Bono entierra el ‘caso Seseña’ y se libra del Tribunal de Cuentas por un solo voto

Por los pelos y sin más votos que los propios, el Grupo Parlamentario Socialista ha sacado adelante el carpetazo parlamentario al 'caso Seseña' con una resolución en la que el Congreso mira hacia otro lado en las responsabilidades políticas y administrativas de la Junta de Castilla-La Mancha (de José Bono y José María Barreda) en el escándalo y que han sido denunciadas por el Tribunal de Cuentas. Al final, los grupos nacionalistas e IU, que habían firmado el texto en cuestión, no dieron la cara y dejaron solos a los socialistas. Bono se libró de que el máximo órgano fiscalizador del Estado continuara con el caso por 19 votos de sus compañeros de filas frente a 18 del Grupo Popular.

Las 192 irregularidades o infracciones de leyes y normativas urbanísticas registradas por el tribunal en el macroproyecto impulsado por Francisco José Hernando ("El Pocero") en la localidad toledana próxima a Madrid, más el aviso que hacía el mismo órgano de que el Gobierno autónomo competente podía haber evitado muchas de ellas si hubiera cumplido con sus obligaciones, quedan como caso cerrado en el ámbito parlamentario.

La legislatura concluye la semana próxima y al PSOE le basta con que la Cámara inste al Gobierno a que, "conjuntamente con las Comunidades Autónomas y Municipios, inicie una reflexión sobra las posibilidades de mejorar el ejercicio de las competencias y funciones que, sobre todo en el ámbito urbanístico, les tiene encomendado nuestro ordenamiento jurídico a las distintas administraciones". Esa es la resolución aprobada en la comisión Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas: la reflexión y el propósito de enmienda.

Bono tenía garantizado el carpetazo al caso desde la semana pasada pero los nacionalistas con quienes pactó para que firmaran el texto ayer no se molestaron ni en entrar a la comisión. Cualquier baja o retraso entre los socialistas hubiera dado un vuelco a la sesión y, por tanto, al cierre de un problema que el presidente del Congreso quiso agilizar desde que Zapatero anunció la disolución de las Cortes en septiembre. El PSOE, por un solo voto, evitó que se aprobara la resolución que defendía el Grupo Popular para instar al fiscal del Tribunal de Cuentas "a que impulse la depuración de responsabilidades correspondientes que pudieran deducirse del contenido del informe de fiscalización aprobado".

Responsabilidades de la Junta

Aunque no se daban nombres ni cargos de los políticos que estaban al frente de la comunidad autónoma, en la información remitida por el tribunal a Las Cortes sobre lo ocurrido en Seseña entre 1996 y 2007 (dos millones de metros cuadrados rectificados sin orden ni concierto) se destacaba que el gobierno regional había dejado de ejercitar sus competencias de "ordenación, control, inspección, sanción e intervención" en la materia y que si no hubiera hecho se habrían evitado buena parte de los desmanes.

El PP señala a Bono y Barreda

El portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio de las Heras, denunció "el pasteleo" que, a su juicio, había hecho el Grupo Socialista para dar carpetazo a un informe de fiscalización concienzudo que apuntaba evidentes responsabilidades políticas en el "caso Seseña". El senador puso nombre y apellidos de los gobernantes de la época.

Así recordó y destacó que José María Barreda tuvo cargos durante toda la etapa que abarca la fiscalización, entre 1996 y 2007: presidente de las Cortes, secretario general del PSOE en la región, vicepresidente del ejecutivo autonómico y, por último, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. "O no se enteró de nada, o no quiso enterarse o se lo ocultaron", dijo De las Heras sobre el papel de Barreda en el escándalo, sin olvidarse de que cuando Bono dejó su cargo autonómico se había cometido el grueso de las irregularidades. De las Heras denunció que las responsabilidades políticas del caso eran evidentes pero quedaban sin dilucidar con el "patético" "paripé" de la resolución impuesta por los socialistas.