La Generalitat mete la tijera a la firma que controla toda la obra pública catalana

Los recortes presupuestarios siguen dando que hablar. Primero fue la Sanidad. Y ahora le toca el turno a la obra pública de la Generalitat de Cataluña, comunidad que parece haberse convertido en laboratorio de ensayo de los recortes en la Administración. La compañía Gestió d’Infraestructures (GISA), encargada de controlar toda la obra pública de Cataluña quiere deshacerse de un tercio de su plantilla. La dirección presentó un expediente de regulación de empleo el pasado agosto, en pleno periodo vacacional, para despedir a 70 de los 220 empleados que tiene. Los sindicatos denuncian que es el comienzo de la privatización de la obra pública.

“La dirección de la compañía no ha querido negociar nada y no ha movido un ápice su propuesta. Nosotros estamos abiertos a una negociación y a ver cómo se puede minimizar el impacto del expediente, pero se han negado en redondo. Para colmo, la empresa depende de la Generalitat, que es quien tendría que intermediar, y eso les da más prepotencia. De esta manera, los trabajadores quedan indefensos, ya que la Administración es juez y parte”, explica a El Confidencial Xavier Casas, responsable del sector de la Generalitat de la UGT catalana.

Para los sindicatos, la verdadera intención del Gobierno de Artur Mas es “privatizar la obra pública catalana y entregarla a empresas privadas”. Y argumentan estas sospechas por el hecho de que el expediente es de extinción de puestos de trabajo y no de suspensión, lo que quiere decir que el trabajo que no realice GISA tendrá que ser encomendado a otras compañías del sector. “Además, entre los puestos a amortizar entran no sólo trabajadores de base, sino ingenieros y técnicos muy cualificados”, indican desde los sindicatos.

El buque insignia de la Administración

La estrategia empleada (reducir el trabajo realizado por la Administración) es, por otra parte, similar a la que los sindicatos denunciaron esta primavera en la sanidad, aunque las presiones políticas, sociales y laborales hicieron que en este sector se ralentizase el proceso. Pero se da la circunstancia de que el sector de la obra pública no es tan sensible a los usuarios como el de la sanidad, a pesar de que es un bocado económicamente muy apetitoso: el presupuesto de GISA se sitúa por encima de los 1.200 millones de euros, que, en caso de que no fuesen ejecutados por la empresa pública se repartirían entre empresas privadas. En otras palabras, GISA es un buque insignia de la Administración. Y si se toca este buque insignia, quiere decir que nada está a salvo.

La importancia de esta compañía radica también en la composición de su consejo de administración. Presidida por Joan Lluís Quer, un hombre de confianza de Artur Mas, en esta legislatura dejó de depender de la consejería de Política Territorial y Obras Públicas para pasar a depender orgánicamente de Economía pero políticamente de Presidencia. En su consejo se sienta también el secretario del Gobierno catalán, Germà Gordó, juntamente con los secretarios generales de los departamentos de Economía, Territorio y Sostenibilidad, Justicia y Bienestar Social.

“No lo vemos claro -subraya Xavier Casas-. Eliminar un tercio de la plantilla es dejar a la compañía fuera de juego, es decir, dejarla prácticamente desmantelada”.

El tema tiene más enjundia por los últimos movimientos internos que ha realizado la empresa. Hace poco más de un mes, despidió a 16 empleados de confianza que habían sido contratados por la anterior dirección, indemnizándoles convenientemente. Además, dejó de utilizar los servicios jurídicos de la Generalitat para contratar un despacho de abogados externo. Y, por si fuera poco, cuatro días antes de presentar el expediente de regulación de empleo, contrató a nueve personas.

“Con todos estos movimientos, se gastó más de un millón de euros. Podríamos llegar a comprender que hiciese los 16 despidos vips, ya que eran cargos contratados por la anterior Administración. Pero no comprendemos que fichase a 9 personas unos días antes de presentar un expediente para cargarse a 70 trabajadores. Y menos aún que se contrate a un despacho de abogados externos cuando tiene a mano los servicios jurídicos de la Generalitat, que no le cuestan ni un euro. Aquí, cuando menos, hay una mala gestión y un despilfarro injustificable”, advierte Casas.