El número dos del PSOE por Sevilla, en el punto de mira de la juez de los ERE

Tras la denuncia pública del PP andaluz, la juez Mercedes Alaya dicta un nuevo auto en su investigación sobre los ERES falsos, esta vez contra el socialista José Antonio Viera, secretario general del PSOE de Sevilla, y exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves. La juez Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, coincide con los argumentos del equipo de Javier Arenas que ha señalado a Viera como culpable de una trama de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. y de Chiclana de la Frontera y la pedanía jerezana de La Barca de la Florida, en la provincia de Cádiz.

Se trata de los 21 expedientes recogidos en el acta del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), fechado el 30 de enero de 2004 y firmado por Viera cuando era presidente del IFA, actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Trabajo.

El auto de Alaya es del 27 de septiembre y precisamente el PP de Andalucía envió a la juez la pasada semana toda la documentación que conocía de este caso. Según Arenas, el PSOE pidió a los populares que entregaran a la juez cualquier irregularidad. “Es lo que hemos hecho”, resalta Arenas. 

El PP-A remitió una fotocopia del acta del Consejo Rector del IFA en la que “se relacionan y da cuenta” de multitud de convenios de colaboración entre el IFA y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, mediante los que se instrumenta el pago de determinadas ayudas de las que se investigan en la presente causa.

La Junta de Andalucía tiene claro que el PP está organizando “una instrucción paralela” a la de juez Alaya, que no para de acorralar judicialmente al Ejecutivo andaluz. Tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 20 de septiembre, en su poder ya se encuentran todas las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2001 a la actualidad.

En este nuevo auto al que ha tenido acceso El Confidencial, anuncia que llamará a declarar el próximo jueves en calidad de imputado a Antonio Arquero, vecino de la localidad sevillana de El Pedroso, que se benefició “indiciariamente” de su amistad con Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, quien destapó la trama del fondo de reptiles de 700 millones de euros, para beneficiarse de una póliza de rentas de supervivencia subvencionado por la Junta, “sin que conste ni solicitud ni concesión de subvención o ayuda al mismo”.

Alaya también exige a la representación legal de la Junta copia impulsada de íntegra del contrato de servicios y factura por el asesoramiento del abogado de Jerez Ignacio Vergara por “asesoramiento a empresas y por importe de 150.000 euros que le fueron abonados en 2003”. La juez también citará a declarar como imputado a Antonio González Pérez, incluido en el ERE promovido en el año 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto' pese a no formar parte de su plantilla, y cuya declaración se preveía el pasado día 29 de septiembre.