La Fiscalía no decidirá si ve indicios de delito en el 'caso Blanco' hasta después del 20-N

La maquinaria judicial contra José Blanco ha dado el pistoletazo de salida. El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que emita un informe sobre la competencia de este Alto tribunal para investigar al ministro de Fomento en el marco del 'caso Campeón'. Fuentes jurídicas apuntan que el escrito no será enviado hasta después de las elecciones generales del 20-N, apelando a la propia doctrina del Tribunal Constitucional de abstenerse en tiempos electorales de pronunciarse sobre asuntos que puedan afectar a los resultados de los comicios.

El Ministerio Público no sólo tendrá que informar sobre la competencia del Supremo sino sobre el fondo. Es decir, si existen indicios suficientes para imputar a Blanco de los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias, tal y como apunta la juez de Lugo Estela San José en la exposición razonada remitida a la Sala de lo Penal del máximo órgano judicial el pasado 31 de octubre.

El Ministerio Fiscal ya solicitó en su momento a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la provincia gallega que dejara de investigar y remitiera la causa al Supremo ya que “existen indicios de una presunta comisión por parte de José Blanco de los delitos de cohecho y tráfico de influencias”.

A pesar de considerar la existencia de hechos presuntamente delictivos, la Fiscalía se opuso en su momento a que la juez ordenara la realización de un informe pericial contable al considerar que podría “arrojar luz” sobre la implicación de Blanco cuando no es competencia de ese Juzgado seguir con la investigación.

Fue a raíz de la declaración del empresario Jorge Dorribo el 8 de agosto tras su detención, que declaró sobre la implicación de Blanco para la aceleración de trámites, cuando la juez decidió incorporar las conversaciones entre Blanco y varios empresarios, entre ellos el vicepresidente de la empresa de transportes Azkar, José Antonio Orozco, a las diligencias previas.

Una vez que se tuvo conocimiento público de la posible implicación de Blanco en el 'caso Campeón' fue cuando el fiscal general del Estado se pronunció sobre su amistad. Cándido Conde-Pumpido emitió un decreto en el que anunciaba que se apartaba de todas las decisiones que el Ministerio Público deba adoptar sobre el dirigente socialista.

Aún así, una vez celebradas las elecciones todo este asunto puede dar un giro de 180 grados. Primero, porque Conde-Pumpido ya no será fiscal general al llegar a su fin su mandato. Segundo, que en caso que sea el Partido Popular el vencedor de los comicios, Blanco dejará de ser ministro. A partir de ahí, habrá que esperar si se mantiene como diputado. En el caso que abandone la política, dejaría de ser aforado y el asunto volvería a Lugo.

La investigación se inició en 2010 cuando la juez abrió unas diligencias previas por un presunto delito de fraude de subvenciones y delitos contra la administración pública en los que aparecían implicados un grupo de empresarios, entre los que se encuentran Jorge Dorribo, Carlos Monjero, Javier Rodríguez y José Antonio Orozco. Todos ellos habrían establecido relaciones comerciales entre sí hasta el punto de crear sociedades en los que tendrían la consideración de socios y que recibirían como fondos parte de unas subvenciones y préstamos obtenidas de manera ilícita.

En el curso de la investigación se pudo conocer a Dorribo es uno de los socios mayoritarios y administrador de Laboratorios Asociados Nupel. Este empresario -que después contó a la juez como se reunió con Blanco en una gasolinera- contrató los servicios de asesoría de Proitec, empresa que gestiona subvenciones y de la que son socios Monjero y Rodríguez. El objetivo era que consiguiera una subvención y un préstamo gestionado por el IGAPE, organismo autonómico de la Xunta de Galicia, y una subvención del Ministerio de Economía.

Orozco a su vez sería socio con los anteriores en una sociedad en Andorra, Salut D'Innovació. En dicho entramado empresarial y personal surgen indicios que hacen suponer que la obtención del préstamo ante el Ministerio de Economía habría pasado por la intermediación de Orozco con José Blanco.