Una escolta del País Vasco, obligada a trabajar hasta la semana 12 de embarazo

Los escoltas del País Vasco no ganan para disgustos. Llevan décadas jugándose la vida pero ahora, en el ocaso de ETA, están pasando por una situación insostenible. Pero los despidos masivos que están sufriendo no llegan al grado de surrealismo del caso de Sandra B.R., embarazada de siete semanas y encargada de la protección de un político vasco que acude en las listas de las elecciones generales del 20-N: “En la mutua me dijeron que si trabajara de señora de la limpieza, en contacto con productos químicos, o de reponedora en un supermercado, levantando pesos, ya tendría la baja, pero de escolta, no”.

Sandra está anímicamente destrozada después de mantener esa conversación. Lo que le está ocurriendo es insólito: “Con mi primer hijo no hubo ningún problema y en todas las mutuas dan la baja a una escolta en cuanto se entera de que está embarazada. Esto sólo pasa con mi mutua en Guipúzcoa”, asegura a El Confidencial.

Sandra va armada y asume todos los riesgos propios de un escolta en el País Vasco, aunque actualmente la actividad de ETA no sea la de tiempos mucho más duros. Además, su trabajo no entiende de horarios, con jornadas que alcanzan las dieciséis o incluso las dieciocho horas, máxime en etapa preelectoral, con una actividad extraordinaria de su protegido. También conduce el coche asignado al político, lo que supone un riesgo añadido.

En esta tesitura Sandra se enteró de que estaba embarazada y lo comunicó a su empresa, Ombuds Compañía de Seguridad. Ésta ha emitido un informe en el que certifica que la trabajadora tiene “la categoría profesional de vigilante de seguridad con arma, en funciones de escolta, incompatible con su actual estado (embarazo)” y adjunta un plan de evaluación de riesgos laborales.

La sorpresa se la llevó cuando acude a la mutua y el médico le dice que no considera que haya riesgo para su embarazo hasta la semana doce. Sandra no se lo podía creer: “Le dije que qué pasaría si me agreden, o lo que sea, y pierdo al niño y me contestaron que eso sería un accidente laboral y, por lo tanto, no es su problema”. La escolta, que no puede aguantar las lágrimas, ha acudido a la Seguridad Social, donde le han dado la baja por la ansiedad que sufre, pero no cobrará la baja de la mutua hasta que se encuentre en la semana doce de gestación.

“La ginecóloga que me examinó no se podía creer que siendo escolta no me dieran la baja hasta las doce semanas”, dice Sandra. El informe de la mutua, firmado por el médico José Gorostidi Pulgar, lo afirma tajantemente: “La trabajadora, con categoría profesional de vigilante de seguridad con arma -escolta- presentará riesgo durante el embarazo en su actividad laboral habitual a partir de la semana de gestación 12”.

Sandra, de 39 años de edad y adscrita al servicio de protección del Ministerio del Interior, reconoce que actualmente, por fortuna, la intensidad terrorista es menor, “pero seguimos estando totalmente expuestos, he recibido empujones y agresiones verbales y nunca sabes cuándo tendrás que intervenir”.

Una responsable de MC Mutual, que no ha querido revelado su nombre, asegura a este diario que en el caso de Sandra “se han examinado todas las circunstancias y una comisión ha estipulado que su puesto de trabajo no supone un riego añadido para el feto hasta la semana doce”. La portavoz ha añadido que “si le pegan un tiro da igual que esté embarazada o no y cuando aceptaron ese trabajo, que está muy bien pagado, ya sabían a lo que se exponían. Tenemos un caso similar, no de escolta sino de una trabajadora social en lugares de riesgo, y ganamos el juicio”.

Benito Chacón, del sindicato USETI, que representa a Sandra, opina que este caso “demuestran cómo nos están tratando después de jugarnos la vida tantos años y es mentira, es un mito, eso de que ganamos mucho dinero. Ganamos 1.250 euros al mes con los pluses y para cobrar 2.500 euros tenemos que trabajar de veinticinco a treinta días, el mes entero”. Además, Chacón se hace una pregunta: “¿qué tiene que ver el sueldo con darle la baja o no a una mujer embarazada?”   

El caso de Sandra se une a una retahíla de agravios que está sufriendo el sector de los escoltas, como despidos masivos que incluyen estratagemas de las empresas para ponerlos en la calle sin abonar las pertinentes indemnizaciones.