Rubalcaba desafía a la Iglesia a las pocas horas de que el Papa abandone España

No habían pasado ni 24 horas desde que Benedicto XVI abandonó España, tras un viaje oficial de cuatro días en el que tanto el Vaticano como el Gobierno aparcaron sus diferencias y evitaron cualquier signo de hostilidad, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba se apresuró ayer a desenterrar el hacha de guerra contra los obispos.

En un gesto que tiene tanto de desafío a la Iglesia católica como de guiño a la izquierda para movilizar a su electorado, el candidato del PSOE a La Moncloa se comprometió ayer a que, si vence a Mariano Rajoy en las próximas elecciones, la primera decisión que tomará el Consejo de Ministros será aprobar una Ley de Muerte Digna, que la Conferencia Episcopal rechaza frontalmente porque, a su juicio, "abre la puerta" a la eutanasia.     

Mientras el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y muchos de sus ministros -José Blanco, Ramón Jáuregui, Trinidad Jiménez, Francisco Caamaño...- rendían pleitesía al Papa durante su estancia en Madrid, Rubalcaba mantenía una calculada estrategia de alejamiento del ceremonial político-religioso que ha rodeado la visita.

No se ha escuchado de boca del candidato una sola crítica hacia la presencia del pontífice, los gastos de la Jornada Mundial de la Juventud o los litigios pendientes entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal; pero tampoco ha asistido a ninguno de los actos presididos por Benedicto XVI ni mucho menos se ha reunido con él, como sí hizo Rajoy, su rival en las urnas. Rubalcaba, literalmente, ha desaparecido de la escena política durante cuatro días.  

Pero en cuanto el Papa ha regresado al Vaticano, el ex vicepresidente del Gobierno no ha desaprovechado la oportunidad de volver a marcar distancias con Zapatero y alejarse del discurso oficial que el propio Rubalcaba ha abrazado hasta su salida del Ejecutivo, marcado por el progresivo abandono del laicismo beligerante de la primera legislatura, el deshielo en las relaciones con los obispos y la renuncia a abolir los privilegios de la Iglesia católica, especialmente en materia de financiación.

"La primera ley que aprobaré"

El candidato socialista convocó ayer una rueda de prensa en la sede de Ferraz para presentar con todo lujo de detalles su plan de transformación-eliminación de las diputaciones, con el que las arcas públicas ahorrarían, aseguró, más de mil millones de euros. Pero también traía escondida en la mochila su propuesta para hostigar a los obispos y reconciliarse con el sector laico de su electorado. Y la sacó a relucir en cuanto se le presentó la oportunidad: "Si los españoles me dan su confianza el 20 de noviembre, será la primera ley que aprobaré en el Consejo de Ministros".

Rubalcaba se refería, de esa forma tan solemne, al proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, más conocida como Ley de Muerte Digna, que los obispos consideran una antesala de la eutanasia, cuando no una legalización encubierta de su práctica, que sigue siendo delito en España. Es decir, un nuevo casus belli para el Vaticano.

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, ya aprobó el pasado 10 de junio el citado proyecto de ley, que tras su paso por el Parlamento debería entrar en vigor a finales de este año, según los cálculos del Gobierno. Pero tras el anuncio de elecciones anticipadas y la inminente disolución de Las Cortes, el proyecto decaerá definitivamente. Y es altamente improbable que Rajoy, si gobierna, lo haga suyo. Rubalcaba, sin embargo, se comprometió ayer a recuperarlo de inmediato si llega a La Moncloa.

El proyecto pretende garantizar el pleno respeto a la libre voluntad de un enfermo en fase terminal, que podrá renunciar a un tratamiento médico si considera que prolongará su agonía o reclamar que se le aplique la llamada sedación terminal para acelerar su muerte. Pero los obispos consideran que, si eso no es eutanasia, se le parece demasiado. A finales del pasado mes de junio, la Conferencia Episcopal llamó a la desobediencia contra la ley si entra en vigor. El portavoz de los prelados, Juan Antonio Martínez Camino, argumentó que "las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas".