Un proyecto de 2008 ya abogaba por acabar con los 'ayuntamientos zombi' en España

“No entendemos el empecinamiento en mantener ayuntamientos zombi, que sólo persisten a mayor gloria de su corporación municipal”, se asegura desde Proyecto León, iniciativa que se anticipó en casi tres años al debate territorial abierto ahora en España tras la supresión en Italia de 36 provincias y 1.500 ayuntamientos. “Es insostenible que casi 150 municipios de León no lleguen a los 1.000 habitantes”, se remacha desde el think-tank. Y hasta se proponen dos mapas para fusionar ayuntamientos, uno más conservador y otro más radical, que dejarían los 211 municipios con que cuenta hoy la región en 51 y 23, respectivamente. ¿Resultado? 160 alcaldes y secretarios menos, con el correspondiente alivio para las arcas públicas.

Javier Collado, uno de los fundadores del proyecto, aseguraba hace dos años a El Confidencial que casi todo el dinero de las corporaciones locales “se va en sufragar los salarios de los alcaldes, concejales y secretarios del ayuntamiento. Y ése, que sería el principal beneficio de una reducción de ayuntamientos en forma de ahorro de costes, también es el obstáculo más importante para resolver el problema”. Collado reiteraba ayer estas tesis en conversación con este diario e iba más allá al abogar por consolidar las áreas metropolitanas. “Una ciudad como León tendría más de 200.000 habitantes. ¿Quién se cree que Barcelona apenas cuente con un millón?”, reflexionó.

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, alentaba hace unas horas la polémica al asegurar que sobran las diputaciones provinciales, en tanto forman parte de una estructura diseñada en el siglo XIX que “nos debemos replantear”. Sin embargo, Collado defiende su continuidad y lo ve como el menor de los problemas. “Son importantes para proporcionar determinadas coberturas a los municipios de menos de 20.000 habitantes. ¿Qué organismo va a asistir a colectivos como los ancianos si desaparecen? Eso es lo que debería explicar Rubalcaba. Otra cosa es que más que una institución política deba ser una institución técnica, gerencial. Eso sí es cierto”, apuntó.

La cifra de 1.000 habitantes no es baladí, ya que es la dimensión razonable que establece la Ley de Régimen Local de Castilla y León. Esa norma también obliga a las corporaciones a realizar tareas como la traída de aguas, el alumbrado o el alcantarillado, compromisos que no asumen por falta de recursos. “Dicha norma cita que la Junta podrá actuar de oficio fusionando entidades cuando se produzca una dejación de sus funciones obligatorias, perfectamente fijadas en el articulado –expone el Proyecto León-. La inoperancia de estos municipios se está convirtiendo en la de la propia Junta, que se muestra incapaz de resolver una situación surrealista que se plasma con una autonomía que reúne el 25% de los municipios y sólo un 5% de la población”.

Menos ingresos, desastre en los servicios

La crisis económica ha complicado la ecuación. La debacle financiera ha reducido los ingresos de los ayuntamientos vía licencias de construcción al tiempo que la venta de solares se ha desplomado. Una ruina municipal que se producía al tiempo que los gastos se seguían incrementando al mismo ritmo que durante el periodo expansivo. La conclusión es que incluso en los ayuntamientos con un nivel de endeudamiento no demasiado alto, “la prestación de servicios es mala en general, cuando no desastrosa”. Es más, se denuncia que en algunas zonas son las mancomunidades o las juntas vecinales quienes están asumiendo esas cargas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España contaba a 1 de enero de 2010 con 8.114 municipios, de los cuales 4.862 –un porcentaje del 60%- están por debajo del umbral de los 1.000 habitantes. En concreto, Castilla y León acumula 2.248 de esos ayuntamientos, más del 27% del total. De ellos, la friolera de 1.976 cuenta con menos de 1.000 habitantes. De acuerdo con el Proyecto León, la victoria “casi monocolor” del Partido Popular en las últimas elecciones municipales debería facilitar la reforma en la región. “El nuevo mapa político municipal reducirá las disensiones entre diferentes niveles institucionales”, recalca el foro, que insiste en su condición independiente.

La reforma planteada en Italia y que ni PSOE ni PP contemplan en España ha sido también puesta sobre la mesa por las principales instituciones empresariales. José Luis Feito, responsable económico de la patronal, aseguraba a finales de 2009 que “las Administraciones Públicas se tienen que encoger. Los ayuntamientos se tienen que reducir e incluso algunos desaparecer. España tiene el doble que Francia”. Sus reflexiones se plasmaron posteriormente en el informe en que CEOE analizaba los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2010. “Hay que revisar el tamaño mínimo de las corporaciones locales para gestionar eficientemente los recursos públicos”, reflejaba el documento.

“Es un caldo de cultivo para las ineficiencias que un término común tenga cuatro ayuntamientos”, remataba Feito. En esta línea, el Círculo de Empresarios constataba en abril de este año que los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España “son excesivos”. En un informe sobre la unidad de mercado y la estructura territorial, la institución que preside Claudio Boada apuntaba que la mayoría de municipios “no tienen mucho sentido desde el punto de vista práctico” y abogaba por su supresión. El argumento de fondo era que la calidad de la organización del Estado influye decisivamente en el sistema económico y social, lo que obligaba a una reforma que alentara la “austeridad, la transparencia y la eficiencia”.