El PP se marca como objetivo sacar a Bildu de las instituciones tras el 20-N

Un sindicato policial ha pedido responsabilidades al Gobierno por el acto de este fin de semana en San Sebastián, en el que se escucharon gritos a favor de los presos etarras. La Confederación Española de Policía (CEP) asegura que esta manifestación a favor de la legalización de Sortu y apoyada por Bildu “es un paso más dentro de la estrategia diseñada por ETA para estar en las instituciones tanto del País Vasco como a nivel nacional”. Este sindicato de la Policía se queja, igualmente, de la oportunidad perdida para ilegalizar Bildu.

Una opinión que comparten en el PP. Como dijo la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal: “Bildu y los amigos de Bildu están infringiendo la ley y protegiendo a etarras”. El PP lo tiene claro y también que el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado no están empleando los mecanismos necesarios para sacarles de las instituciones. Es por ello por lo que, si Rajoy llega a la Moncloa el próximo 20-N, “la salida de Bildu de los gobiernos municipales se convertirá en una de sus prioridades”, indican fuentes del PP.

“Bildu está demostrando día tras día lo que ya sentenció el Tribunal Supremo, que es un tentáculo de ETA”, aseguran en Génova 13. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no lo vio así y permitió que la coalición electoral entrara en las instituciones. Desde entonces, tanto la sociedad civil como responsables políticos y judiciales se han mantenido expectantes por ver el comportamiento de esta formación política.

Y el caso es que dicho comportamiento ha levantado suspicacias en las últimas semanas. El ministro de Fomento y actual portavoz del Gobierno, José Blanco, ha advertido a Bildu que sus miembros “están siendo vigilados por si no cumplen la ley”. Incluso el lehendakari, Patxi López, quien defendió su legalización, también ha mostrado públicamente su decepción ante algunos de los actos, como su posicionamiento ante las víctimas de ETA. El diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, de Bildu, sostiene que no ha llegado aún el momento de reflexionar sobre este particular.

Los instrumentos de la reforma de la Ley Electoral

El PP sabe que con la última reforma de la Ley Electoral se puede expulsar de sus cargos a los ediles o parlamentarios de partidos declarados ilegales durante la legislatura y que no condenen el terrorismo. En la anterior legislatura, los mecanismos legales impedían que Acción Nacionalista Vasca (ANV) se fuera de las instituciones a pesar de ser declarada ilegal a posteriori de haberse presentado a las elecciones municipales y autonómicas en 2007.

Sólo hacen falta nuevas pruebas que demuestren que ETA o miembros de partidos ya ilegalizados están detrás de Bildu. En cualquier momento, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, puede actuar. Por las reiteradas declaraciones de los dirigentes populares, y a pesar de la compleja relación del PP con el PNV, la ilegalización de Bildu se convertirá en una de sus prioridades.

Y no sólo eso. A la vuelta del verano, la Audiencia Nacional dictará la sentencia contra ocho dirigentes abertzales que intentaron reconstruir la mesa nacional de Batasuna a través de una nueva formación llamada Bateragune. Entre los acusados están el ex portavoz de la ilegalización formación, Arnaldo Otegi; el ex líder del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, y otros seis compañeros. Se enfrentan a hasta diez años de cárcel por “no renunciar a los fines de ETA”. Además, Otegi todavía se tendrá que enfrentar a otros doce años de prisión junto a otros 39 miembros de Batasuna por su supeditación a la banda y financiarla a través de las ‘herriko tabernas’.

La Audiencia Nacional también tiene que juzgar antes de que acabe el año a miembros de ANV y PCTV por ser otro de los tentáculos políticos de la banda. Este órgano judicial ya ha condenado a los dirigentes de EKIN y KAS, a los de Gestoras pro Amnistía y a los jóvenes de Harrai, Haika y Segi, todos ellos confirmados por el Tribunal Supremo.