El modelo de Estado Autonómico cuesta a los españoles el 2,3% del PIB

El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) que lidera Rosa Díez se ha atrevido a arrojar luz sobre uno de los grandes misterios del modelo de Estado autonómico, como es el de revelar cuál es el coste real de una Administración tan descentralizada y con enormes duplicidades, redundancias y excesos. Un asunto opaco y casi tabú que, según un extenso informe elaborado por la formación, cuesta anualmente entre el 0,7 y el 2,3% del PIB nacional.

 

El mapa autonómico español, dividido en 17 comunidades y en dos ciudades autónomas, ha degenerado en una administración tremendamente costosa para el ciudadano y que, según revela el estudio de UPyD, incurre en numerosas duplicidades que no solo incrementan su coste, sino que tampoco demuestran realmente su eficiencia. Es más, según el informe, si las comunidades mejorasen sus prácticas de gestión y siguiesen el modelo marcado por las autonomías más eficientes, se ahorrarían, como mínimo, hasta 24.000 millones de euros al año. Es la cantidad que, por ejemplo, se gastaron de forma no justificada las comunidades más eficientes en gasto de personal (Murcia, País Vasco y Cataluña)  y en gasto ordinario (Murcia, Andalucía y Castilla y León). Esos 24.000 millones de ahorro equivalen, por ejemplo, a lo que el Estado tiene que pagar en deuda pública para 2010.

Y es que, los desmanes, despilfarros y gastos superfluos son a veces muy llamativos, fruto de una tendencia cada vez mayor a crear organismos que ya pre-existían a nivel estatal. Defensores del pueblo, Cámaras o sindicaturas de Cuentas, defensores del menor, consejos consultivos, institutos de estadística, consejos de consumo, agencias de protección de datos como las que ya existen en Cataluña, Madrid o País Vasco, embajadas autonómicas en el exterior, institutos de Meteorología, un sinfín de observatorios de muy variado pelaje... Un continuo suma y sigue. “La pregunta que nadie quiere hacerse”, explicó Rosa Díez, “es si este modelo que no ha generado más igualdad entre los ciudadanos es realmente más útil y más eficiente. Tal y como se ha desarrollado el sistema, ¿es bueno para el ciudadano o el coste es excesivo?” La respuesta, en su opinión, es tajante: “No es eficiente, ni bueno para el ciudadano”.

Un coste que está creando un sistema “parasitario” que está generando “gravísimos” daños económicos que prolongarán y dificultarán la salida de la recesión, según apuntó  Carlos Martínez Gorriarán, responsable de Programa y Acción Política del partido.

UPyD no cuestiona, por ejemplo, la existencia del Parlamento de Cataluña, pero si su excesivo coste. La cámara cuenta con 135 diputados para una población de poco más de 7 millones de personas y con un presupuesto, en 2009, de 68,3 millones de euros. Mientras, el Congreso de los Diputados, 350 escaños para una población de 46 millones, gestiona un presupuesto de 98 millones. Así el gasto medio por un diputado en el Congreso se eleva a 280.000 euros, mientras que el del un diputado del Parlament alcanza los 505.926.

Más ejemplos: la ingente cantidad de páginas que se publican cada día en los diferentes Boletines Oficiales que aún no han dado el paso a la vía electrónica. En 1978, se publicaban en España 50.000 páginas en los diferentes Boletines de todos los niveles de la Administración. Hoy en día, esa cifra ha crecido hasta las 800.000 páginas diarias. Otro tanto ocurre con las televisiones autonómicas y locales surgidas en cada autonomía. Según destaca UPyD, se dan casos “de no uno, sino dos y hasta tres canales autonómicos de televisión, sin contar los locales”. Como ya puso de manifiesto un informa de la consultora Deloitte, en 2008 el déficit de las televisiones públicas autonómicas se elevó hasta los 1.600 millones de euros.

El partido se pregunta si es lógico que las comunidades autónomas ya empleen a la mitad de los funcionarios de España, mientras que solo gestionan el 35% del Presupuesto. En este sentido, el estudio pone negro sobre blanco el incremento espectacular de empleados públicos en las comunidades autónomas. Desde 1990, la función pública en toda España ha aumentado en 500.000 personas. En estas dos décadas, el número de funcionarios ha crecido en Cataluña en 66.000 personas; 51.000 en la Comunidad Valenciana y 166.636 en Madrid.