La Fiscalía apoya el indulto a Alfredo Sáenz mientras los afectados se oponen

La Fiscalía ha apoyado la petición del consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, para que se le conmute la pena de tres meses de cárcel y de inhabilitación profesional que le impuso en marzo el Tribunal Supremo, mientras que los empresarios que lograron su condena se han opuesto al indulto. Según informaron fuentes jurídicas, tras recibir el informe favorable del Ministerio Fiscal y la oposición de los perjudicados, el Supremo elaborará en las próximas semanas el informe que le ha solicitado el Ministerio de Justicia para decidir si procede o no conceder la medida de gracia.

El último paso para que el Alto Tribunal redacte el informe se ha dado hoy, con la comparecencia de oposición celebrada en la Audiencia Provincial de Barcelona, que fue el primer tribunal que condenó a Sáenz y a otras dos personas por presentar en 1994 una denuncia falsa contra cuatro empresarios catalanes como medida de presión para que pagaran las deudas de sus empresas con Banesto. Tres de los empresarios han considerado que "la concesión de un indulto para las benignas penas impuestas" al número dos del Santander sólo podría entenderse como "el tributo del poder oficial al poder real de las finanzas".

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, los empresarios han sostenido que no existen argumentos para que el Gobierno conceda la medida de gracia, pues Sáenz no ha mostrado arrepentimiento alguno y no existen "razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública" para otorgar el indulto. Así, han afirmado que sería "un despropósito jurídico conceder la medida de gracia a quien no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento, y no lo muestra quien lejos de aceptar la condena, sigue discutiéndola, negando su corrección y planteando que le han sido lesionados sus derechos fundamentales".

De hecho, el consejero delegado del Santander recurrió el pasado mes de marzo su condena ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que revisara la actuación de la Audiencia Provincial de Barcelona y del Tribunal Supremo. Los empresarios también rechazan los argumentos de Sáenz de que concurren circunstancias para conceder el indulto, como las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso penal o el impacto del ejecutivo en la estabilidad del sistema financiero español. "Las víctimas del delito son los primeros perjudicados en la tardía respuesta judicial", han recordado los empresarios.

Además han señalado que las penas impuestas a Sáenz, al exejecutivo de Banesto Miguel Angel Calama y al abogado Rafael Jiménez de Parga "son de muy breve duración y no puede predicarse que son desproporcionadas a la grave conducta de acusar falsamente a unos ciudadanos de cometer delitos".

"Lo que hay, simplemente, es el desagrado, desasosiego, engorro o molestia de los condenados y una posición de proximidad a los círculos de poder que les permite confiar en un indulto sin esforzarse en consignar qué de injusta tiene su condena y en qué han cambiado sus personas desde los hechos y que, ahora, ya no harían lo mismo que hicieron", han afirmado.

En marzo, el Supremo condenó a Sáenz a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer cualquier actividad bancaria por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993. El Alto Tribunal consideró probado que el ejecutivo dio instrucciones para que en 1994 Banesto presentara, a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, como medida de presión para que pagaran 639 millones de pesetas que debían sus empresas.