Rubalcaba y Rajoy entran en guerra por el voto de empresarios y autónomos

Autónomos y pequeños empresarios se convirtieron ayer en objeto del deseo de los candidatos de los dos principales partidos. Alfredo Pérez Rubalcaba en Madrid y Mariano Rajoy en Valencia se enzarzaron en una batalla por seducir a ambos colectivos con una lluvia de promesas electorales para disputarse su voto el 20-N.

Si los socialistas apostaron en su Conferencia Política, que Rubalcaba clausurará hoy, por estímulos y líneas de crédito ICO para pymes y autónomos, los populares se comprometieron, en un foro dedicado a los emprendedores al que asistió Rajoy, a inyectar 3.000 euros por la contratación del primer trabajador de una firma de nueva creación. Pero la subasta electoral entre ambos partidos fue mucho más allá.

El PSOE llegó incluso a copiar una de las propuestas que el PP se ha comprometido a incluir en su programa electoral. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció ayer que la Comisión de Empleo de la Conferencia Política debatió y aprobó incluir en el programa socialista una nueva ley de fomento empresarial cuya medida estrella consistirá en "eliminar las trabas burocráticas para la creación de empresas", de forma que "en sólo 24 horas" puedan ser cumplidos todos los trámites.

La idea es casi un calco de la anunciada unas horas antes en Valencia por el PP, que apostó por "cambiar la normativa y los procedimientos con el objetivo de poder crear una empresa en 24 horas". La víspera, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, y el portavoz en el Senado, Pío García Escudero, ya abundaron en esa misma propuesta en el foro de emprendedores: "Tiene que ser posible que en España se pueda crear una empresa por internet en 24 horas, reduciendo costes y eliminando trámites innecesarios".

Contratación temporal

Otra de las propuestas debatidas en la Conferencia Política del PSOE y adelantada ayer por Gómez es que las empresas que más recurren a la contratación temporal contribuyan más a la financiación del desempleo en sus cotizaciones. Se trataría, según explicó el ministro de Trabajo, de que haya una "cotización diferenciada" para sufragar el desempleo, que distinga entre temporales e indefinidos. Esa medida, añadió, supondría un estímulo para la contratación indefinida y una penalización progresiva de la contratación temporal. Gómez recordó que el grueso de las listas del paro lo componen ex trabajadores temporales.

Los socialistas también acordaron ayer incluir en su programa el compromiso de seguir impulsando el trabajo a tiempo parcial, ya que, según Gómez, desde el plan de choque puesto en marcha el pasado mes de febrero por el Gobierno, el empleo a tiempo parcial está creciendo entre un 7% y un 8%. El ministro de Trabajo volvió a defender esa modalidad de contratación como "una buena forma de repartir el trabajo en situaciones de crisis".

La Comisión de Empleo de la Conferencia Política propuso, además, impulsar las bonificaciones en las cotizaciones sociales para los autónomos en su primera experiencia profesional y reordenar las bonificaciones que benefician a las empresas, que tienen que ser "mucho más selectivas", explicó Gómez, y deben servir para primar el acceso a puestos de trabajo de colectivos desfavorecidos.

Beneficios fiscales

La disputa por conquistar el voto de autónomos y pequeños empresarios tuvo en Valencia su otro campo de batalla. En el foro del PP dedicado a los emprendedores, Rajoy desgranó sus propuestas para crear empleo y fomentar la actividad económica. La medida más destacada fue la de premiar con 3.000 euros la contratación del primer trabajador de una nueva empresa, pero el programa electoral de los populares incluirá toda una batería de beneficios fiscales para pymes y autónomos.

El equipo económico de Rajoy ofrece cambiar el régimen de pago del IVA, compensar las deudas que las administraciones tienen con las empresas y una nueva exención en el impuesto de sociedades por las plusvalías que obtengan en la venta de sus activos fijos, siempre y cuando éstos se reinviertan en modernizar la actividad empresarial. En lo que respecta al impuesto de sociedades, el PP promete una rebaja para que las pymes que facturan menos de cinco millones de euros tributen al 20%, y aquellas que no superen los 12 millones lo hagan al 25%.

Pero los programas de Rubalcaba y Rajoy chocan frontalmente en materia de legislación laboral. El ministro Gómez dejó claro ayer que el PSOE no volverá a reformar el mercado de trabajo si continúa en el Gobierno. "Un país no puede tener su legislación laboral en constante cambio", afirmó, por lo que pidió tiempo para que las últimas reformas aprobadas puedan dar resultados. No obstante, el PP aboga por "impulsar una reforma que dote de estabilidad al empleo para los trabajadores y flexibilidad a la empresa", así como por "completar una reforma de la negociación colectiva para acercarla a la realidad de la empresa y para potenciar los acuerdos y convenios a nivel de empresa".

Falta de concreción

En este caso, los populares no aclaran en qué consistirán estos cambios, y esta nueva indefinición alimenta una de las principales críticas de Rubalcaba hacia su rival. Precisamente, el lema de la Conferencia Política del PSOE es Ideas de verdad, con el propósito de resaltar la diferencia entre el proyecto detallado del candidato socialista y la ambigüedad de Rajoy. Sin embargo, los socialistas apenas ofrecieron ayer detalles del contenido económico de su programa.

La ponente de la comisión encargada de esta materia, Inmaculada Rodríguez-Piñero, fue incapaz de concretar las medidas más relevantes que se incluirán en el programa: cómo se establecerán los impuestos a los bancos y a las grandes fortunas, cómo se protegerá del embargo a las familias hipotecadas, qué regulación se aplicará al régimen de tarifa en el caso de la electricidad o cómo se logrará que el sistema financiero vuelva a proporcionar crédito.    

En lo que sí fue claro el PSOE fue en poner fecha al cierre de la última central nuclear en España. Según anunció Rodríguez-Piñero, Rubalcaba pretende que en 2028 ya no quede ni rastro de esta fuente de energía, después de que cada planta se apague según lo previsto en su vida útil. No habrá más prórrogas, pero sí se podrán cerrar antes si no superan los nuevos controles de seguridad, más estrictos, que se planearon tras la crisis de Fukushima.