De la Vega planta cara a Salgado y la obliga a subir el sueldo a los funcionarios

Los funcionarios pueden, por ahora, respirar tranquilos: recuperarán su poder adquisitivo, pero a costa de abrir una nueva brecha en la credibilidad y la cohesión del Gobierno. En menos de 24 horas, el Ministerio de Economía que dirige Elena Salgado ha pasado de anunciar la congelación de la subida salarial de los empleados públicos a dar marcha atrás y asegurar que sus sueldos crecerán según lo pactado el pasado mes de septiembre entre los sindicatos y María Teresa Fernández de la Vega. Ésta se enfrentó ayer a la vicepresidenta económica para forzarla a rectificar y no quedar desautorizada ante las centrales sindicales. Y ganó la partida.

Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda y mano derecha de Salgado, anunció el miércoles que el plan de austeridad del Gobierno, que pretende ahorrar un 4% en gastos de personal hasta 2013, también iba a suponer sacrificios para el colectivo de funcionarios. Y aseguró que el acuerdo sellado por De la Vega con los sindicatos hace cinco meses para garantizar que los empleados públicos recuperarán el poder adquisitivo perdido en los últimos años iba a ser "revisado" con el fin de "hacerlo coherente con los objetivos del Gobierno". Dicho de otra forma: que el compromiso adquirido por De la Vega con los representantes sindicales era papel mojado.

Ese acuerdo, firmado el pasado 25 de septiembre por el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, prevé una subida salarial inicial del 0,3% para más de 2,6 millones de funcionarios de todas las administraciones públicas, de forma que a partir de 2012 el colectivo haya recuperado su poder adquisitivo. Pero Ocaña arrojó el miércoles un jarro de agua helada sobre esas previsiones, al afirmar que habría que poner de nuevo "sobre la mesa" el acuerdo si se quiere reducir un 4% el coste que representa el salario de los funcionarios -120.000 millones de euros anuales- y contener el déficit público.

Nuevo desaire a De la Vega

De la Vega, marginada del equipo negociador elegido la semana pasada por José Luis Rodríguez Zapatero para buscar un pacto anticrisis con la oposición, montó en cólera cuando conoció el anuncio de Ocaña, del que no había sido previamente informada. Y para impedir que ese nuevo desaire socavase aún más su dañada autoridad, exigió a Salgado -cuyas relaciones nunca han sido buenas- que diese marcha atrás. La vicepresidenta segunda, después de consultar con Zapatero, tuvo que tragarse el sapo. Y a media mañana de ayer, tras la primera ronda negociadora con todos los partidos para explorar medidas de impulso de la economía, Salgado dijo públicamente que el acuerdo con los sindicatos se respetará "absolutamente" y que el salario de los funcionarios "no se va a tocar".

Tras la rectificación de la vicepresidenta económica, De la Vega descolgó el teléfono y llamó a los desconcertados líderes sindicales para tranquilizarles y, al mismo tiempo, reafirmar su autoridad. Domingo Fernández, presidente nacional de la central CSI-CSIF, reveló poco después que la vicepresidenta primera le había "garantizado" el cumplimiento del acuerdo salarial. 

Era el enésimo bandazo del Ejecutivo en los últimos meses, salpicados de errores, descoordinación y rectificaciones sobre la marcha de las medidas económicas -y no sólo económicas- planteadas por Zapatero y sus ministros. Primero fue el anuncio de una "amplia reforma laboral" que el cuestionado ministro de trabajo, Celestino Corbacho, hizo a finales de enero, después de que Zapatero repitiese hasta la saciedad en 2009 que esa reforma era "innecesaria". Poco después era el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años, impuesto por Zapatero y Salgado en contra de la opinión del propio Corbacho. A continuación le llegó el turno al periodo de cálculo de las pensiones, que Economía quería alargar de 15 a 25 años pero que, ante la dura respuesta sindical, finalmente optó por no modificar. Y ahora -de momento la última pifia- el sueldo de los funcionarios.

Pero no han sido ésas, ni mucho menos, las únicas contradicciones en las que ha incurrido el Gobierno. Desde que arrancó la presente legislatura, hace apenas dos años, Zapatero ya ha desautorizado a más de la mitad de sus ministros, y unos cuantos más están prácticamente desaparecidos de la escena política. Episodios tan recientes como la fallida ley antidescargas en internet, las torpezas cometidas en el caso Aminatu Haidar, la marcha atrás en los planes de retirar los crucifijos en los colegios, los desaires a Zapatero del presidente estadounidense, Barak Obama, o los continuos reveses y sinsabores de una idealizada Presidencia española de la UE han puesto de manifiesto las grandes dosis de improvisación y falta de coordinación del Ejecutivo.