Rubalcaba lo tiene crudo contra el fraude: sólo 900 inspectores y 70.000 millones ocultos al año

Alfredo Pérez Rubalcaba se comprometió el pasado domingo en Barcelona a "declarar la guerra al fraude fiscal" y crear una oficina para combatirlo si llega a La Moncloa. "Eso va a funcionar", aseguró. Pero, de ser así, el candidato socialista lo va a tener muy crudo.

Porque España -y el Gobierno del que él ha formado parte- no sólo es uno de los países más tramposos de la zona euro, sino también el que menos esfuerzo dedica a perseguir el fraude: sólo 900 inspectores para tratar de detectar los más de 70.000 millones de euros anuales que logran escapar al control de Hacienda. Es decir: 70 veces lo que Rubalcaba espera recaudar con el nuevo Impuesto del Patrimonio.

Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por El Confidencial aseguran que sus homólogas del Reino Unido y Francia emplean conjuntamente a casi 300.000 funcionarios, frente a sólo 27.000 en España; y de éstos únicamente 900 se dedican a labores específicas de inspección, pese a que el fraude fiscal en nuestro país se sitúa entre el 20% y el 25% del PIB, casi el doble que la media comunitaria. 

El Parlamento Europeo cifraba en 2008 las pérdidas de ingresos causadas por el fraude en el conjunto de la UE en una horquilla que va de los  200.000 a los 250.000 millones de euros anuales, de los que un tercio corresponderían sólo a España, según los cálculos de la propia Agencia Tributaria.

El objetivo declarado de Rubalcaba, en otro guiño del candidato socialista a los indignados del Movimiento 15-M, es acabar con la impunidad de decenas de miles de defraudadores mediante la creación de una oficina que permita intercomunicar los bancos de datos de Hacienda, la Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Mayor recaudación 

Eso permitiría, según el ex vicepresidente del Gobierno, recaudar más, evitar que los ciudadanos soporten nuevas subidas de impuestos y acabar con uno de los tres grandes problemas de la economía española, junto al "déficit excesivo" y la "insolidaridad" de las rentas más altas. "El año pasado levantamos 10.000 millones de euros [mediante inspecciones tributarias], y este año ya llevamos 6.000 millones", aseguró Rubalcaba el pasado domingo.

Pero ese importe recuperado por Hacienda, con ser importante, representa menos del 10% de lo defraudado: 70.000 millones de euros anuales, casi tanto como el presupuesto de la sanidad pública. "La lucha contra el fraude fiscal no ha sido una prioridad para este Gobierno, pese a que el fraude ha aumentado considerablemente desde que estalló la crisis", señalan las fuentes de la Agencia Tributaria consultadas.

Pese a que no existe ningún estudio oficial al respecto, los cálculos de los expertos y de la propia Agencia Tributaria para evaluar la magnitud de lo defraudado a las arcas públicas se basa en multitud de parámetros. Entre ellos, el creciente volumen de dinero en metálico -más del doble que en el resto de la zona euro-, pese a que España cuenta con una de las redes de cajeros automáticos y sucursales bancarias más utilizadas de la UE. O la sospechosa circulación de billetes de 500 euros, que se ha multiplicado por siete desde 2002.