Urdangarín se enfrentará a más de 15 años de prisión si es imputado por el juez

El cerco judicial sobre Iñaki Urdangarín se estrecha cada día más, después de que la policía se incautase el pasado lunes en Barcelona y Valencia de abundante documentación sobre el Instituto Nóos, que obtuvo entre 2005 y 2006 casi cinco millones de euros en subvenciones cuando el yerno del Rey ocupaba el cargo de presidente. La entidad, supuestamente sin ánimo de lucro y dedicada al patrocinio y mecenazgo deportivos, se habría apropiado de fondos públicos mediante la utilización de facturas falsas y otros artificios contables, según señalaron ayer a El Confidencial fuentes de la investigación. 

La Casa del Rey guarda por ahora un prudente silencio oficial, pero la preocupación de Don Juan Carlos y su entorno más cercano es máxima. Sobre todo después de que la institución monárquica registrase en octubre, por primera vez en la historia, un suspenso (4,89 puntos) en valoración y confianza de los ciudadanos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).  

El juez José Castro, que investiga ésa y otras ramificaciones del caso Palma Arena -centrado en el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente balear Jaume Matas, del PP-, ya ha imputado al empresario Diego Torres, número dos de Urdangarín en aquellos años y ahora máximo responsable del Instituto Nóos. El marido de la infanta Cristina de Borbón podría ser el próximo en caer, según dan prácticamente por hecho las fuentes consultadas.

Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, y Pedro Horrach, fiscal anticorrupción de Baleares, tratan ahora de averiguar dónde fueron a parar las millonarias subvenciones que el Gobierno autonómico de Matas, primero, y más tarde la Generalitat valenciana de Francisco Camps, concedieron al Instituto Nóos en 2005 y 2006. Torres, entonces vicepresidente a las órdenes de Urdangarín, apenas pudo presentar el pasado mes de junio un puñado de justificantes plagados de irregularidades durante la declaración que prestó ante el juez en calidad de imputado.

Según las fuentes consultadas, Urdangarín y Torres organizaron un "entramado societario" para desviar los fondos públicos y privados que recibían del propio Instituto Nóos. La entidad de patrocinio deportivo fijaba supuestamente unos precios desproporcionados por los servicios que prestaba a los Ejecutivos autonómicos, y luego desviaba el dinero cobrado a ese entramado controlado por el Duqe de Palma y su socio.

Malversación, falsedad, fraude...

Urdangarín, que reside en Washington (EEUU) con la hija y los nietos del Rey, podría ser imputado hasta por cinco delitos, según las fuentes de la investigación consultadas: malversación de caudales públicos -como cooperador necesario-, fraude a la administración, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. De ser así, el Duque de Palma se enfrentaría a penas que superan los 15 años de prisión. El registro policial de la sede de Nóos en Barcelona, el pasado lunes, y la documentación intervenida ese mismo día en la Consellería valenciana de Presidencia pueden ser determinantes para que el juez decida la imputación del ex jugador de balonmano.

Según esas fuentes, si Torres ya ha sido imputado no hay razón jurídica alguna que evite a Urdangarín correr la misma suerte. Aquél estaba a las órdenes del yerno del Rey cuando el Instituto Nóos firmó en 2005 y 2006 dos convenios con el Ejecutivo de Baleares, por un importe global de 2,3 millones de euros, para organizar en Palma sendos foros sobre turismo y deporte de tres días de duración cada uno. Torres era también el número dos del Duque de Palma cuando la Generalitat de Camps pagó a Nóos más de 2,5 millones de euros para promocionar la candidatura de Valencia como sede de los I Juegos Europeos, que nunca llegaron a celebrarse.

La doble operación policial ordenada el lunes por Castro, con el respaldo del fiscal anticorrupción, apenas ha sorprendido en medios jurídicos, que consideran a aquél un juez "aguerrido y con un gran coraje judicial". Y que parece dispuesto a llegar hasta el final, añaden, para depurar las presuntas responsabilidades penales de Urdangarín. La policía, siguiendo instrucciones de Castro, volvió a interrogar ayer a Torres en Barcelona sobre el contenido de la documentación intervenida.

Los agentes policiales registraron también el lunes en la capital catalana la sede de Aizoon, una promotora inmobiliaria propiedad de Urdangarín y su esposa. Aizoon, a la que el yerno y la hija del Rey desviaron presuntamente una parte del dinero pagado por el Gobierno de Matas, ha vuelto a dar beneficios tras cerrar el ejercicio anterior con pérdidas. La inmobiliaria posee el 1% de las accciones de Mixta África, una promotora especializada en la construcción de viviendas de bajo coste en el continente africano y controlada por el príncipe saudí Alwaleed Bin Talal, que está imputado en España por abusos sexuales contra una modelo madrileña de 20 años, presuntamente cometidos en Ibiza en el verano de 2008.