La Generalitat convoca una reunión urgente para acabar con la "crisis de las auditorías"

Cuando una crisis aprieta, no hay vacaciones, aunque sea pleno agosto. Eso es lo que le ocurre al Gobierno catalán: la vicepresidenta, Joana Ortega, convocó con urgencia el pasado lunes a representantes de firmas auditoras para limar asperezas tras el malestar levantado por las últimas convocatorias de concursos públicos en los que se limitaba la concurrencia sólo a grandes multinacionales. “Le expresamos nuestra inquietud por las bases de los concursos y comprendió el tema”, señalaron a El Confidencial fuentes de los auditores.

Las noticias publicadas por este diario provocaron un intenso debate en el sector auditor y en el seno del propio Gobierno, debido a las cláusulas draconianas en algunas de las convocatorias de los concursos, que evitaban que la mayoría de las empresas pudiesen concurrir a los mismos. “Empresas que facturan millones de euros no podían ni presentarse porque las condiciones que se ponían eran abusivas”, se quejan a El Confidencial fuentes de los auditores, que incluso estaban dispuestos a llevar el tema a Bruselas. Tras la publicación de las informaciones, algunos pliegos de condiciones fueron anulados y se convocarán nuevos concursos.

La reunión fue convocada por la propia Ortega, consciente de que el sector estaba muy molesto con la Generalitat. Es más: desde algunos círculos no se recatan en acusar al Ejecutivo que preside Artur Mas de favoritismo político, ya que las empresas más beneficiadas, Deloitte y PriceWaterhouseCoopers (PwC), ficharon tras las elecciones a dos personas cercanas al mismo Mas: David Madí, que había sido su director de campaña y secretario de Comunicación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hasta el pasado diciembre, y a Joaquim Triadú, ex consejero de Presidencia en el último Gobierno de Jordi Pujol, en el que Artur Mas ejercía como conseller en cap.

A la reunión con la vicepresidenta acudieron Pere Ruiz, socio de Faura-Casas; Josep Suades, miembro de Pleta Auditores; y Joan Mallafré, de Audigest. Una nota oficial del Grup 20, asociación de auditores que engloba a 22 despachos medianos de Cataluña, señala que la reunión de trabajo, de más de una hora de duración, sirvió para “tratar, entre otros temas, sobre la mejora de la transparencia y la concurrencia a las bases en las convocatorias de concursos para la adjudicación de los trabajos de auditoría de la administración y de las empresas públicas”.

Un lobby potente

Los representantes de Grup 20 hicieron patente durante el encuentro “la inquietud de este grupo sobre el eco negativo que despertó la publicación de las bases de los últimos concursos de auditoría convocados por empresas públicas limitando de hecho la participación a algunas firmas multinacionales”. Ante la rebelión a bordo de las firmas auditoras medianas, Ortega decidió convocar a los representantes de esta asociación para solventar el tema. El Grup 20 engloba a 22 compañías de auditoría que representan el 10% de la facturación total del mercado español y el 40% de la facturación de firmas medianas, por lo que es un potente lobby digno de tenerse en cuenta.

Lo que quieren los auditores, según manifestaron algunas fuentes a este diario, “es más transparencia en los concursos, ya que da la sensación de que algunos se convocan para cubrir el expediente pero que ya están adjudicados de antemano”. La vicepresidenta se mostró receptiva y se comprometió a mantener una nueva reunión en septiembre para abordar en profundidad el problema y conseguir que los concursos se abran a más empresas y que su convocatoria sea lo más transparente posible. Estas mismas fuentes reconocen que “Joana Ortega tiene buenas intenciones, pero habrá que ver si es capaz de liderar dentro del Gobierno una reforma de las convocatorias, ya que no existe un criterio común para la elaboración de los pliegos de cláusulas y, además, hasta ahora, el control sobre los concursos dependía de otra persona ajena a su Departamento”.