Blanco maniobra para evitar que el 'caso de la gasolinera' llegue al Supremo antes del 20-N

José Blanco trata de evitar a toda costa que el caso de la gasolinera -que le ha salpicado de lleno tras las acusaciones vertidas contra él por el empresario Jorge Dorribo, que se reunió con él en secreto en una estación de servicio y al que habría pagado 400.000 euros en comisiones- estalle antes de las próximas elecciones para evitar males mayores al PSOE, cuya candidatura por Lugo encabeza el ministro de Fomento, y a su candidato a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba. El objetivo es que el juzgado de Lugo que investiga el caso lo eleve al Tribunal Supremo -dada la condición de aforado de Blanco- tras el 20-N como mal menor.

Primero fue la sustitución de la fiscal del caso, que fue repentinamente apartada el pasado día 13 del sumario que instruye la juez Estela San José, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, y reemplazada por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Javier Rey. Aquel día, Dorribo -en libertad provisional tras ser detenido en el transcurso de la llamada Operación Campeón contra el fraude en la concesión de subvenciones públicas en Galicia e imputado por cohecho y blanqueo de capitales- volvió a prestar declaración ante San José. Pero esta vez lo hizo en presencia de Rey, un hombre muy cercano al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, según fuentes de la investigación consultadas por El Confidencial.

Aquel cambio inesperado de fiscal ya fue calificado entonces por el PP como "una muestra más de los servicios que presta Conde-Pumpido al Gobierno", del que depende jerárquicamente, según denunció el secretario de Comunicación de Génova, Carlos Floriano. En aquella declaración, según las mismas fuentes, Dorribo aportó a la juez abundantes documentos para apuntalar sus acusaciones contra Blanco, a los que, obviamente, también tuvo acceso Rey. De esta forma, el ministro de Fomento y número dos del PSOE, añaden esas fuentes, puede estar al corriente del sumario pese a que éste continúa secreto por decisión de la juez San José.

Nuevas pruebas

Ahora, el fiscal jefe de Lugo ha ido un paso más allá. Rey ha pedido a San José que, antes de elevar la causa al Tribunal Supremo para que éste decida si cabe proceder contra Blanco, ordene nuevas pruebas testificales y periciales, lo que, con toda seguridad, dilataría la investigación más allá de las elecciones del 20-N, según las fuentes consultadas. Éstas aseguran que la juez ve indicios suficientes para remitir ya al Supremo la parte del sumario que afecta a Blanco, pero que aún no lo ha hecho por la oposición del fiscal, que considera poco relevante la documentación aportada por Dorribo.

Elevar la causa al Supremo no supondría automáticamente que éste pidiese un suplicatorio al Congreso para proceder contra Blanco. De hecho, el alto tribunal suele observar a rajatabla la ley no escrita de postergar ese tipo de decisiones durante las precampañas y campañas electorales. Pero significaría, sin duda, un tremendo varapalo para las aspiraciones políticas del ministro de Fomento y portavoz del Gobierno y, tal vez, la puntilla para un Rubalcaba que, lejos de remontar en las encuestas, ve cómo sus expectativas de lograr un vuelco electoral se hunden cada día en el pozo que presagian todos los sondeos.

Dorribo, que tras su puesta en libertad por San José ha trasladado su residencia a Alicante, confesó a la juez que pagó 400.000 euros en comisiones a Blanco, otros 350.000 al ex consejero de la Xunta de Galicia y parlamentario del BNG Fernando Blanco y 200.000 más al diputado autonómico del PP Pablo Cobián. Estos dos últimos presentaron su dimisión 48 horas después de que estallara el escándalo, dejando al ministro de Fomento en una situación muy comprometida. Pero Blanco ha negado una y otra vez todas las acusaciones y sigue aferrado a sus cargos.