mejores especialistas en la materia.

“Este hospital considera que actuó correctamente desde el punto de vista médico, ya que destinó todos los recursos humanos y tecnológicos de los que disponía para el tratamiento de esa paciente, que fue atendida correctamente en todo momento, subrayó Roigé. Sin embargo, no aclaró por qué se suspendieron las intervenciones quirúrgicas que tenía programadas, primero para el día 8 y luego para el día 9 de septiembre.

La familia afirma que el hospital les dijo que no fue posible operarla porque no había quirófanos disponibles, aunque esta circunstancia no es corroborada por el centro, que dice que el primer día no se pudo llevar a cabo porque “en la sala en la que se realiza la angiografía no está disponible el sistema de road zapping”. El día 9, tras el nuevo aplazamiento, fue operada en el Clínico, pero falleció seis días después.

El 29 de septiembre, otra paciente de 63 años murió en el Hospital Sant Pau a causa de una hemorragia interna en el hígado. Cuando acudió a urgencias, se planteó la posibilidad de realizar una arteriografía paliativa, pero para ello debía ser derivada al Clínico. Un súbito empeoramiento frustró esta posibilidad y poco después la paciente moría. Según la familia, el Sant Pau le dio la posibilidad de esperar al día siguiente la llegada de un radiólogo, ya que no había ninguno en el centro, o enviarla al Clínico. Sin embargo, no había personal para conducir la ambulancia. En ese momento, se producía en el exterior una manifestación contra los recortes sanitarios. La familia estudia ahora la posibilidad de interponer una denuncia en los juzgados.

Todos los sindicatos en contra

En esta coyuntura llega la huelga de los médicos, a la que se oponen el resto de los sindicatos, porque consideran que no es la mejor ocasión para tomar una determinación tan drástica. Es más, el propio Instituto Catalán de la Salud (ICS) hizo público un comunicado en el que instaba a Metges de Catalunya a sumarse al acuerdo “consensuado por todos” (es decir, por la Administración y los sindicatos CCOO, UGT, Satse y Catac) que desbloqueaba a finales de la pasada semana la negociación sobre los recortes.

El Gobierno catalán quería ahorrar 45 millones de euros recortando los salarios de los 40.000 empleados públicos de la sanidad catalana, pero esta cifra ha quedado ya reducida a la mitad. Tanto desde el Gobierno como desde los otros sindicatos se acusa a MC de utilizar la campaña electoral para sacar réditos económicos de los comicios. “Dicen que son el sindicato mayoritario, pero aunque en el ICS sí tienen dos delegados más que nosotros, en la red pública de hospitales son la tercera fuerza sindical”, señala a El Confidencial una fuente de CCOO.

Paralelamente, un juzgado de Barcelona acaba de condenar al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a indemnizar con 6.601 euros a la hija de una mujer que falleció en el año 2000 porque se le practicó un TAC con varios días de retraso. Los hechos ocurrieron en el hospital General de Igualada. La paciente fue intervenida el 13 de abril de aquel año para tratarle la obesidad y tenía trastornos epilépticos, cardiacos y psicológicos. Once días después, recibió el alta, pero al cabo de un mes regresó por dolores abdominales y vómitos.

Los médicos observaron enseguida que tenía signos de necrosis, una patología incurable. Aún así, tardaron cuatro días en poder realizarle el TAC, que arrojó un diagnóstico de isquemia intestinal. La mujer falleció el 1 de junio. Los jueces consideran que lo lógico hubiera sido practicarle un estudio radiológico inmediato, debido a sus antecedentes y, de no tener los medios necesarios, deberían haberla derivado a otro hospital. La familia de la víctima pidió una indemnización de 120.000 euros, pero el tribunal la ha cifrado a unos simbólicos 6.601 euros.