La reforma constitucional no garantiza que el Estado del bienestar no sufra nuevos recortes

Los dos partidos mayoritarios se comprometieron ayer a que el Gobierno no gaste más de lo que ingresa, y que si tiene que endeudarse sea de manera comedida para que el déficit público no sobrepase un límite (que se fijará en una futura ley orgánica) y los recursos del Estado tengan que dedicarse a pagar la deuda. Pese a ello, la reforma no garantiza que el Estado del bienestar no sufra nuevos recortes si la economía no evoluciona de manera favorable. Lo dijo el portavoz socialista José Antonio Alonso (“que haya más recortes dependerá de la evolución económica y de quién gobierne”) y lo acató la bancada socialista con la única excepción del diputado Antonio Gutiérrez.

PSOE y PP fueron un frontón a las críticas del resto de grupos parlamentarios por la forma y el fondo de la reforma constitucional acordada entre ambas formaciones. Una unidad inédita entre los dos partidos mayoritarios durante toda la legislatura, y más aún a menos de tres meses de las elecciones generales. Alonso y la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, insistieron en que limitar el gasto público mejorará la confianza exterior en la economía española y rebajará la prima de riesgo de la deuda soberana, que fechas atrás alcanzó los 400 puntos básicos. En definitiva, que el Estado va a gastar menos para no tener que pedir dinero para financiarse y pagar unos intereses tan elevados que se ve obligado a destinar cada vez más recursos a pagar la deuda, detrayéndolos del gasto social.

“No se puede gastar más de lo que se ingresa, algo que a partir de ahora será un deber constitucional”, dijo Sáenz de Santamaría, que calificó de “gran acuerdo” y “ejercicio de responsabilidad política” el pacto alcanzado con el PSOE. “No es la única reforma para poner en pie nuestra economía –anticipó ante una eventual llegada del PP al poder- pero es la primera”. La portavoz popular adelantó que la futura Ley Orgánica que establecerá el techo de déficit, que será aprobada en la próxima legislatura, establecerá responsabilidades por su incumplimiento.

El resto de grupos parlamentarios descalificó la reforma por la forma y el fondo. “Una reforma constitucional requiere sosiego y consenso, no se puede hacer en cuatro días y sin tener en cuenta a partidos que, como CiU, participaron en el proceso constituyente”, dijo Duran i Lleida. El líder convergente dijo que su partido comparte el principio de estabilidad presupuestaria, pero no que se fije con su inclusión en la Constitución. “La reforma que plantean va en contra de la autonomía financiera, y si ésta no existe no existe tampoco autonomía política, y sin ella no se puede hablar de comunidades autónomas (…) Han hecho añicos el consenso constitucional y les ha faltado ética política”.

Joan Ridao, de ERC, definió la reforma como “una imposición del Banco Central Europeo y de la derecha europea. No es un problema de déficit público, sino de credibilidad, que incidirá en la inversión pública y en el gasto social. Si quieren ahorrar, ¿por qué no reducen, por ejemplo, el 40% del presupuesto de Defensa como ha hecho Alemania”. Ridao defendió también una fiscalidad más justa para aumentar los ingresos del Estado. “La fiscalidad para las rentas altas se parece a la de Burkina Faso. La actual fiscalidad recae sobre los trabajadores”.

Gaspar Llamazares se empleó a fondo contra la reforma. Denunció como CiU el consenso constitucional y definió el acuerdo PSOE-PP como “un golpe a la Constitución. Una forma moderna del caballo de Pavía. Sustituye la soberanía de la ciudadanía por la soberanía de los mercados, y yo me rebelo ante una iniciativa que prescinde de mi derecho de participación política. Una reforma constitucional no se puede presentar en agosta, ni tramitarse de urgencia y en lectura única. Es un desvarío y convierte la Constitución en un balance de ganancias y pérdidas”.

El parlamentario de  IU pidió a los parlamentarios del PSOE disconformes con la reforma que rompan la disciplina de voto y se rebelen. “Para lo que nos queda en el convento –dijo- les pido que tengan un gesto de dignidad y se rebelen. PSOE y PP se han puesto del lado de la usura”.

Sólo Gutiérrez rompió la disciplina

La votación sobre la toma en consideración del proyecto de ley fue aprobada por 318 votos a favor, 16 en contra y la abstención de los dos diputados de Coalición Canaria. Su aprobación por lectura única contó con 319 votos a favor y 17 en contra. En las filas socialistas, la labor de Rubalcaba el lunes hizo mella, y pese a las amenazas, finalmente sólo Antonio Gutiérrez votó en contra, rompiendo la disciplina de voto.

El plazo para la presentación de enmiendas concluye a las 14 horas de mañana y al día siguiente el pleno aprobará la reforma.