El ‘efecto absolución’ prende en Malaya: todos ‘cantan’ contra Roca y Yagüe

Visto y no visto. Aún no hay sentencia pero ya existe el primer imputado absuelto en el juicio por el 'caso Malaya’. Se llama Javier Pérez, hijo del empresario Pérez Peña. Este último canjeó su pena de cárcel y la de su vástago a cambio de acusar a Roca y a la alcaldesa Marisol Yagüe, al admitir que pagó sobornos. Así de claro. Lo que no ha obtenido la instrucción de Miguel Ángel Torres, ni siquiera el entramado de la investigación policial, lo ha conseguido un “trueque” entre fiscal  e imputados.

Uno de los letrados personado en la causa afirmaba el miércoles a este periódico que “en época de crisis hasta los ‘trueques’ en la Justicia se ponen de moda. Y más en este caso en que todas las pruebas patinan. Esta ha sido la solución perfecta para el  fiscal.”

El miedo de algunos abogados es que el tema de los pactos con el ministerio público “empiece a cundir como la pólvora”. Con cierta sorna, el togado critica estos métodos, a su modo de ver, poco ortodoxos. “Es tan increíble lo que está ocurriendo que parece que estamos en la época del colegio: si te chivas te doy un caramelo. Y así los primeros dulces empiezan a repartirse en la Ciudad de la Justicia”.

El fiscal López Caballero lo tiene muy claro y le dan igual las críticas. Sus métodos se ajustan al estado de derecho y tira hacia delante caiga quien caiga. Son empresarios de siglas anónimas los que están poniendo bajo las cuerdas a los presuntos culpables del proceso. La fiscalía es proclive a estos acuerdos de conformidad, que al fin y al cabo son los únicos que pueden conseguir agilizar el desarrollo lento que hasta ahora llevaba el proceso.

La absolución de este primer imputado tiene un precio: Pérez Peña y su hijo eluden la prisión por un testimonio inculpatorio que refuerza en gran medida una de las pruebas principales: la de la contabilidad privada de Roca de Maras Asesores, y en la que se consignó el pago de 180.100 euros del empresario, así como otros 33 millones de euros de promotores.

Han tenido que pasar casi cien sesiones del juicio para que dos de los 95 procesados admitan haber cometido los delitos que hasta ahora les imputa la fiscalía. Hasta el día de hoy nadie era culpable de ninguna de las imputaciones: ni los  nombres más mediáticos ni tampoco los anónimos.

Carmelo Armenta ha sido el segundo empresario en pactar. Le acusaban de falsedad documental por firmar un contrato ficticio de venta de chalets que beneficiaba a Juan Antonio Roca. Al igual que Pérez Peñas, al reconocer el delito ha conseguido que la petición de cárcel sea sustituible por multa. La implicación de Carmelo Armenta en 'Malaya' está  relacionada con su amistad con el hijo de Ismael Pérez. En enero de 2006, Roca le pidió un préstamo en dinero ilícito a Pérez Peña, que finalmente fue de dos millones de euros.

Cuando Óscar Benavente y Jaime Hachuel, colaboradores de Roca, fueron a recoger el dinero, la policía lo intervino. Ante este imprevisto, los asesores jurídicos de Roca acordaron elaborar un falso contrato de compraventa de tres chalets adosados en Baleares para justificar la posesión de ese dinero intervenido. Carmelo Armenta accede “por su amistad con el hijo de Ismael Pérez Peña” a firmar este contrato “consciente en todo momento del fin perseguido con el mismo”. Su cárcel la cambia por admitir esta falsedad ante la Fiscalía.

La ruta del camino

La ruta del camino ha sido trazada. Hasta el momento hay un absoluto mutismo sobre quiénes pueden ser los próximos imputados en admitir sus delitos, reforzando así las teorías de la Fiscalía Anticorrupción, a cambio de la modificación de sus  condenas. Lo cierto es que el efecto “absolución” ha hecho mella en los 53 acusados que se sientan en el banquillo en esta cuarta  fase del juicio. Fuentes solventes aseguran a El Confidencial que habrá muchas sorpresas con los pactos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, ya que las negociaciones prosiguen con mas imputados.