La política social de la Junta andaluza, bloqueada por los impagos

El argumento estrella del Gobierno de la Junta de Andalucía, la preservación de la política social frente a la crisis, hace agua en la mayoría de los sectores, desde las entidades de formación de empleo hasta las guarderías, pasando por las empresas de teleasistencia que sufren además la quiebra de los ayuntamientos a los que se transfieren fondos sin que reviertan en los trabajadores que desarrollan la Ley de Dependencia. El colapso está provocando continuas manifestaciones y protestas de afectados, que advierten del riesgo de que dichos servicios no puedan realizarse en un futuro próximo.

La afirmación que se le atribuye al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que en una reunión con secretarios generales de su partido en las provincias andaluzas confesó que, a estas alturas del ejercicio, no tenía dinero ni para pagar las nóminas era de hecho un adelanto de que lo está ocurriendo en Andalucía y traduciéndose en un ambiente de malestar en los sectores relacionados con la política social.

En la cadena de denuncias que se han venido realizando figuran las de las Asociaciones de Entidades de Formación y Empleo, de las que dependen unos 30.000 trabajadores a los que se les tiene que dar preparación para que se reincorporen al mercado laboral con más posibilidades de encontrar empleo. Estas entidades han llegado a recurrir incluso al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, porque la Junta tiene pendientes con ellas el pago de varias anualidades, en algunos casos desde el ejercicio de 2008. La consejería de Empleo, cuyo titular, Manuel Recio, está envuelto en el escándalo de los EREs falsos, no ha dado respuesta a su demanda, y el Defensor se ha limitado a solicitarles más documentación para tramitar una queja ante el Gobierno andaluz.

De esta misma consejería depende el pago de los ERE a cientos de trabajadores prejubilados que llevan meses ya sometidos a continuos incumplimientos por parte de la Junta, y a los que se les anunció el pago de sus asignaciones dos días antes de las pasadas elecciones municipales.

Guarderías con problemas para abrir el próximo curso

En el plano de la Educación, las guarderías andaluzas que tienen convenios con la Junta llevan ya meses sin recibir los fondos previstos en los acuerdos establecidos con la Consejería de Educación, cuyo titular es Francisco Álvarez de la Chica. Cientos de afectados por estos impagos han llegado a manifestarse en varias ocasiones ya sin recibir de la Junta una respuesta concreta a sus demandas. En la mayoría de los casos de centros concertados, el impago podría suponer la imposibilidad de abrir sus puertas el próximo curso académico.

La Ley de Dependencia, por otra parte, el mayor referente de la política social de la Junta y que ha situado a Andalucía en un lugar destacado en materia de atención social, corre el riesgo de bloquearse por la situación de quiebra en la que se encuentran algunos ayuntamientos. Pocas iniciativas como ésta han sido objeto de declaraciones con las que se intenta avalar por parte del Gobierno andaluz su compromiso con la política social.

Impagos en teleasistencia

La Junta suele transferir el dinero para el desarrollo de los programas de teleasistencia a los consistorios, que son los que pagan a las empresas con las que tienen subcontratas para el desarrollo de la asistencia a las personas dependientes, sobre todo los ancianos enfermos o impedidos. Sin embargo, algunas de estas empresas han tenido que demorar el pago a sus trabajadores hasta tres meses por no haber recibido los fondos previstos.

Esta situación de bloqueo por impagos, se suma a la que en su momento denunciaron los empresarios de sectores como la construcción -mil millones de euros pendientes de pago-, farmacias o proveedores de la red hospitalaria, y que en todos los casos sufren el incumplimiento de la legislación vigente en materia de morosidad de las administraciones públicas.

Frente a la confesión de Griñán en la reunión con los líderes provinciales de su partido, el presidente del PP, Javier Arenas, ha manifestado recientemente que “la Junta sólo tiene dinero para pagar las nóminas, la luz y el agua”. Las palabras de Arenas fueron muy criticadas desde el PSOE-A, pero la realidad que se traduce en manifestaciones, denuncias y quejas apunta a que tanto el presidente andaluz, en privado, como el líder de la oposición en público, no hacían más que constatar la verdadera situación en que se encuentra, entre otros sectores, la política social de la Junta.