El PP reclama un sueldo más alto para Aznar y justifica sus contratos millonarios

¿Es ético que un ex presidente del Gobierno utilice los contactos y la influencia política adquiridos mientras ocupó el cargo para fichar por una multinacional? ¿Ha de renunciar en ese caso a la pensión vitalicia que cobra de las arcas públicas? ¿Qué clase de blindaje buscan las grandes compañías con su incorporación a cambio de contratos millonarios? Mientras arrecian las críticas contra José María Aznar por su entrada en el consejo de administración de Endesa, el PP cerró ayer filas en torno al actual presidente de FAES: no sólo tiene derecho a ocupar puestos "de prestigio" en empresas privadas, sentenció su vicesecretario general Esteban González Pons, sino que debería percibir un sueldo más elevado "acorde con lo que cobran los demás consejeros".

Según reveló el martes en exclusiva El Confidencial, Aznar cobrará hasta 300.000 euros anuales tras su fichaje por Endesa como asesor externo. La compañía eléctrica quiere que el ex presidente del Gobierno le ayude a planificar su estrategia en Latinoamérica, un área geográfica en la que Endesa centra ahora su crecimiento. La remuneración del presidente de honor del PP, sin embargo, está muy lejos del sueldo medio del resto de consejeros de la compañía, que asciende a 800.000 euros por cabeza.

A esa supuesta discriminación salarial aludió ayer González Pons cuando aseguró que ni Aznar ni Felipe González -que fichó recientemente por Gas Natural como consejero independiente a cambio de un salario anual de solo 126.000 euros- deberían percibir sueldos inferiores a los del resto de consejeros de esas grandes empresas. "Que uno haya sido presidente del Gobierno con anterioridad no significa que tenga que cobrar menos que los demás consejeros", insistió el vicesecretario de Comunicación del PP, que reclamó "elaborar un estatus que permita al país beneficiarse del prestigio internacional" de los antiguos inquilinos de La Moncloa.

Ausencia de incompatibilidades

El actual Estatuto de los ex presidentes del Gobierno, aprobado en 1983 y modificado parcialmente en 1992 y 2008 -siempre bajo mandato socialista-, regula los medios materiales y las prerrogativas que el Estado concede a aquéllos cuando abandonan el cargo, desde un sueldo de por vida -Aznar cobra unos 70.000 euros anuales por ese concepto- a una secretaria y un asistente personal, pasando por chófer y servicio de escolta. Pero no establece ninguna incompatibilidad que les impida disfrutar de esos privilegios mientras prestan sus servicios en una empresa privada.

El PP se quedó ayer solo en su defensa de los contratos millonarios de Aznar, que redondea su sueldo vitalicio público con unos ingresos de más de 1,5 millones de euros como consejero de varias multinacionales. Incluso el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, aseguró que "sería mejor que los ex presidentes del Gobierno no tengan una dependencia tan concreta de una empresa", metiendo en el mismo saco a Aznar y González. "Es preferible no comprometerse formalmente con las empresas en estas cosas", añadió.

Mucho más duro se mostró el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, que acusó a ambos ex presidentes de "tráfico de influencias" y tachó de "vergonzoso" su salto a estas compañías. A su juicio, Aznar y González no han sido contratados por sus conocimientos técnicos sobre los mercados energéticos, sino por ser unas figuras "significadas políticamente". Azpiazu también invitó a "reflexionar" a los dos ex presidentes acerca de la elevada remuneración que van a percibir como "meros asesores a tiempo parcial" en una "coyuntura de crisis" como la actual y sin renunciar a su pensión vitalicia como ex inquilinos de La Moncloa.

Renuncia al sueldo público 

Rosa Díez reclamó directamente que se establezca por ley la incompatibilidad de ambos ingresos. La diputada de UPyD consideró normal que los altos cargos cesantes puedan trabajar en una empresa privada, pero siempre y cuando se haga con "transparencia", el político no haya intervenido en su privatización y éste renuncie al sueldo vitalicio que cobra de los Presupuestos Generales del Estado.