Los auditores amenazan con denunciar a Mas en Bruselas por favorecer a algunas empresas

Los auditores catalanes están que trinan. Las últimas auditorías encargadas por la Generalitat han levantado ampollas, ya que sospechan que “han sido teledirigidas”. Por ejemplo, las cuentas del último GobiernoTripartito serán auditadas por la compañía Deloitte, que se embolsará por ello 885.000 euros. Además, PriceWaterhouseCoopers (PwC) se puede llevar también unos buenos honorarios por dirigir la venta de los edificios públicos del Gobierno puestos a la venta desde esta semana. Hay varias decenas de grandes compañías interesadas en una operación de 1.200 millones de euros que le reportarían a la consultora el 2% del monto total. O sea, una perita en dulce.

Estas dos compañías, además, han tenido otros contratos suculentos del Gobierno en los últimos meses. Pero las sospechas de profesionales del sector y de organizaciones políticas se sustentan en los nombres que hay detrás de estas dos compañías que parecen haber encontrado su particular Eldorado en la administración catalana: en Deloitte, se encuentra David Madí, director de la campaña política del presidente catalán, Artur Mas, y responsable de Comunicación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) hasta el pasado mes de diciembre. En PwC oficia de alto cargo Joaquim Triadú, ex consejero de Presidencia de la Generalitat con el último Gobierno de Jordi Pujol.

“Demasiadas coincidencias”, dice a El Confidencial un conocido auditor catalán. Los dos son las cabezas visibles de lo que en algunos círculos se conoce ya como el “nuevo sector de los negocios” de CiU. Lo malo es que la actividad de Madí puede afectar directamente al propio presidente catalán, porque hasta hace pocos meses eran uña y carne. Es más: lo sospechoso fue que Madí abandonase la actividad política días después de que CiU ganase las elecciones para dedicarse a la “empresa privada”, en la que jamás había estado excepto por haber tenido algún cargo simbólico en dos empresas -una con licencia hostelera hace veinte años y otra familiar-. Pero desde diciembre pasado, llegó a crear cinco sociedades dedicadas a asesoría, cuatro de ellas con el mismo domicilio, el mismo objeto social, el mismo capital social y el mismo accionista. Incluso entre círculos convergentes “de toda la vida” han saltado las alarmas por las implicaciones políticas que ello puede tener.

Recientemente, el Gobierno sacó a concurso la auditoría de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Todo normal excepto por una cláusula draconiana: la compañía que se lo lleve debe facturar más de 100 millones de euros anuales en los últimos tres años (ver noticia), condición que, según fuentes del sector de auditorías, sólo cumplen estas dos empresas.

Pero hay más: a mediados de este mes de julio, PwC y Deloitte, coincidieron por casualidad en la puja por un contrato de la empresa pública Tabasa, un Análisis de la viabilidad económica, financiera y jurídica y valoración económica bajo el PEF actual y bajo diferentes escenarios. Un informe al que se presentaban PwC, Deloitte y KPMG. Fue adjudicado a la primera empresa. Lo curioso es que el importe económico ofrecido por Deloitte y Pwc era exactamente el mismo (82.600 euros más IVA) y el plazo de entrega de los trabajos también: 1,16 meses. Otra sospechosa coincidencia que ha hecho saltar las alarmas en el sector.

“No se comprende una coincidencia tan milimétrica en una oferta, en primer lugar porque el presupuesto era superior a esa cantidad y, en segundo lugar, porque esta coincidencia se da en los dos ámbitos de puja, tanto en el económico como en el de ejecución. Esto induce a pensar que aquí hay gato encerrado”, critican fuentes empresariales a este diario.

A Bruselas por restricción de la competencia

Fuentes consultadas por este diario no descartan que puedan iniciarse acciones jurídicas contra el Gobierno catalán por supuesta restricción de la competencia, “ya que beneficia descaradamente a determinadas empresas, sea por motivos políticos o por otros”. Y estas acciones pueden llegar hasta Bruselas, donde la Generalitat sería acusada de limitar la competencia. Estas críticas provienen, esencialmente, del Grup 20 d’Opinió, que engloba a más de una veintena de auditores que representan el 10% de la facturación del sector.

A estas críticas dan pie algunas otras concesiones que se han puesto en marcha en las últimas semanas. Una de ellas es la del Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), que acaba de salir a concurso por un precio máximo de 192.350 euros más IVA por cuatro años. Se trata de los servicios de auditoría relativos a proyectos de I+D+i financiados por las diferentes Administraciones públicas, los de las convocatorias de financiación de infraestructuras científico-tecnológicas, los de las revisiones de cuentas anuales de la Fundación IREC y la revisión del “método a implementar para la imputación de costes indirectos a los proyectos de I+D+i”.

En el pliego de cláusulas administrativas, sin embargo, se especifica que “será necesario acreditar la realización de un mínimo de 500 certificaciones de costes durante los últimos tres años de proyectos de I+D+i y subvenciones o préstamos de infraestructuras”. Además, detalla que es necesaria una “declaración responsable afirmando haber participado durante los últimos tres años, en la justificación de un mínimo de 10 proyectos europeos en las que es necesaria la colaboración del auditor en los procesos de revisión de las certificaciones por parte de los ‘officers’ de la Comisión Europea”. En otras palabras, que reduce sensiblemente los candidatos al contrato público y deja en manos de una multinacional su realización.

En otro concurso, para una auditoría del Puerto de Barcelona, que ahora preside el ex senador de CiU Sixte Cambra, las condiciones son que la compañía ofertante haya declarado una facturación superior a los 60 millones de euros durante el ejercicio del 2010. “CiU se había presentado a las elecciones como el valedor de las pequeñas y medianas empresas. Y lo que está haciendo es precisamente lo contrario, prohibiendo el acceso de las pymes, e incluso de grandes empresas, a los contratos públicos. Lo que se huele en las licitaciones que está sacando el Gobierno de Mas es a favoritismo político”, señalan fuentes del sector de auditoría a El Confidencial.

El tema, sin embargo, ha trascendido al terreno político. Tras la información publicada el pasado lunes por El Confidencial sobre las restricciones en la CCMA, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, denunció que por las condiciones que han endurecido las condiciones para acceder a la misma, el tema no está claro. Según Rivera, Deloitte ha recibido ya 23 contratos del Gobierno de Mas. Teniendo en cuenta los antecedentes del señor Madí y sus dimisiones [tuvo que dimitir como secretario de Comunicación del Gobierno de Pujol por falsificar las encuestas públicas], no sólo es sospechoso, sino que empieza a oler mal que estas adjudicaciones acaben en el despacho que ha fichado al señor Madí”.