GARZÓN ABRE OTRA PIEZA SEPARADA SECRETA

El número de teléfono 6481XX190 vincula el 'chivatazo' a ETA con la negociación con la banda

El número de móvil 648 1XX190 (El Confidencial omite intencionadamente dos números) es el nexo de unión entre el chivatazo y la negociación del Gobierno con

Foto: El número de teléfono 6481XX190 vincula el 'chivatazo' a ETA con la negociación con la banda
El número de teléfono 6481XX190 vincula el 'chivatazo' a ETA con la negociación con la banda

El número de móvil 648 1XX190 (El Confidencial omite intencionadamente dos números) es el nexo de unión entre el chivatazo y la negociación del Gobierno con ETA. Uno de los interlocutores de la banda, el etarra Jon Iurrebaso, detenido en Francia el 29 de marzo de 2007 cuando acudía a una reunión con los portavoces oficiales, declaró a la jueza antiterrorista Laurence Levert que el citado teléfono le fue facilitado en un encuentro anterior por uno de los interlocutores del Gobierno para que lo utilizara como salvoconducto si tenía algún problema. El número en cuestión, una tarjeta prepago de Movistar activada el 16 de febrero de 2006, era utilizado por el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, uno de los tres imputados por el chivatazo.

El recurso al teléfono en cuestión no sólo no le sirvió de nada a Iurrebaso, que fue encarcelado, sino que se convirtió en un problema para el Gobierno. La jueza Levert cursó fechas después una Comisión Rogatoria Internacional (CRI), número 21/2007, para que la Audiencia Nacional le informara del titular del citado móvil y de si las manifestaciones del etarra sobre la existencia de conversaciones entre el Gobierno y ETA eran ciertas.

La CRI tuvo entrada en la Audiencia Nacional cuando se encontraba de guardia el magistrado Fernando Grande-Marlaska, que intentó sin éxito hacerse cargo de la causa, que finalmente envió a reparto. La investigación le correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 6, al frente del que entonces se encontraba el juez Juan del Olmo, que abrió las diligencias previas 163/07. Fuentes del Ministerio del Interior manifestaron a este diario que el magistrado telefoneó al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba para ponerle al tanto de los requerimientos de la jueza francesa.

‘Batalla’ entre Garzón y Del Olmo

En ese momento entró en juego el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que reclamó la CRI alegando que junto a Iurresaso fue detenido el también etarra Kepa Suárez, contra el que tenía emitida una orden de busca y captura internacional. Del Olmo se negó en dos ocasiones (18 de junio y 10 de julio de 2007) a traspasar la causa a su compañero. Incluso el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (compuesto por 15 magistrados y el presidente de la sala, Javier Gómez Bermúdez), acordó por unanimidad dejar sin efecto la cuestión de competencia planteada por Garzón y resolvió que fuese Del Olmo quien continuara la investigación. Días después, de manera sorprendente, Del Olmo accedió a trasladar la causa a su compañero después de que éste ampliara los razonamientos por los que la reclamaba. Unos razonamientos que, a día de hoy, se desconocen.

Mientras tenía lugar esta “batalla” entre los dos magistrados, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, remitió a Del Olmo un oficio contestando a las cuestiones planteadas por la juez Levert, que el juez remitió a su vez a la magistrada francesa. La respuesta del Ministerio del Interior a la CRI de Levert no ha trascendido, aunque para entonces el departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba sabía que el 648 1XX190 correspondía a una tarjeta prepago de Movistar que utilizaba Víctor García Hidalgo, director general de la Policía. Un dato que también conocía Garzón, ya que dicho teléfono aparecía en las  investigaciones del chivatazo a ETA, concretamente en el informe policial número 367, de 23 de enero de 2007, que obraba en su poder.

Baltasar Garzón mantenía entonces secreta la pieza separada 86/98 para identificar a las personas que el 4 de mayo de 2006 alertaron a Joseba Elosua, propietario del bar El Faisán, sede de una red de extorsión de ETA, de una inminente operación policial contra la misma. Por esta causa están imputados Víctor García Hidalgo; Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco y el inspector, hoy comisario, José María B., destinado en Vitoria cuando ocurrieron los hechos. Este diario informó en exclusiva durante el pasado mes de noviembre de las investigaciones policiales sobre este caso que mantienen imputados a altos cargos de Interior como presuntos autores del chivatazo.  

Tres informes secretos

El pasado 2 de octubre Garzón levantó el secreto del sumario del chivatazo, que había prolongado durante más de tres años, para dar traslado a las acusaciones después de que el fiscal reclamara el archivo de la causa. Desde entonces ha rechazado la práctica totalidad de las diligencias solicitadas por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, tiene pendiente de resolver los recursos contra su decisión y, de fondo, si archiva como pide el sumario o continúa investigando, como reclaman las acusaciones. El magistrado ha segregado de esta causa tres informes policiales que hacen referencia exclusiva al 6481XX190, con los que ha abierto una pieza separada secreta a la que ha incorporado la CRI de la jueza Levert y la contestación del Ministerio del Interior a la misma. Conocer su contenido puede dar un vuelco a la investigación.

 

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