La banda de Correa invirtió en ‘ladrillo’ el dinero blanqueado en paraísos fiscales

La trama Gürtel desarrolló un complejo sistema para esconder y blanquear las importantes sumas de dinero obtenidas durante años de comisiones y pagos en negro. El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario desvela cómo Francisco Correa continuó dirigiendo esta estrategia desde la cárcel gracias a personas de su entorno. Su chofer Andrés Bernabé y el abogado Carlos Pardo se habrían encargado de “ejecutar las directrices marcadas” por Don Vito.

Las escuchas en prisión ordenadas por Baltasar Garzón, que recientemente han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, revelaron cómo Correa y su acólito Pablo Crespo (ex secretario de Organización del PP gallego) contaron con la colaboración de los abogados Manuel Delgado Solís y Juan Antonio López Rubal para proteger “el patrimonio de la organización tanto dentro de España, como de las posiciones bancarias en el exterior”. Un proceso en el que juega un papel clave José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.

El informe policial explica la eficacia con que la trama diseñó el circuito de blanqueo: “La organización de Correa ha diseñado una estructura de circulación de los fondos hacia el exterior que le permiten desvincularlos de su origen ilícito, reintroducirlos de nuevo en España y reinventarlos en bienes de naturaleza inmobiliaria preferentemente”.  Para ello, constituyeron sociedades en territorios offshore como las Antillas Holandesas o las Islas del Canal, cuya propiedad se repartió mediante acciones al portador. Y, según la Policía, nada limita su capacidad para “ser prestadoras o prestamistas de fondos, titulares de propiedades o derechos sobre éstas, o incluso promotoras o constructoras de complejos urbanísticos”.

Para dar salida a los fondos obtenidos de forma irregular desde España, la trama utilizó los servicios de Eduardo Eraso Campuzano, quien recibía entregas de cientos de miles de euros para hacerlas llegar a las sociedades en el extranjero, y por lo que obtenía una comisión del 1%. Así queda reflejado en la “contabilidad B” recogida en el pendrive intervenido al contable de la trama, José Luis Izquierdo.

En estos documentos se observa cómo la sociedad Rustfield, de la entidad financiera Barclays, “se alimenta con  aportaciones de las sociedades ubicadas en territorios offshore como Windrate o Awberrry License, o bien a través de las remeses que envía Eduardo Eraso, y se destina a la ampliación de capital de las sociedades patrimoniales Kintimani, Caroki o Proyedicon”.  Esta última, por ejemplo, fue constituida para la adquisición, explotación, enajenación, urbanización, parcelación y construcción de edificios de toda clase.

Inversiones inmobiliarias y financieras

El proceso de blanqueo prosigue con la reintroducción de esos capitales en España, a través de la ampliación de capital de las sociedades patrimoniales. El dinero para esta operación procede las matrices ubicadas en paraísos fiscales, pero pasa primero por las sociedades accionistas ubicadas en Reino Unido y Países Bajos. Dichas sociedades patrimoniales se gestionaban desde el despacho de Blanco Balín, quien destinaba el dinero recibido a la inversión directa en bienes de naturaleza mobiliaria e inmobiliaria. Y es que, como recuerda la investigación, el sector inmobiliario está tradicionalmente ligado a actividades de generación y ocultación de capitales de origen fiscalmente ilícito.

No obstante,  la trama no retomaba todos los capitales de los que disponía en el exterior, sino que mantenía posiciones bancarias para llevar a cabo inversiones inmobiliarias directas e inversiones financieras que le permitieran atender las necesidades de los miembros de la red corrupta. De acuerdo con el sumario, “las posiciones bancarias se concretan en entidades financieras con sede en Miami, Ginebra, Londres, Ámsterdam, Antillas Holandesas, Islas del Canal y Mónaco.

Además, la documentación intervenida en la caja de seguridad que Pablo Crespo mantenía en la sucursal de Caja Madrid de la madrileña calle Velázquez constata que la organización disponía de dos bróker: Arturo Giancarlo Fasana, alias Fafa, ubicado en Ginebra; y Randall Lew Caruso Reynaldo, alias Randy,  asentado en Nueva York. Asimismo, la trama disponía de una persona de confianza para manejar los fondos en el exterior: Guillermo Martínez Lluch, director de la agencia financiera Bancaja en Miami.

Fasana, a través de la posición Golden Chain Properties, de la entidad Credit Suisse, llegó a gestionar 6,5 millones de euros, mientras que Randy Caruso, a través del fondo Almenara, de Merry Lynch, hizo lo propio con otros 6 millones. Por otra parte, en el pendrive intervenido en otro piso de seguridad de la trama en Madrid, en la calle Martínez Campos, se halló un resumen global de las posiciones en el exterior por valor de 10,7 millones. Este registro desveló también la existencia de  un archivo denominado “FAFA.xls” donde constan ampliaciones de capital por valor de 1,8 millones o envíos de 450.000 euros a las obras de una casa en Ibiza.