Botín seguirá 'bajo sospecha' fiscal durante años, según los inspectores de Hacienda

La investigación judicial abierta por la Audiencia Nacional por presunto fraude fiscal contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime, ex presidente de Bankinter, y los 10 hijos de ambos avanza lentamente y podría dilatarse durante varios años, según han reconocido a El Confidencial fuentes de la Agencia Tributaria.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite el pasado 15 de junio una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Botín y 11 miembros de su familia como presuntos autores de un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. El banquero y sus familiares -entre ellos su hija Ana Patricia- ocultaron al fisco unos 2.000 millones de euros en cuentas opacas del HSBC Private Bank Suisse, cantidad que un portavoz oficial del Banco Santander consultado por este diario rebajó ayer a poco más de 1.000 millones.  

El mismo portavoz expresó su confianza en que la instrucción del juez Andreu concluya cuanto antes. "Botín y el Banco Santander no pueden estar bajo sospecha de forma permanente", argumentó, y destacó que el presidente de la entidad y los suyos "regularizaron de forma voluntaria", mediante el pago a Hacienda de 200 millones de euros en declaraciones complementarias, el patrimonio que Emilio Botín Sanz de Sautuola y López sacó de España en 1936, al estallar la Guerra Civil, para poner a buen recaudo en Suiza.  

Lo cierto es que esa regularización "voluntaria" se produjo después de que, a mediados de 2010, el chivatazo de un empleado del HSBC a la Hacienda francesa pusiera al descubierto que miles de titulares de cuentas de ese banco -entre ellos cientos de españoles- ocultaban en Suiza gran parte de su patrimonio. Las autoridades del país vecino remitieron la información a la Agencia Tributaria española, que envió un requerimiento a todos los implicados para que regularizasen su situación antes del 30 de junio del pasado año.

Regularización "muy discutible" 

Las fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por El Confidencial sostienen que la regularización de los Botín "es muy discutible, porque previamente fueron requeridos para que realizasen declaraciones complementarias". Y precisan que existen "serios indicios" de que éstas "no son veraces ni completas". De ser así, y si el juez Andreu concluye que los 200 millones de euros pagados a Hacienda por el presidente del Banco Santander y su familia no cubren sus obligaciones tributarias, Botín podría ser condenado y "perdería la honorabilidad bancaria", añaden las mismas fuentes.

"Es un hecho que la investigación de la Audiencia Nacional se va a dilatar en el tiempo", prosiguen las citadas fuentes, que recuerdan que el juez Andreu sólo dispone para analizar la ingente documentación aportada de dos peritos -inspectores de Hacienda- procedentes de la Unidad de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ya aludía a esa dificultad en su auto del pasado 15 de junio, víspera de la última reunión anual de la Junta General de Accionistas del Banco Santander. Andreu señalaba que asumía la competencia para investigar los hechos "dada su entidad, gravedad y complejidad, sin perjuicio de lo que en un futuro finalmente pueda determinarse a la vista del resultado de las actuaciones que deben llevarse a cabo".