La Policía investigó durante dos años al dirigente del PNV Gorka Aguirre por mediar con ETA

El dirigente peneuvista Gorka Aguirre, fallecido el año pasado, fue investigado por la Policía entre 2004 y 2006 por su relación con la red de extorsión de ETA que operaba a través del bar Faisán (Irún). Aguirre hacía de intermediario con la banda en representación de empresarios vizcaínos próximos al partido que habían recibido cartas exigiéndoles el pago de chantajes, según consta en un amplio informe elaborado entonces por los servicios antiterroristas. Aguirre iba a ser detenido por este motivo el día en que un 'chivatazo' frustró la operación contra la red de extorsión etarra.

El documento dice textualmente así: “La relación de Gorka Aguirre con los integrantes de la red de extorsión no es reciente y puntual, habiéndose comprobado su existencia desde 2004, lo que determina una relación estable y preconcebida, enfocada a canalizar y articular las vías de contacto y los procesos de negociación de los empresarios de la órbita del PNV con los responsables de la red para materializar los pagos exigidos”.

El informe de la Policía recoge contactos de Aguirre con los miembros de la trama según el siguiente modus operandi: el etarra José Antonio Cau, residente en Francia, entregaba a Elosua una lista de empresarios de Vizcaya extorsionados que éste hacía llegar al dirigente peneuvista para que mediara en los pagos. A esta conclusión llegaron los investigadores gracias a las intervenciones telefónicas a que estaban sometidos los teléfonos del propietario del Faisán. En una de ellas, Elosua comunicó a Aguirre que el máximo responsable de la red de extorsión, el etarra Ángel Iturbe, quería reunirse con él en Francia. Reunión que finalmente no se celebró.

Los investigadores interceptaron también una llamada de Xabier Arzallus el 18 de abril de 2006 al móvil de Aguirre, que también tenían '`pinchado', en el que le comunicaba extrañado que un amigo suyo (JoséLuis) había recibido una carta de extorsión en la que le pedían los 5 millones de pesetas que tenía pendientes de pagar, de un chantaje de 20, pese a que ETA había decretado para entonces un “alto el fuego permanente”. Aguirre trasladó al ex presidente del PNV que dichas cartas correspondían a peticiones sobre compromisos adquiridos anteriormente.

Ese mismo día por la noche la Policía intervino otra llamada entre Gorka Aguirre y Joseba Elosua en la que éste le confirmó que la red de extorsión paralizaba sus actividades como consecuencia de la tregua y le pidió que le informara si detectaba nuevas cartas, que podrían ser obra de un grupo incontrolado de la banda en desacuerdo con el proceso de paz.

Gorka Aguirre saliendo del Bar Faisán en compañía de Joseba Elosua.

Se activa la operación contra el Faisán

Finalmente, el 2 de mayo de 2006 los investigadores ‘pincharon’ una llamada desde el Faisán en la que Elosua citaba a Aguirre para el día siguiente para que le entregara el dinero de una extorsión pendiente. La cita tuvo lugar en la sidrería Eguiluce, de la localidad guipuzcoana de Rentería, y a la misma asisten ambos y el también miembro de la red Ramón Sagarzazu “Xenpe”. El informe policial sostiene que el dirigente peneuvista había recibido nueve millones de pesetas de un empresario afín al PNV, correspondiente a una petición de “impuesto revolucionario” de marzo de 2006, que habría entregado en dicha cita. Este pago decidió a los investigadores a desmantelar la red al día siguiente, aprovechando que el etarra José Ramón Cau iba a viajar desde Francia para hacerse cargo del dinero. El ‘chivatazo’ frustró la operación y evitó, entre otras cosas, la detención de Aguirre.

La red fue desmantelada un mes más tarde, y aunque el dirigente peneuvista no fue detenido tuvo que depositar una fianza de 30.000 euros para permanecer en libertad tras seri nterrogado por el juez Fernando Grande-Marlaska como imputado. El juez Baltasar Garzón rebajó posteriormente la fianza a 12.000 euros. Dos años después, el 16 de mayo de 2008, Gorka Aguirre compareció ante Garzón para revisar su situación procesal y aseguró al magistrado que "jamás" actuó como mediador de ETA en el pago del "impuesto revolucionario" ni negoció con la banda armada, y recalcó que "siempre" recomendó "hacer frente al chantaje etarra". Garzón retiró la imputación el 24 de octubre de 2008.