El PP aplicará a los destrozos en vía pública medidas 'anti kale borroka'

Perseguir los destrozos de bienes públicos y privados como si fuera “terrorismo callejero”, que los padres paguen los desperfectos por “incivismo” que ocasionen los menores y que los hijos de los militares puedan estudiar en español aunque residan en Cataluña o el País Vasco son algunas de las propuestas más de detalle que incluye el programa electoral que el comité ejecutivo del Partido Popular aprobará hoy, apenas cinco días antes de que empiece la campaña para los comicios generales del próximo 20 de noviembre. El PP da respuesta a peticiones de jueces, fiscales, policías y militares para garantizar mejor la seguridad ciudadana o solucionar problemas internos en el Ministerio de Defensa como la ley de la carrera militar.

Más allá de las penas de privación de libertad o las sanciones administrativas genéricas, los gobiernos de Aznar afrontaron hace diez años el fenómeno del terrorismo callejero con reformas y medidas de rápida y clara aplicación contra la llamada kale borroka que solucionaron en gran medida el problema de los destrozos en el mobiliario urbano, cajeros automáticos o cabinas de teléfono en el País Vasco y Navarra. El fenómeno casi desapareció en cuanto los responsables de los daños tuvieron que hacer frente al coste de las reparaciones o reposiciones de lo que destruían. Y cuando se trataba de menores de edad, los padres cargaban automáticamente con las responsabilidades económicas. El programa del PP incluye ahora la propuesta de aplicar los mismos principios a “las infracciones por incivismo”.

El texto es un aviso al creciente movimiento okupa, la derivada violenta del 15-M o la tentación de la extrema izquierda de fomentar el disturbio callejero para hacer oposición. “Trasladaremos a los infractores el cobro de la reparación de los desperfectos originados en la vía pública”, dice el programa del Partido Popular además de asumir que si llega al Gobierno reforzará “la exigencia de responsabilidad de padres o tutores legales si se trata de menores de edad”. También en el terreno de la seguridad ciudadana se incluye otro capítulo que recoge peticiones de las fuerzas de seguridad y de los jueces para perseguir de manera más efectiva la delincuencia: gravar la reincidencia en el delito con una nueva regulación legal.

En el apartado de Defensa, el PP se compromete a revisar la ley de la carrera militar, principal reforma interna impulsada en el Ministerio de Defensa por los socialistas, recurrida por miles de oficiales y suboficiales que se sienten perjudicados en materia de ascensos y que está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El partido que preside Mariano Rajoy entiende que deberá estudiar y cambiar los efectos de la citada ley con el fin de preservar “la seguridad jurídica, la profesionalidad, la adecuada formación y el futuro de nuestras Fuerzas Armadas”.

El programa recoge y da la razón a los militares en sus principales quejas de orden interno, incluso doméstico, como una de las pocas instituciones de ámbito nacional que quedan en España junto con la Judicatura. El PP se compromete a poner en marcha “un plan de asistencia familiar para facilitar la movilidad geográfica, la vivienda, la educación, la sanidad, el idioma, la conciliación, y la seguridad de los cuarteles y de sus residentes”. Bajo ese epígrafe está, sobre todo, el problema de la educación de los hijos de los militares destinados en las Comunidades Autónomas donde el español está proscrito como lengua “vehicular” de la enseñanza (Cataluña) o relegado frente a la lengua de origen local (País Vasco).

Los militares, al ser destinados a regiones donde los nacionalistas han impuesto sus programas de marginación o exclusión del castellano en el sistema educativo, se enfrentan al dilema de dejar a sus hijos en los lugares donde han empezado el colegio o someterlos al previsible retraso en los estudios que conlleva la inmersión lingüística obligatoria que se da en comunidades como la catalana.

Los miembros de las Fuerzas Armadas no eligen destino libremente y, pese a ello, el Ministerio de Defensa no se ocupa de compensar de alguna forma el problema que se plantea a sus familias cuando en la zona de la base u oficina dependiente del departamento no se imparte la educación en la lengua común: ni profesores de refuerzo ni colegios especiales como sí encuentran en las delegaciones en el exterior gracias a las embajadas.

La actual ministra de Defensa, Carme Chacón, no sólo no ha tomado medida alguna ante esas quejas de los militares, sino que durante esta precampaña ha salido en defensa del modelo de inmersión lingüística en Cataluña impuesto en su día por CiU (sólo catalán), que es el que más quebraderos de cabeza da a las familias de sus subordinados destinados en las unidades con sede en la comunidad autónoma.